La gasolina quema
No hay nada más elástico que un depósito de combustible. Cada día cabe más que el anterior. Y como siempre, la culpa no es de nadie. Son tan manidos los argumentos y tan estéril la protesta que los consumidores ya observan con absoluta resignación el goteo de subidas. Así hasta que la comisaria europea Loyola de Palacio ha realizado unas declaraciones en las que se mostraba extrañada de que en España se parezcan tanto los precios de todas las gasolineras. No es cuestión de entrar a debatir cómo la sorprendida ex ministra ha percibido ahora que vive en Bruselas lo que no veía mientras vivía en suelo patrio, pero sí las razones. Evidentemente, el Gobierno ha lanzado por boca de Loyola de Palacio una seria advertencia a las petroleras, porque el problema se le empieza a escapar de las manos.
España es el país europeo donde más ha subido el precio de los combustibles desde el pasado 1 de enero, y en todos repercute de igual manera el precio del petróleo y la depreciación del euro. Este ha sido uno de los problemas que ha conducido la inflación a un 3%, muy alejada de los objetivos y, sobre todo, muy distante de la media comunitaria. Un síntoma de alarma que debe encender muchas luces rojas, porque el encarecimiento de los combustibles, cuando rompe determinadas barreras psicológicas, desata una cascada de subidas sucesivas (transporte, productos agrarios, viajes…) que, como las bolas de nieve, a medida que arrastra a otros sectores resulta más difícil de contener y que es doblemente peligrosa cuando muchas empresas aún están en mitad de la negociación colectiva.
Una muestra de ese nerviosismo es el hecho de que el Gobierno haya reaccionado antes que los propios afectados (transportistas y agricultores) pero, de nuevo, las herramientas parecen demasiado endebles. Las petroleras están dispuestas a aceptar las razones políticas, pero por poco tiempo. Se vio en diciembre cuando aplazaron las subidas para no perjudicar al Gobierno en el IPC y de nuevo se comprobó antes de las elecciones. Basta analizar con un poco de picardía la información que han puesto en manos de los consumidores para justificar las subidas para comprobar que mientras en octubre del pasado año operaban con un margen medio de 17,5 pesetas, casi el mismo de la media comunitaria, en diciembre lo redujeron a 15 pesetas, cinco por debajo del que en ese momento tenían sus colegas europeos y otro tanto ha ocurrido antes de las elecciones, donde rebajaron sus márgenes a doce pesetas, frente a las 19 de media exterior.
Tanto la sumisión a los intereses del Gobierno en esos momentos puntuales –que luego se cobran– como la posterior coordinación para las subidas demuestran que la competencia en el sector es una entelequia. Hay 30 operadores, pero los precios los fijan sólo dos o tres, que tienen una posición hegemónica en el mercado, y en estas condiciones resulta imprescindible tomar medidas concretas de regulación y no acudir a simples admoniciones, como la realizada por la comisaria De Palacio.
Cuando el mercado se abre, las condiciones cambian de inmediato. En Cantabria hay un buen ejemplo de ello. Un crecimiento desmesurado del número de gasolineras (desde 1992 casi se han triplicado, mientras que en el conjunto del país han crecido un 30,6%) y la agresiva posición en precios que mantienen un par de ellas ha dado como resultado el que todas se vean obligadas a la contención, aunque poco pueden hacer sobre el margen de la petrolera. Así, los precios suben pero, al menos, nos cabe el consuelo de que son los más baratos de España.
Cualquier otra solución que no pase por una mayor competencia ofrece resultados dudosos, provoca tensiones sociales, que ya están aflorando en algunos colectivos, como el de los transportistas y, al final origina un importante desgaste político. Un Gobierno con mayoría absoluta y la credibilidad intacta está en la mejor posición posible para abordar este tipo de problemas. Si no lo hace ahora, tendremos un oligopolio petrolero para siempre.
