Ni público ni privado

La deriva desde un sistema público de salud hacia un modelo en el que la empresa privada cobre más protagonismo va adquiriendo cada vez más velocidad, aunque no todas las comunidades lo hagan al mismo ritmo ni con idéntica profundidad. Frente al paso que se pretende dar en Madrid, y que tiene un precedente en la comunidad valenciana, de entregar varios hospitales públicos a la gestión privada, en Cantabria se ha optado por una solución más edulcorada, con la que se pretende además concluir de una vez por todas la inacabable obra del nuevo Hospital Valdecilla. No se privatizará la gestión de áreas estrictamente sanitarias o, dicho en palabras del gerente del Hospital, César Pascual, “no se va a externalizar la bata blanca”, pero sí se van a ofrecer a un solo proveedor todos los servicios que complementan esa actividad sanitaria y el funcionamiento del hospital, desde la limpieza hasta la informática o la lavandería, que desde hace tiempo ya vienen siendo prestados por empresas externas. Serán el caramelo que se ofrezca a la iniciativa privada que quiera hacerse cargo de la finalización de las obras de Valdecilla para rentabilizar una inversión que se calcula en nada menos que 102 millones de euros.

Una solución para una obra inacabable

Para poder aplicar esa fórmula, que conlleva la adjudicación del mantenimiento del edificio en régimen de concesión, ha sido preciso que el Gobierno se desvinculase de la UTE formada por Ascan, FCC y OHL, a la que se adjudicó la construcción de la última fase del renovado Hospital.
Después de un año de negociaciones con las tres empresas en busca de un acuerdo para, según el propio Pascual, “acabar la obra a un coste razonable”, el Gobierno sometió el contencioso a un dictamen del Consejo de Estado que acabó respaldando la tesis del Ejecutivo cántabro. Según ésta, el retraso no se debería a un problema de financiación sino de ejecución, imputable a quienes debían llevar a cabo las obras.
Obtenido el aval del Consejo de Estado, el Gobierno cántabro notificó a las empresas que integran la UTE la rescisión del contrato. Si prospera la tesis del Ejecutivo, será la primera vez que en España se rescinde un contrato de estas características sin tener que pagar una indemnización a las empresas. Lo único que restaría sería un peritaje para conocer la cantidad que se les adeuda por los últimos trabajos realizados.
Quedaba en pie el problema de fondo, la conclusión de unas obras que se iniciaron hace ya 13 años. Para ello, y ante la falta de recursos de la Administración, se ideó la aplicación de la misma fórmula de financiación estructurada que puso en marcha el Gobierno del PRC-PSOE para levantar otros edificios públicos, como el recientemente concluido en General Dávila. La financiación sería aportada por la empresa privada que se hiciera cargo de la obra y, a cambio, se le otorgaría una concesión para su mantenimiento durante 20 años, cobrando un canon anual.
Para hacer más atractiva la propuesta, se le adjudicarán, cuando concluya su vigencia, hasta 38 contratos que corresponden a 13 servicios que ya vienen siendo prestados por empresas externas (limpieza, seguridad, restauración, gestión de basuras, jardinería, transporte interno no sanitario, informática, archivo, lavandería, almacenes, mantenimiento de equipos y multimedia).
Estos contratos suponen unos 30 millones de euros, y a ellos se sumarán, progresivamente, la concesión del aparcamiento sur, las máquinas expendedoras y el canal de ocio y televisión.
Lo único que no se incluirá es el centro comercial con su aparcamiento, ya que la concesión fue hecha por el Gobierno de Juan Hormaechea a 50 años y aún quedan 30 para que finalice.
A cambio de la explotación de todos estos servicios, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir el coste de la conclusión de Valdecilla, cifrado por la Administración cántabra en 60 millones y otros 20 de equipamiento, a los que habría que sumar el IVA. En total 102 millones de euros, una cantidad que no está al alcance de muchos grupos empresariales.
Si los planes del Ejecutivo se cumplen, las obras podrían ser adjudicadas antes del verano y el nuevo Hospital Valdecilla sería una realidad plena en 2015.

