CONSTRUCCIÓN: ¿Qué nos quedará?

La decisión de un importante proveedor de cemento de acudir al juzgado para exigir el concurso de acreedores de Ascan por no haber atendido un pagaré fue atajada rápidamente por la empresa con una maniobra de autoprotección, la solicitud de preconcurso, que le da cuatro meses de respiro para negociar con los bancos la refinanciación de la deuda. Ascán, afectada por la caída del mercado de obra pública, por la dura competencia en precios y por la enorme inversión realizada en el Puerto de Laredo, donde tiene inmovilizados casi 25 millones de euros de difícil rescate tras el concurso de acreedores de la gestora, es la última víctima de un rosario de suspensiones de pagos y quiebras que ha desmantelado un sector que hace solo cinco años era el paradigma del éxito.
Como en un juego de dominó, las piezas no dejan de caer en la construcción, y cada una se lleva, a su vez, un puñado de empresas menores que suelen participar como subcontratistas en todas o casi todas sus obras. Ascan, la más grande de todas las piezas del tablero, tiene fuerza y activos suficientes para sobrevivir, aunque tenga que replegarse a sus cuarteles de invierno, las filiales de servicios, que llevan la recogida de basuras y vidrio en decenas de municipios españoles. Otras no tendrán tanta suerte.

Un castillo de naipes

En un mes ha entrado en liquidación Cenavi, que gracias a la indemnización que aún debe cobrar del Gobierno por el derribo de la urbanización La Arena parecía tener visos de continuidad, aunque fuese en régimen de supervivencia; ha presentado el concurso de acreedores Arruti, que llevaba muchos meses tratando de evitar; también lo ha hecho la promotora ECC y ha presentado el preconcurso Ascan para evitar que una cementera llevase al juzgado un pagaré no atendido a su vencimiento.
Las cuatro, con la ya desaparecida Bolado eran bastiones de la construcción en Cantabria y sumaban cerca de 2.000 trabajadores dedicados a esta actividad. De todo el grupo de grandes empresas del sector, solo la torrelaveguense SIEC está superando la situación con relativa tranquilidad, probablemente por no haber sido seducida nunca por el negocio inmobiliario.
El sector de la construcción está acostumbrado a los ciclos. Sabe que, casi inevitablemente, tras seis o siete años de vacas gordas llegan tres o cuatro de vacas flacas, y no es la primera vez que pasa por una encrucijada difícil. En 1991, después de cuatro años de éxtasis en la obra pública con Juan Hormaechea, se produjo un parón tan radical como el que han sufrido en estos dos últimos años. En su segundo mandato, Hormaechea comprobó que ya no era posible conseguir más crédito bancario y menos aún sin pagar antes todo lo que había contratado en su primera legislatura sin partida presupuestaria ni procedimiento administrativo. En ese momento, las constructoras se encontraron con una plantilla y un parque de maquinaria completamente sobredimensionados y ni siquiera podían cobrar lo que se les adeudaba de los años anteriores.
Monobra, Ascan y Bolado pasaron serios apuros, sin obras y cobrando gota a gota lo atrasado. Tampoco lo pasaron mejor otras que habían crecido alrededor de aquella vorágine constructora de los años 88-90. Por otros motivos distintos –la anulación de la recalificación de los terrenos de Nueva Montaña– Cenavi llegó a una situación parecida. Y, encadenada a los problemas que atravesaban estas empresas a las que había prestado grandes cantidades de dinero, Caja Cantabria también pasó momentos difíciles.
La crisis duró cuatro años. De haber llegado al quinto es posible que varias de estas constructoras no hubiesen logrado sobrevivir. Ahora ha vuelto a ocurrir algo parecido. Los recursos propios que habían acumulado en el último ciclo largo de bonanza (1995-2007) ya se han consumido o están invertidos en activos sin ninguna liquidez (solares, instalaciones, maquinaria o edificios sin vender) y varias grandes compañías se encuentran sin fuerzas para llegar a una orilla, la de la salvación, de la que nadie sabe aún a qué distancia nos encontramos.

