Una pendiente demasiado larga
La cuesta que desde hace siete años trata de remontar el sector del transporte está resultando mucho más larga de lo que se preveía, por más que desde las grandes compañías, representadas en Aetrac, se augure una leve promesa de recuperación para este año, o que los autónomos vieran esperanzados el repunte de trabajo que se produjo en el primer trimestre del año y que luego no se ha confirmado.
Los datos reflejan una realidad demoledora: Más de 600 empresas de transporte han desaparecido en Cantabria desde que empezó la crisis en 2007 y el censo ha pasado de las 2.400 que había entonces a las 1.800 que resisten en la actualidad. Hay subsectores, como el de los camiones de obra pública, que prácticamente han desaparecido. La matriculación de vehículos industriales, que en España creció el pasado año un 2,4%, ha caído en Cantabria por séptimo año consecutivo, y esta vez un -9,3%.
La consecuencia de esta ausencia de inversiones en las empresas es la creciente antigüedad del parque de camiones. En Cantabria los vehículos rígidos ya tienen una media de 11,4 años y las cabezas tractoras de 7,8. Son los peores datos desde que en 1993 empezaron a hacerse estas estadísticas. Tampoco es bueno el balance económico del sector, que en 2013 movió casi un 10% menos, aunque su facturación bajase de una forma más moderada (un 3,5%) y se sitúa ahora en los niveles de 2001.
Ante este panorama, es destacable que el 89% de las empresas de transporte cántabras hayan mantenido el empleo y, más aún, que un 4,5% de ellas lo haya aumentado. Incluso se creó una nueva empresa en 2013.
Es cierto que Cantabria tardó algo más que otras comunidades españolas en acusar la crisis y que, en contrapartida, su recuperación está siendo más lenta que en el conjunto del país, pero la realidad del sector del transporte en una región que cuenta con algunas de las mayores compañías de España no invita al optimismo. Sobre todo si se tiene en cuenta que esta actividad es un indicador del dinamismo de la economía a la que sirve. En la eurozona, el 44% de las mercancías se transporta por carretera y en áreas como la fachada atlántica el porcentaje sube hasta el 83%.
Ayudas para la renovación del parque
Mientras la economía recobra el pulso y se recupera la actividad del sector, Aetrac, que representa a 227 empresas de Cantabria con un total de 2.367 vehículos, ha aprovechado su última asamblea para solicitar al Gobierno regional que ponga en marcha alguna iniciativa para ayudar a la renovación de un parque de vehículos que comienza a quedarse anticuado y a la formación de conductores. Peticiones compartidas por la asociación que representa en Cantabria a los autónomos y a los pequeños transportistas, Asemtrasan, aunque las preocupaciones de estos profesionales están más centradas en la amenaza que supone el nuevo régimen de concesión de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera que pretende aplicar Fomento a partir de enero.
Una amenaza para los autónomos
Los posibles cambios en la concesión de las tarjetas de transporte han despertado la alarma entre los autónomos, que ven cerrarse la posibilidad de acceder a esa actividad, por la inversión mínima que se exigiría a los recién llegados y la pérdida de valor patrimonial de las autorizaciones ya vigentes.
Según el proyecto de Fomento, para obtener la autorización de transporte de mercancías por carretera (la tarjeta) será imprescindible contar con al menos tres vehículos, dos de ellos con una antigüedad mínima de cinco meses. De ahí se deriva que, en la práctica, el que tenga una o dos tarjetas, cuyo precio en el mercado se sitúa actualmente entre los 22.000 y los 24.000 euros, y quiera desprenderse de ellas, verá notablemente reducido su valor, porque el adquirente necesitará un tercer vehículo y la tarjeta asociada.
Esta limitación afectaría también a los herederos, en caso de fallecimiento o jubilación del titular de la autorización, provocando una pérdida de empleo y la paulatina destrucción del sector, porque a los pequeños transportistas que se encontrasen en esa situación no podría sucederles nadie. Asemtrasan confía en que el Gobierno recapacite antes de imponer una reforma que no ha solicitado nadie.
No es la única amenaza que pesa sobre el autónomo. Les preocupa también la anunciada desaparición del régimen de módulos, que ya estaba limitado desde 2012 a quienes facturan menos de 300.000 euros al año. Ahora, el Ministerio de Hacienda anuncia su desaparición total en 2016, algo que las asociaciones de pequeños transportistas ven con incomodidad. Les gustaría que los módulos se mantuviese al menos para los autónomos con un solo vehículo, aunque el principio de tributar de acuerdo a los rendimientos reales sea irreprochable e impida que el IVA se utilice como ventaja competitiva.
Una propuesta de megatráiler
Otro de los caballos de batalla de los transportistas es el intento de las grandes industrias cargadoras de que se amplíen los pesos y dimensiones máximos de los vehículos. Los cargadores quieren que se autoricen megatráilers capaces de transportar 60 toneladas, que alcanzarían los 25 metros de longitud.
Cuesta imaginar semejante transatlántico circulando por las autovías europeas, y la propuesta ha sido calificada de disparate por los transportistas, pero el Gobierno central no ha llegado a descartarla. Las empresas cargadoras presionan, ya que así podrían abaratar el coste por tonelada transportada, si bien es cierto que los precios del transporte están congelados desde hace seis años. Para las empresas de camiones, en cambio, es un mal negocio, ya que les obligaría a nuevas y mayores inversiones para dotarse de ese tipo de vehículo.
La frustración del Puerto
Una de las razones que explican, según Asemtrasan, la caída de actividad de sus asociados en el segundo semestre del año ha sido la escasa actividad del Puerto de Santander.
El transporte de fertilizantes, carbón o grano, que son los graneles más habituales, se ha visto reducido de forma muy sustancial. El carbón que llega a la terminal con destino a Solvay se traslada en su totalidad por ferrocarril, y el que va a la central térmica de Guardo se reparte al 50% entre la carretera y el tren. Ese tráfico se originaba con la llegada al Puerto de Santander de un solo barco de 65.000 o 70.000 toneladas al año, y el último buque llegó en noviembre. El problema es que no parece que esa tradición se vaya a mantener, porque en mayo se desembarcaron en Gijón cerca de 65.000 toneladas de carbón con destino a la central térmica palentina.
Esta pérdida se agrava con la desaparición de otros tráficos, como los de Azucarera Ebro, que habitualmente movía a través del Puerto santanderino unas 120.000 toneladas anuales de azúcar y que a principios de este año se trasladaron a Bilbao. Desde Asemtrasan se teme que también desaparezcan los movimientos del azúcar de La Bañeza y Toro, que suponen otras 80.000 toneladas al año.
“Creo que deberían dar un impulso al Puerto y tratar de buscar otros tráficos” –señala el presidente de Asemtrasan José Vicente González– “porque el transporte de Cantabria no va a vivir del Mundial de Vela ni del Centro Botín”.
La denuncia de Competencia
Además de la falta de trabajo para sus asociados, sobre esta organización pende una grave amenaza, la posible sanción por parte de la Comisión Nacional de la Competencia por supuestas prácticas restrictivas en el reparto de las cargas que genera el Puerto.
Asemtrasan confía en que, de concretarse esa sanción, la Audiencia Nacional, la desestimará y que no les ocurrirá lo que recientemente le ha sucedido a Sintrabi, el Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia, al que la Audiencia le ha ratificado la multa de 4,6 millones de euros que les puso la Comisión Nacional de la Competencia por crear un cártel en el Puerto de Bilbao. Una sanción similar resultaría inasumible para la Asemtrasan y pondría en grave riesgo su continuidad.