El mercado eléctrico se abre para todas las industrias

El comienzo, hace tan sólo dos años, del proceso de apertura del mercado eléctrico español ha servido para poner en evidencia la distancia que separa las palabras de los hechos cuando se habla de liberalización, sobre todo si se hace para describir un sector controlado por dos compañías –Endesa e Iberdrola– que producen el 90% de la energía española.
En lo que se ha avanzado más ha sido en la desregulación de la vertiente comercializadora. La última reforma del calendario pactado en 1997 con las compañías eléctricas a cambio de los polémicos costes de transición a la competencia (CTC), ha adelantado al 1 de julio del 2000 la posibilidad de que todos los clientes que reciben energía en alta tensión puedan acceder al mercado, abandonando, si lo desean, el régimen tarifario.
En una reciente disposición, el Gobierno acortaba, también, el plazo para que los consumidores domésticos y los pequeños negocios puedan elegir suministrador eléctrico. El nuevo horizonte temporal para que esto suceda se sitúa en el 2003, adelantando en cuatro años la fecha tope establecida por la directiva de la Unión Europea, aunque países como Gran Bretaña, Suecia y Alemania ya lo permiten.

El proceso de liberalización

Tras negociar con las compañías eléctricas las condiciones y contrapartidas del proceso de liberalización, en noviembre de 1997 se publicó la ley que iniciaba la desregulación de las actividades eléctricas. Se autorizaba la libre instalación empresarial, desaparecía el concepto de servicio público, se creaba un mercado mayorista de producción (el pool) y se regulaba el régimen de acceso de terceros a la red.
La novedad de esta regulación fue la creación, como actividad singularizada, de la comercialización de energía eléctrica. Las empresas reaccionaron rápidamente ante esta nueva posibilidad de negocio y en la actualidad existen cerca de 150 compañías autorizadas para vender energía en España, que han de obtener del pool de productores.
La ley establecía también la elegibilidad, es decir, la posibilidad de que los clientes que consumían más de 15 gigavatios/hora al año acudieran al mercado, directamente o a través de las comercializadoras. Pero, ante la sorpresa general, la inmensa mayoría de estos grandes consumidores prefirieron la protección del régimen tarifario a los escasos incentivos de la liberalización, lo que pronto puso en evidencia la mínima utilidad del nuevo marco legal para abrir el mercado.
Al iniciarse en 1998 sólo podían elegir 874 grandes consumidores, la mayoría de ellos empresas siderúrgicas y fábricas de gran dimensión, pero sólo un consumidor optó por realizar compras directas en el mercado mientras que 223 lo hicieron a través de un comercializador. Entre quienes eligieron esta segunda opción, 140 adquirieron toda su energía en el mercado, con un peaje medio de 3,24 ptas/kwh; se trataba de industrias (sobre todo plantas de montaje de automóviles) y consumidores del sector servicios (grandes superficies) con precios en tarifa entre 10 y 13 pts/kw/h. Las cementeras optaron también por recurrir a comercializadoras mediante contratos particularizados, pagando un peaje medio de 3,98 pesetas por kw/h.
El análisis realizado por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) de los resultados obtenidos en ese primer año de liberalización del sector, puso de manifiesto que el acceso al mercado fue mínimo ya que tan sólo se compró en él algo más del 2% de la energía potencialmente adquirible.
Para remediar estas carencias se llevaron a cabo algunos ajustes normativos que entraron en vigor en 1999. Entre las medidas que se adoptaron se encontraba el adelanto del calendario de liberalización. A partir del 1 de enero podrían elegir los consumidores de más de 5 gwh; en abril lo harían los que consumían más de 3; a partir de julio los de 2 gwh y en octubre los de 1. Este nuevo calendario vino acompañado de una reducción de tarifas (un 2,5% en 1999 y un 1% en el 2000 y en el 2001). Se rebajaron también las de acceso, con una estructura más racional, basada en la tarifa horaria de potencia, lo que se tradujo en una reducción entre un 25% y un 30% en relación a 1998, si bien sólo se modificaron las tarifas de los suministros en alta tensión. Por último, se llevó a cabo una reducción significativa de la garantía de potencia para los consumidores cualificados, que, de pagar 1,3 pesetas por kwh en este concepto que les garantiza el tener siempre cubiertas sus necesidades eléctricas, pasaron a pagar 0,3 pesetas por kwh.
La consecuencia del nuevo marco fue que, en 1999, más de 8.000 consumidores cualificados adquirieron en el mercado el 37% de la energía que se podía contratar en él, logrando unos precios inferiores en un 20% a los que pagaban en tarifa, entre 11 y 14 pesetas por kw/h. Sin embargo, 500 grandes consumidores –a los que corresponde más del 50% de la energía que se consume en España– prefirieron continuar bajo el régimen tarifario.
A finales del pasado año, alrededor de 120 de las empresas que podían salir de compras al mercado eran de Cantabria, pero de ellas sólo 12, el 10%, optaron por dejar Viesgo y contratar con otro suministrador, aunque la mayoría de las que se quedaron consiguieron mejorar sus condiciones y pasaron a ser tuteladas directamente por Endesa Energía, una filial creada por la empresa matriz para atender de una forma más personalizada a los grandes clientes.
Empresas como Global Steel Wire, la mayor consumidora de Cantabria, han optado por seguir con Endesa y el marco tarifario, aunque en momentos puntuales de bajos precios contratan directamente con el pool de la energía.
Como contrapartida a la aceptación de las medidas adicionales de liberalización, las compañías eléctricas fueron autorizadas por el Gobierno a convertir en liquidez los 1,3 billones de pesetas pactadas en 1997 con el Ministerio de Industria como costes de transición a la competencia y que debían recibir en los diez años siguientes; algo que las autoridades comunitarias han recurrido por entender que se trata de una subvención encubierta, aúnque eso no ha evitado que se hayan cobrado ya más de 300.000 millones de pesetas.

