La patronal de constructoras rechaza vetos en contratación pública y pide mejorar la prevención de corrupción

El presidente de la patronal de constructoras Seopan, Julián Núñez, ha rechazado que se produzcan vetos a las empresas de construcción e infraestructuras a la hora de contratar con la Administración Pública ante la existencia de indicios o investigaciones en casos de corrupción, pero sí ha apostado por mejorar la prevención.

«La solución no es vetar, de qué sirve vetar algo. Lo que hay que hacer es ver qué ha fallado en el sistema y cómo se pueden mejorar esos mecanismos de prevención», ha indicado el presidente de Seopan durante su intervención en el XLII seminario de economía organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

«¿Por un caso puntual o personal vamos a prohibir a una compañía con miles de trabajadores que pueda ejercer su derecho?», se ha preguntado Núñez.

El responsable de la patronal, en todo caso, ha recordado que la normativa española ya prevé sanciones y consecuencias en caso de que existan sentencias en firme. «Todo esto ya está recogido en la regulación, no hay que inventarse nada», ha resaltado.

Núñez ha defendido que el sector de la construcción es «modélico» y con profesionales «de primerísimo nivel», aunque ha aceptado que pueden producirse «casos puntuales y personales» de corrupción. «Estas informaciones, lógicamente, hacen daño», ha dicho.

El presidente de Seopan ha recordado que ya en 2017 presentaron un informe con una serie de propuestas entre las que se incluían mejoras para la transparencia en el sector y con apartados específicos de prevención de la corrupción.

«No hay nadie más interesado que nuestro sector en fomentar la transparencia y ser competitivos en base a la experiencia, la capacidad tecnológica y la buena gestión de nuestras empresas», ha remachado el máximo representante de la patronal que aglutina a las principales empresas de construcción e infraestructuras.

La semana pasada, Sumar, a través de Más Madrid, registró una proposición de ley en el Congreso con el caso Santos Cerdán como telón de fondo para incluir la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas y su veto temporal para recibir subvenciones, unido a la prohibición expresa de optar a concursos públicos si son condenadas formalmente.

La iniciativa plantea la modificación del artículo 33.7 del Código Penal, con la finalidad de permitir a los jueces instructores imponer esa inhabilitación temporal de una persona jurídica para contratar con la Administración pública o recibir subvenciones, desde el inicio de una causa penal.

Este miércoles, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, volvió a exigir al Gobierno medidas contra la corrupción y especialmente contra las empresas «corruptoras». «Al final, los nombres de los políticos cambian, pero los nombres de las constructoras nunca cambian desde hace 40 años. Así que hay que pararlo», remarcó, mostrando su deseo de que el Ejecutivo acceda a aplicar este tipo de medidas este mismo verano.