La CE no perdona
La batalla legal entre las autoridades comunitarias y Microsoft ha eclipsado muchas otras. Quizá por eso haya una cierta sensación de que Europa trata de poner todo tipo de obstáculos a las empresas norteamericanas. La realidad es muy distinta. Muchas compañías del Continente han sufrido o sufren parecidas circunstancias. En este momento, hay expedientes por vulnerar la competencia que afectan a tres empresas que operan en Cantabria, Solvay, Armando Alvarez y Kemira y sigue coleando otro contra Repsol Química por viejas prácticas en el negocio del caucho sintético.
Las empresas de un determinado sector pueden caer en la tentación de no hacerse la guerra y llegar a un acuerdo para repartirse los mercados o para coordinar los precios, lo que casi siempre es parecido. Eso ocurrió entre los fabricantes de sacos de plástico, según determinó el pasado mes de noviembre la Comisión Europea, que tomó medidas drásticas al compobar que los jefes de ventas de las principales empresas europeas del sector, entre ellas la cántabra Plásticos Españoles (grupo Armando Alvarez), habían llegado a pactos de este tipo en unas reuniones de su asociación profesional.
La Comisión asegura que todos ellos eran conscientes de que su comportamiento contravenía la legalidad, por lo que no exime a ninguno de los fabricantes allí representados, a excepción de aquellos que han ayudado a desvelar la trama, a los que ha reducido la multa o ha llegado a exonerar por completo. Al resto les ha aplicado una sanción de 290 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) calculada a través del volumen de ventas. Por esta razón, Plásticos Españoles es uno de los más perjudicados, ya que es, también, uno de los fabricantes más importantes de Europa. La sanción impuesta a la empresa de Torrelavega es de nada menos que 42 millones de euros (7.000 millones de pesetas), multa que ha sido recurrida.
En junio de 2002 se realizó la primera inspección por sorpresa de estas industrias y desde entonces la Comisión ha venido acumulado pruebas documentales de sus acuerdos sobre precios o reparto de mercados hasta descubrir que, en algunos casos, han existido durante veinte años, en perjuicio de los usuarios de este tipo de sacos, especialmente, de las industrias de fertilizantes, las de materiales de construcción y las de alimentos para animales.
Los afectados han recurrido las multas porque en muchos casos se han estimado en función del volumen total de ventas de la empresa y no del obtenido por los sacos de plástico, lo que ha dado lugar a cantidades desmesuradas.
El caucho
Con un mes de diferencia, la Comisión Europea presentó la propuesta de sanción contra Repsol Química y otros fabricantes de cauchos sintéticos por actuar coordinadamente (lo que se conoce como cartel) entre 1996 y 2001, intercambiando información sobre precios y subidas de tarifas en estos productos y sobre componentes que se emplean en su fabricación, como los antioxidantes, antiozonantes o los aceleradores. En este caso, los perjudicados por esta restricción de la competencia fueron, sobre todo, los fabricantes de neumáticos, principales consumidores de estos cauchos.
La Comisión calculó el valor de las ventas durante el tiempo que se había prolongado esta práctica ilícita y la cuota de mercado de cada fabricante, aunque también en este caso premió con rebajas en las sanciones a quienes facilitaron alguna información conducente a desvelar la trama. La más afectada, incluso después de una rebaja por colaboración, ha sido Bayer AG, que tendrá que pagar casi 60 millones de euros y Repsol Química, aunque no participó en los acuerdos de forma directa, sino a través de su filial General Química, se ha encontrado con una sanción de 3,38 millones. Repsol hace tiempo que traspasó el negocio de los cauchos a Dynasol, en la que participa al 50%.
El caso Solvay
Bruselas también ha actuado contra otra empresa de larga tradición en Cantabria, Solvay, por muy parecidos motivos y, en este caso, por reincidencia, ya que la multinacional belga fue sancionada hace una décaa por acordar los precios del carbonato de sosa con sus principales competidores internacionales. En esta ocasión ha sido por llegar a acuerdos con sus rivales en la fabricación del perborato y del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) dos blanqueantes para el sector textil, que también se usan como desinfectantes y en la depuración de aguas.
La Comisión Europea supo que el 27 de noviembre de 1997 hubo un encuentro en un restaurante de Bruselas en el que el que responsables de nueve compañías se pusieron de acuerdo para subir los precios de estos productos y sobre futuras revisiones. Después de realizar algunas investigaciones, y con la colaboración de algunas de las empresas, la Comisión descubrió que estas compañías venían intercambiado informaciones confidenciales, limitando la producción y repartiéndose mercados y clientes desde 1994.
Entre ellas estaban Solvay, que fabrica estos productos en su planta de Torrelavega, y Kemira, que también tiene una planta en Cantabria.
El 3 de mayo, la Comisión imponía a este cartel de empresas una multa de 388 millones de euros, a repartir en función del valor del mercado europeo del agua oxigenada y el perborato y de la cuota de mercado que tiene cada una.
En el caso de Solvay, que ha recibido la sanción más importante (167 millones de euros), también ha tenido en cuenta su reincidencia en prácticas contrarias a la competencia.
Se da la circunstancia de que Solvay acaba de comunicar su renuncia a continuar la fabricación de agua oxigenada en la planta cántabra, por causas completamente ajenas a este proceso. La empresa belga ha decidido concentrar estas fabricaciones y ha considerado que la planta Interox que se encuentra dentro del complejo fabril que tiene en Torrelavega era demasiado pequeña, dado que sólo produce 16.000 toneladas al año, muy por debajo de la cantidad óptima.