Una fórmula bajo sospecha

La decisión del Gobierno cántabro de recurrir a la fórmula de la concesión para concluir las obras genera algunas suspicacias e incertidumbres, como las que ha expresado la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En su opinión, Valdecilla se aprestaría a seguir el mismo camino que se inició en Madrid hace cuatro años al aplicar la misma fórmula utilizada en los hospitales cuya gestión se quiere ahora privatizar. Según sus cálculos, con el sistema de canon previsto y la explotación de los servicios no sanitarios, la privatización del edificio que falta en Valdecilla le costará a los cántabros tres veces más que si se hiciese con fondos públicos. A eso hay que sumarle, apuntan, la incertidumbre en cuanto a la calidad de los servicios que debe aportar la empresa concesionaria y la inseguridad para los trabajadores que actualmente prestan esos servicios.
No obstante, para el común de los ciudadanos, la barrera entre lo público y lo privado no está en quién preste esos servicios complementarios sino en los propiamente sanitarios. Y, por el momento, el Gobierno cántabro no tiene mayor interés en llegar tan lejos. Privatizar a los trabajadores de bata blanca es demasiado conflictivo, como se está viendo en Madrid.

El malestar de la sanidad privada

Para las empresas de sanidad privadas este crispado debate sobre el modelo sanitario y los riesgos que supondría su externalización acarrea una valoración injusta del modo en que vienen realizando su trabajo en la sanidad española y no se corresponde con el grado de satisfacción que expresan los usuarios de sus servicios.
Desde el IDIS, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, en el que están representadas las grandes empresas del sector privado, se aboga por la integración de la sanidad pública y la privada como el único camino posible para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Caben para ello varias vías, desde los conciertos, que pueden ayudar a desahogar las listas de espera y permiten ofrecer asistencia sanitaria pública en aquellas zonas geográficas en las que la Administración no dispone de una infraestructura suficiente, hasta las concesiones, la fórmula que se va a aplicar para concluir Valdecilla. Un sistema que tiene una ventaja muy evidente para los gobiernos, aducen desde IDIS, como es contar con un gasto predefinido.
Desde el sector privado se entiende que otra de las medidas con las que el sistema público podría ahorrar sería la potenciación del mutualismo. Una fórmula que permite que el asegurado pueda optar entre ser atendido en el sector público o en el privado. En este último caso, el Estado abona a la aseguradora los costes, con las mismas prestaciones que el sistema sanitario público.
En España son casi dos millones los mutualistas atendidos por la sanidad privada y las mutualidades mayoritarias son MUFACE, ISFAS Y MUGEJU. Desde IDIS se quejan de que es un sistema infravalorado por la Administración e incluso en grave riesgo de desaparición si no se mejora su financiación por el Estado.

La subida del IVA

Uno de los problemas que más preocupan al sector privado es la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a España a incrementar el IVA de los materiales y productos sanitarios del 10% al 21%. Si se tiene en cuenta que los servicios de asistencia sanitaria se facturan exentos de IVA y que, por lo tanto, la subida no se puede repercutir en los asegurados –salvo a través de una subida de las primas– se entiende la preocupación de los centros sanitarios privados.
Según las aseguradoras, el reajuste para tratar de compensar ese aumento de costes podría traducirse en la pérdida de hasta 20.000 puestos de trabajo, de los 235.000 que tiene el sector sanitario privado español.
Para evitarlo, insisten en una vieja aspiración, la de que el Gobierno español autorice de nuevo la desgravación fiscal para los seguros médicos privados. IDIS propone un incentivo fiscal del 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros en la contratación de seguros.
Según sus cálculos, esa medida podría incrementar hasta un 15% el número de asegurados, lo que supondría que más de un millón de personas saldría, parcial o totalmente del sistema público, para ser tratado en la medicina privada, con el ahorro que eso generaría y el alivio para las listas de espera, al reducirse la carga asistencial. De hecho, las comunidades autónomas con mayor número de pólizas privadas son las que cuentan con un menor presupuesto sanitario público por habitante.
Aún después de haber desaparecido este incentivo fiscal, el seguro médico privado ha venido creciendo en España de manera regular a ritmos del 2-3% anual, hasta alcanzar los 7 millones de asegurados, a los que hay que añadir casi dos millones de mutualistas. En Cantabria los asegurados son apenas el 11% de la población, una cifra baja si se compara con otras comunidades y que probablemente esté condicionada por el enorme prestigio que tiene entre la población cántabra el Hospital público Valdecilla, con un nivel de confianza superior al de sus equivalentes en otras regiones.

2,5% del PIB

Más allá del debate sobre el cambio de modelo sanitario en el que está inmerso nuestro país, lo cierto es que la sanidad privada representa ya un 2,5% del PIB español. Esa red sanitaria paralela incluye desde hospitales hasta laboratorios de análisis, clínicas de estética, odontológicas y centros de reproducción asistida, entre otros. Su presencia en todo el territorio español abre posibilidades de colaboración con la sanidad pública que no deben ser oscurecidas por un debate excesivamente ideologizado y en el que objetivo que se debe perseguir es asegurar la sostenibilidad de un modelo asistencial universal, de calidad y público.