La diversificación no es suficiente

Todas las estrategias para diversificar el negocio y repartir los riesgos han sido voluntariosas pero insuficientes, porque es muy difícil que cualquiera de las actividades accesorias aporte una cifra de recursos comparable a los que deparaba tradicionalmente la actividad constructora.
La única baza que realmente podía conseguir ese volumen de ventas era la entrada en el negocio eólico, ya que una concesión de 200 megavatios puede aportar una facturación anual de unos 100 millones de euros. Pero la salida eólica se frustró. Con ella también hubiese llegado un gran volumen de trabajo, dado que el coste de instalación de cada molino es de aproximadamente un millón de euros y una parte significativa proviene de la obra civil que resulta necesaria.
Las concesiones de servicios públicos también son una fuente de negocio relevante y especialmente estratégica para las constructoras, al generar un flujo continuado de ingresos que resulta vital para atemperar las tensiones financieras que origina el estar sometido a cobros tan irregulares en el tiempo y en la cuantía como los que deparan las certificaciones de obra.
El Grupo Sadisa, propiedad de Santiago Díaz, ha sido especialmente diligente en esa política de diversificación, acumulando numerosas concesiones de recogida de basuras (la última de ellas en una zona de Madrid capital) y de aguas. No obstante, también en estos negocios tan atractivos para las constructoras empiezan a empeorar las condiciones. Los ayuntamientos han presionado para conseguir el mismo servicio por bastante menos dinero (para conseguir la renovación de la concesión de basuras en Santander, Ascan ha tenido que ofrecer la recogida por dos millones de euros menos) y los pagos de las administraciones públicas ya no son tan regulares. Por el contrario, en algunos ayuntamientos son absolutamente irregulares.
Todo ello contribuye a empeorar sensiblemente el negocio de unas constructoras que, además, han venido trabajando con un fuerte apalancamiento financiero. Un endeudamiento que los bancos propiciaban pero que ahora son reacios a mantener y la retirada de varios de los concurrentes al concurso de Valdecilla por no poder aportar el aval de 38 millones de euros que se requería es ilustrativo de las dificultades que están teniendo las constructoras en este terreno, incluidas las más grandes del sector.
La situación del Grupo Sadisa es saneada (cerró el ejercicio de 2012 con un beneficio neto de 3,3 millones de euros), y la de la propia Ascan (4,8 millones de beneficio). También es manejable la deuda de la constructora (29 millones de euros con bancos a largo plazo y otros 27 a corto), unas cantidades que se han venido reduciendo en los últimos años, si bien han sido sustituidas en parte por líneas de liquidez de otras empresas del grupo.
No obstante, los gastos financieros han aumentado sustancialmente en el último ejercicio y ya le suponen 4,4 millones de euros, una cuantía que se hace más pesada cuanto más se reduce el volumen de negocio, que ha caído en un 50% desde 2012 y que se reducirá aún más, dada la casi ausencia de licitaciones públicas en estos dos últimos años (las obras que ahora tendrían que haberse puesto en marcha).

Blindaje

El preconcurso es una maniobra de blindaje que presiona a los bancos para llegar a una reestructuración de la deuda, un proceso que empieza a ser habitual entre las grandes empresas, incapaces de digerir el endeudamiento que han acumulado.
También crea una indudable presión sobre el Gobierno cántabro, que ha propinado a la empresa dos golpes muy duros al rescindirle el contrato para la ejecución de la tercera fase de Valdecilla, en alianza con FCC y OHL, cuando quedaban unos cien millones de euros de obra por hacer, y al negarse a aceptar la cuenta de compensación que el Ejecutivo de Miguel Angel Revilla aprobó in extremis para resarcir a su filial Marina de Laredo por el sobrecoste del puerto.