Sólo una de cada ocho industrias cántabras lo logró

Salvar la cara ante la Unión Europea por el clamoroso incumplimiento que las empresas españolas han hecho de la ley que regula las autorizaciones ambientales integradas no va a ser fácil y las sanciones de Bruselas al Estado español por la tardanza en poner en marcha una legislación comunitaria que data de 1996 parece que no se van a poder evitar. Pero la situación de ilegalidad en que han quedado casi todas las empresas obligadas por esa directiva preocupa más, ya que genera una situación de riesgo para el mantenimiento de sus actividades.
Su vulnerabilidad, ahora, ante cualquier denuncia provoca una gran inseguridad y, para salir del embrollo, el Gobierno español se ha visto obligado a buscar una solución de emergencia, utilizando el único resquicio legal que le queda antes de que finalice esta legislatura: la introducción de una enmienda en la Ley de Patrimonio Natural que va a ser debatida por las Cortes, para prorrogar por seis meses el plazo para la obtención de la autorización ambiental integrada. La ley podría ser aprobada a lo largo de este mes de diciembre, con lo que las Consejerías de Medio Ambiente de las autonomías dispondrán hasta la primavera para tramitar los expedientes que aún no han podido ser completados y que son, por cierto, la inmensa mayoría de los que debían haber obtenido la autorización ambiental antes del 31 de octubre.

Menos del 10%

Con ser decepcionante, el comportamiento de las empresas cántabras no ha estado muy alejado de lo que ha sido la tónica nacional. De las 67 empresas contaminantes de la región que están obligadas por la Ley de Control y Prevención Integrados de la Contaminación (IPPC), tan sólo ocho obtuvieron la autorización ambiental antes de que finalizase el plazo, aunque en el tiempo transcurrido desde esa fecha ya la han logrado una decena más.
Aunque no sirva de consuelo, el porcentaje de empresas cumplidoras es ligeramente superior al del resto del país, donde de las 3.770 industrias afectadas, apenas el 10% llegó a tiempo de cumplir con las exigencias contenidas en esta directiva europea.
De la actitud que han mostrado muchas empresas a la hora de tomarse en serio esta obligación medioambiental, da idea el hecho de que todavía en abril se presentaba en ventanilla la solicitud de una empresa para la obtención de esta autorización integrada, cuando el plazo había concluido el último día de enero del año anterior y faltaban menos de seis meses para que concluyese el periodo habilitado para que la Consejería de Medio Ambiente otorgase o denegase esa autorización.

Complejidad y coste

No toda la responsabilidad de esta situación puede ser achacada a la indolencia de las empresas. Para muchas industrias, la aplicación de esta ley supone inversiones muy cuantiosas, ya que les obliga a dotarse de las mejores técnicas disponibles con el fin de minimizar el impacto ambiental de su actividad y a eso se ha unido la complejidad de un procedimiento novedoso para las propias Consejerías. En el caso de Cantabria, esta complejidad se ha visto acentuada por la gran diversidad de actividades que se han sometido al control de los técnicos de la Administración, con pocas similitudes entre cada uno de los 67 expedientes tramitados.
La prórroga que va a aceptar el Gobierno central permitirá salvar una delicada situación y conjurar los riesgos de paralización de la actividad que se pueden derivar de las denuncias por vertidos que ya están siendo investigadas por el Seprona. No se podrá evitar, en cambio, un nuevo incumplimiento de los plazos, a pesar de haber sido más generosos de los previstos en la directiva europea.