AEXCA pide una iniciativa en la Cámara en defensa de los subcontratistas
En el sector de la obra pública hay problemas cíclicos, como el de la falta de carga de trabajo, y problemas crónicos, como el de la morosidad en el pago a los subcontratistas. Y cuando ambos coinciden con la sequía de crédito que sufre la pequeña y mediana empresa en esta larga y penosa crisis económica, está servido el escenario para una tormenta perfecta como la que asola al sector. La gran obra pública ha desaparecido, al menos para lo que resta de legislatura, y la iniciativa privada sufre las consecuencias del descontrol inmobiliario de años atrás y pasará algún tiempo hasta que bancos y promotores estén en condiciones de relanzar el mercado de la vivienda. Ante este panorama, cabe al menos insistir en que se solucionen problemas que dependen de la voluntad política de quienes tiene capacidad para hacerlo, como ocurre en el caso –aparentemente resuelto tras las últimas modificaciones legales– de la morosidad en el pago a los subcontratistas. Porque no basta con establecer plazos y obligaciones si no se acompañan con un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento.
Mientras esto llega, se pueden seguir explorando los márgenes que deja el actual marco legal para corregir este problema. En el Parlamento Vasco el Grupo Popular presentó una propuesta que, tras algunas modificaciones, recibió el apoyo de otros grupos y AEXCA, la asociación que representa a los excavadores cántabros, pretende conseguir una iniciativa semejante en nuestro Parlamento regional y así se lo ha pedido a los grupos popular, regionalista y socialista.
La propuesta inicial de los populares vascos instaba al Ejecutivo a que en los pliegos de condiciones de las obras públicas se exigiese el pago a los subcontratistas como paso previo al cobro de las siguientes certificaciones de obra. Este planteamiento fue matizado por la portavoz del Grupo Socialista, recordando los estrechos márgenes que deja la Ley de Contratos del Estado. De hecho, en una consulta con un planteamiento similar realizada por el Ayuntamiento de Murcia, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado dictaminó en 2010 que la Administración no puede ejercitar directamente potestad alguna sobre la retribución del contratista ni establecer en los pliegos de condiciones cómo deben ser los pagos del adjudicatario al subcontratista. Por ello, la portavoz socialista aconsejaba limitar la petición al Ejecutivo al estudio de fórmulas que “sin violentar la Ley de Contratos, eviten el aprovechamiento indecente al que los grandes contratistas someten a los pequeños operadores económicos”. Una denuncia que apunta al negocio financiero que las grandes empresas consiguen con la política de retrasar el pago a los subcontratistas.
En el debate parlamentario se puso en evidencia que, aunque las administraciones vascas son mejores pagadores que las de otras comunidades, el dinero suele tardar mucho más en llegar a manos de quienes realmente están realizando la obra pública, porque las adjudicatarias lo retienen. En Euskadi el plazo medio de pago es de 37 días, mientras que en el resto de las comunidades autónomas es de 142 y en los ayuntamientos, de 170. A pesar de que la administración vasca cumple razonablemente con los plazos, hay empresas de esa comunidad que, tal y como denunciaban los populares vascos en su proposición inicial, pagan a sus subcontratistas de obra pública a 180 días.
Un proyecto de Directiva
Tanto Eusko Alkartasuna como el PNV se sumaron al propósito que animaba al Grupo Parlamentario Popular, aunque añadiendo algunos matices. Por ejemplo, se instaba al Gobierno Vasco a estudiar la posibilidad legal de pagar directamente a las empresas subcontratadas, cuando las adjudicatarias incurran en morosidad. Esta propuesta va en la dirección que marca una directiva comunitaria que está en estudio y que apunta la posibilidad del pago directo de las administraciones a los subcontratistas.
Otra de las pretensiones del PP era que se incorporase entre los criterios de adjudicación de una obra pública el compromiso de pagar a los subcontratistas en un plazo máximo de 30 días, de modo que su incumplimiento pueda ser considerado por la Administración como una infracción grave y un obstáculo para optar a sucesivos concursos.
En el curso del debate parlamentario no faltaron críticas a la iniciativa del PP, al recordarle que si realmente desea resolver el problema de la morosidad la vía más directa es proponerle al Gobierno de Mariano Rajoy la modificación de la legislación estatal básica para impedirla o desarrollar el régimen sancionador de la Ley de Morosidad, una carencia que ahora convierte esta norma en papel mojado.
Un consenso a imitar
La coincidencia general en el objetivo que perseguía la iniciativa popular, facilitó la consecución de un acuerdo sobre el contenido final de la proposición no de ley que se sometió a votación en el Parlamento Vasco el pasado mes de febrero. En ella se insta a su Gobierno, y se recomienda al resto de las administraciones públicas, a que, en el plazo máximo de seis meses, “analice la viabilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas”, así como “la posibilidad jurídica de que el incumplimiento de tales obligaciones pueda ser considerado como infracción grave a efectos de facultar a la resolución del contrato”. Se insta, por último a analizar “el margen legal para incluir en los contratos, en la línea apuntada por el proyecto de nueva directiva europea, el pago directo a las empresas subcontratistas en caso de mora del contratista principal.”
Con la convicción de que ese enfoque es perfectamente trasladable a nuestra comunidad, AEXCA ha remitido a todos los grupos parlamentarios cántabros tanto el contenido de la propuesta tramitada en la Cámara vasca como el diario de sesiones en el que se recoge el debate sobre esta recurrente cuestión del maltrato sistemático a los subcontratistas por parte de las grandes empresas. También se lo ha hecho llegar a la Delegación del Gobierno y a la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya presidencia ostenta el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.
La documentación se les envió el pasado mes de agosto y no parece haber suscitado gran curiosidad en sus destinatarios, porque tan solo uno, el Grupo Parlamentario Regionalista se ha dado por aludido con la propuesta de AEXCA de llevar al Parlamento cántabro el mismo debate que ha animado a los parlamentarios vascos a salir en defensa de los subcontratistas.
El PRC se ha mostrado no solo de acuerdo con la necesidad de tomar medidas para aliviar la situación de nuestros subcontratistas y garantizar el pago efectivo y puntual de sus facturas, sino que se plantea presentar esta iniciativa por su cuenta si no consigue el apoyo del resto de los grupos.
En cualquier caso, la propuesta está sobre la mesa y nadie puede darse por no enterado.
