Confidencial
EL GOBIERNO se da mas plazo para resolver SOBRE CECAN
La Administración autonómica ha dejado agotar el plazo de seis meses que tenía para contestar el recurso presentado por la patronal Cecan en el que reivindicaba su representatividad para estar presente en la Mesa de Concertación, y ha pedido precisiones sobre los documentos. Por tanto, se abre un nuevo plazo y no se producirá la decisión inminente que presumíamos en el último número.
En el interior de Cecan, por otra parte, algunas sectoriales, como Pymetal, ya tienen las espadas en alto y no están dispuestas a dar por terminada la batalla en el caso de que el recurso sea finalmente desestimado por la vicepresidenta regional y consejera de Trabajo. Están convencidos de que en la vía judicial conseguirán que se reconozca su representatividad en el momento en que el juez solicite a la Seguridad Social la documentación de sus empresas afiliadas, lo que deberá demostrar fehacientemente si, como dice Cecan, supera la representación del 15% exigida, tanto en el número de empresas afiliadas (asegura tener 4.000), como en el de trabajadores que prestan sus servicios en estas compañías.
UNa jornada cara en la que había que estar
Unidad Editorial, la empresa que edita los periódicos Expansión y El Mundo, estuvo muy ágil para hacer negocio con el Plan Eólico de Cantabria. A la vista del interés que suscita entre las empresas un concurso de semejante cuantía, decidió organizar en el Hotel Real de Santander un acto en el que se iban a analizar los pliegos del concurso, las implicaciones para el sector industrial y las posibilidades de evacuar la energía o la financiación de los proyectos. A pesar de que estaba cofinanciado por el Gobierno de Cantabria, la multinacional Vestas y la eléctrica portuguesa EDP Renovables, los organizadores habían cobrado la inscripción a 1.450 euros por persona y, aunque no se han visto nunca precios semejantes por asistir a una conferencia en Cantabria no habían errado en sus cálculos, ya que ninguna de las empresas interesadas dejaría de reservar plaza, no tanto para escuchar la opinión de los ponentes como por estar cerca de quienes van a decidir, es decir, de los miembros del Gobierno. Pero el Ejecutivo cántabro se lo pensó mejor, al valorar la oportunidad de este acto en mitad del concurso y la jornada, finalmente, fue suspendida. Por cierto, Industria se ha visto obligado a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta finales de septiembre, al detectar algunos errores en las coordenadas de los emplazamientos cuando se publicó la convocatoria.
LA CROTU SE QUEDA SIN TRABAJO
La resistencia de los ayuntamientos a adaptar sus planes de urbanismo a la Ley del Suelo está dejando a la Comisión Regional de Urbanismo, la famosa CROTU, casi sin trabajo. La reunión del pasado 25 de junio se celebró sin ningún punto en el orden del día lo que demuestra que, lejos de estar colapsada, como se ha llegado a afirmar, la lentitud en la puesta al día de los planeamientos urbanísticos es un problema achacable exclusivamente a los propios ayuntamientos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha rebajado las pretensiones de muchos alcaldes de hacer urbanizable buena parte de su territorio y ha aliviado la presión de vecinos y promotores, pero no por eso se ha agilizado el proceso de aprobación de los nuevos planes de urbanismo. Desde que comenzó la legislatura tan solo se han aprobado cinco, uno de ellos este mismo año. Aunque la previsión de la Comisión Regional de Urbanismo es que para 2011 se alcance la veintena de planes, la cifra seguirá estando muy lejos de lo deseable, teniendo en cuenta que en Cantabria hay 102 ayuntamientos.
Hasta la fecha hay 13 planes aprobados inicialmente y 39 en proceso de tramitación ambiental. Uno de los más avanzados es el PGOU de Santander del que sólo queda por concretar el proyecto de reunificación de las Estaciones y la zona fronteriza con los terrenos portuarios, cuestiones en las que deberá ponerse de acuerdo con Fomento y con el Puerto de Santander.
La CROTU no ve ningún otro problema en el contenido del Plan tras su última modificación, en la que se ha rebajado sustancialmente el número de viviendas previstas y se ha ampliado el suelo industrial, y confía en que pueda ser aprobado a finales de año o a principios de 2010.
