Fedeca alerta de que equiparar cuerpos superiores y técnicos supone un «agravio» y genera inseguridad jurídica

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha alertado este jueves de la equiparación de Cuerpos Superiores y técnicos supone un «agravio comparativo» y genera «inseguridad jurídica».

En relación con las iniciativas parlamentarias, referidas a la equiparación de los subgrupos A1 y A2 de la Administración General del Estado, Fedeca ha emitido un comunicado para trasladar su rechazo, junto a las asociaciones profesionales de los Cuerpos Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Aicape), de Ingenieros Industriales del Estado (Asiindus), de Arquitectos Superiores De Hacienda (Apash), de Inspectores de Hacienda (IHE) y de Interventores y Auditores del Estado (Apcsiae).

Para estas asociaciones, la igualación de los cuerpos superiores y técnicos en el mismo subgrupo supone «un quebranto al principio de jerarquía y de responsabilidad».

También Fedeca ha alertado de que la equiparación con el subgrupo A2 supondría un agravio para quienes han accedido a cuerpos del subgrupo A1 tras superar exigentes procesos selectivos, avalados por una formación académica más profunda y especializada.

La propuesta además erosiona, según las asociaciones, los principios constitucionales de mérito y capacidad, abriendo la puerta a una desestructuración de los cuerpos funcionariales basada en criterios ajenos a la técnica y la racionalidad administrativa.

«Convertir una reivindicación corporativa en una medida legislativa de carácter general, atenta contra la función pública profesional e independiente», han insistido.

Así, para esta asociación, la equiparación legal, sin modificar los procesos selectivos, requisitos de titulación ni funciones atribuidas a los cuerpos técnicos, generaría una profunda inseguridad jurídica, además de posibles conflictos competenciales y disfunciones en la gestión de los recursos humanos del Estado.

Por estas razones, las asociaciones han exigido la retirada inmediata de la moción del Partido Popular, y del resto de propuestas anteriores, y la apertura de un diálogo serio y riguroso sobre la ordenación de los cuerpos funcionariales.