Acaba la polémica, comienza el repaso

Entre el 15 de febrero y el 13 de marzo (el día en que se decretó el confinamiento) hubo 25.811 positivos por Covid detectados en España. En el mes de julio ha habido algo más de 34.000 y nadie ha pedido un nuevo confinamiento, ni siquiera quienes tanto criticaron la tardanza del Gobierno en declarar el estado de alarma. Quizá nos estemos empezando a acostumbrar a convivir con el virus o tal vez estemos convencidos de que ahora es menos letal, porque en aquel mes previo a la declaración del estado de emergencia habían muerto 1.042 personas por la pandemia y en julio 47. Pero la enfermedad dista mucho de estar controlada y la aparición de numerosos rebrotes debería ser atajada de una forma más contundente de lo que se está haciendo, según la misma lógica que se impuso en marzo o abril, cuando todos los partidos exigían poner la salud por delante.

El que ahora nadie exija confinamientos masivos como entonces tiene mucho que ver con que la competencia ha quedado en manos de las autonomías, de forma que todos los partidos políticos están implicados en el problema. La otra razón es que ninguno de ellos se atreverá a interrumpir la temporada turística, por floja que resulte. Ya está demasiado oscuro el horizonte económico para el próximo otoño como para complicarlo aún más, volviendo a dejar sin trabajo a un sector que mueve el 13% del PIB anual español y que durante los meses de verano probablemente supere el 20%.

Hay más contagios diarios que cuando se decretó el confinamiento. Entonces se criticó la tardanza, ahora nadie lo pide

Algo bueno tiene todo ello: En primer lugar, la corresponsabilidad; ahora nadie puede seguir viendo los toros desde la barrera y limitarse a juzgar la faena. En segundo lugar, que se ha atemperado la crispación, que había provocado un clima social tan invivible como la propia enfermedad. En Suecia, donde la tasa de muertes por covid es de 58 fallecidos por cada 100.000 habitantes, solo un poco inferior a la de España (60,4), se acepta con una naturalidad desconcertante, y algo parecido ocurre en Bélgica, que tiene una tasa más alta (85).

El estado de opinión que se ha generalizado en España tampoco es justo con la realidad del país. Nada tiene que ver la gestión de enfermedad en Cantabria (37 muertos por cada 100.000 habitantes) con la de Madrid (127) o la de Castilla-La Mancha (149); incluso con la de una comunidad limítrofe a la nuestra, Castilla y León, con 117. Y no puede achacarse a que una menor densidad de población hace más fácil evitar los contagios en Cantabria que en Madrid, por ejemplo, porque en ese caso nada justificaría que las dos Castillas (muy escasamente pobladas) tuviesen las tasas de fallecidos más altas.

Estas realidades, incómodas para todos los partidos, no resuelven el problema pero han relajado la angustia social, que se ha colado en todas las casas como otro virus más, tanto en las afectadas por el coronavirus como las que no lo están. Bastante tenemos con la epidemia sanitaria y con la económica.

Que haya aflojado la polémica no puede significar que nos olvidemos de todo lo que ha salido mal. Es el momento de analizar seriamente lo que ha fallado y por qué, para mejorar la eficiencia de unas actuaciones que, a la vista de los números, no han funcionado bien. Pero resulta revelador que esa propuesta tan obvia no haya salido de ninguna formación política sino de un grupo de científicos.