Nuevo adelanto del calendario

El proceso de apertura ha cobrado un nuevo impulso el pasado 1 de julio, al liberalizarse el acceso al mercado para todos los clientes de alta tensión. De esta forma, ya hay 65.000 consumidores eléctricos en España que pueden elegir, de los que 55.000 acaban de acceder a este derecho.
Los nuevos clientes cualificados pueden optar por continuar con el sistema tarifario que ya tenían o por acudir al precio del mercado. Para tomar una decisión sobre lo que más les conviene deben, en función del cálculo de su curva de carga, comparar los costes entre los precios diarios del mercado (a los que habrá que añadir los costes de peaje) y la tarifa. Si se deciden a acudir al mercado, pueden contratar directamente o hacerlo a través de una comercializadora, la opción más sencilla.
Para acogerse al sistema liberalizado, las empresas han de cambiar los sistemas de medición ya que es necesario disponer de contadores horarios que permitan hacer la liquidación de la energía consumida en cada franja horaria (cada una tiene un precio) así como los posible sobrecostes por desvío. Para evitar que el encarecimiento provocado por la instalación de estos nuevos equipos resulte mayor que el ahorro que se pretende conseguir acudiendo al mercado, se van a dictar nuevas normas con el fin de simplificarlos y abaratar su coste para aquellos consumidores que estén por debajo de los 750.000 kw/h de consumo anual.

Las limitaciones del sistema

A pesar de todas estas medidas, el objetivo de lograr una competencia real en el sector eléctrico que abarate de forma sensible el recibo de la luz sigue estando lejano. Según un estudio realizado hace un año por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en el que se compararon las tarifas españolas con las de otros 19 países, el precio que pagan los hogares españoles se sitúa entre los más caros del mundo industrializado, con un kw/h doméstico a 21 pesetas.
Las grandes industrias, para las que la energía es un factor primordial, continúan sin encontrar en el incipiente mercado eléctrico español los precios que precisan para ser más competitivas en Europa. Juan Carlos Sánchez Recio, director de la planta de Ferroatlántica en Boo de Guarnizo se queja de que en Francia los grandes consumidores de energía eléctrica se benefician de un precio cinco veces inferior al que tendrían que pagar en España y de que las siderúrgicas europeas tienen, trabajando las 24 horas del día, unos precios inferiores a los que se consiguen en España parando la producción durante las horas punta. De hecho, se da la paradoja de que habiendo dado comienzo hace dos años la liberalización del mercado eléctrico, entre febrero de 1999 y febrero del 2000 el pool de generación incrementó sus precios en un 40% en relación a la tarifa a la que pueden acogerse los grandes consumidores.

La opción de los agentes externos

Aunque la nueva regulación del mercado español ha animado a más de una decena de compañías eléctricas norteamericanas y europeas a establecerse en nuestro país, las posibilidades de alterar, al menos a medio plazo, la estructura del mercado español de generación son remotas ya que aunque se autorice a otros operadores a crear nuevas plantas, –como se ha hecho con las estadounidenses Enron y AES– tardarán años en entrar en funcionamiento. La opción mucho más radical de obligar a las compañías eléctricas españolas a vender algunas de sus centrales a terceros, ha sido rechazada por el Ministerio de Industria por entender que una medida así debilitaría a las eléctricas españolas que deberán competir en el mercado europeo con gigantes como la alemana RWE o la francesa EDF, que superan con mucho su tamaño. A lo más que se ha atrevido el Gobierno –ante la evidencia de que ninguna empresa ajena parece dispuesta a arriesgar inversiones en nuevas plantas de producción eléctrica– ha sido a prohibir a las compañías eléctricas que amplíen la potencia instalada, estableciendo una moratoria de cinco años para Endesa (que controla más del 70% de la potencia instalada) y de tres para Iberdrola (que controla más de un 20%).
Antes de adoptar el pasado mes de junio esta medida, el Gobierno había optado por autorizar la importación de electricidad, aunque sus efectos sobre el mercado se han visto limitados porque la insuficiente capacidad de interconexión con Europa convierte a España en una isla eléctrica –lo que se puede importar a través de Francia no supera el 4% de la energía que se produce en España–. Uno de los primeros consumidores de la energía extranjera puede ser la cántabra GSW que ya negocia con las compañías eléctricas de Francia y Holanda, ya que a pesar del coste de los muchos peajes que ha de pagar para traer la energía a Cantabria, el precio resulta competitivo. GSW tendría que importar esta energía durante la noche, cuando hay menos tráfico en la red internacional, pero eso no es un problema ya que la empresa cántabra funde tradicionalmente en horario nocturno y en los fines de semana.
Con estas pequeñas excepciones, la situación general se caracteriza por la negativa de los grandes consumidores a acudir a los precios del mercado liberalizado, que paradójicamente son superiores a los que tiene asegurados por tarifa. Sólo así puede entenderse que los clientes, supuestamente beneficiarios de la liberalización, vean con preocupación la posibilidad de que en un futuro desaparezca el régimen tarifario como consecuencia del avance en la liberalización del mercado.