Los problemas se le amontonan al Gobierno

Febrero ha sido un mes crudo para el Gobierno cántabro. Han aparecido la mayoría de las estadísticas de coyuntura de diciembre y, en consecuencia, del ejercicio 2013, y todas ellas han sido pésimas, con una sola excepción a la que Ignacio Diego se ha agarrado como a un clavo ardiente, otorgándole la máxima importancia, la constitución de sociedades. Quizá el único respiro en un comienzo de año en el que, además, se han acumulado más conflictos difíciles de manejar: la obligación de devolver el céntimo sanitario, el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno nacional a la Ley Antifracking, el recurso del Gobierno Vasco ante las autoridades comunitarias contra la cesión gratuita de suelo industrial o la amenaza de derrumbamiento de Nestor Martin.
Diego se quejó en su discurso de investidura de los numerosos líos que heredaba, pero hoy el terreno está más embarrado que nunca. El trabajo de bacheado ha lucido poco y la comunidad autónoma se enfrenta a nuevos conflictos inesperados. El último de ellos, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que anula el céntimo sanitario y obliga a devolver lo recaudado hasta 2012.
Ignacio Diego implantó el céntimo en Cantabria por mera disciplina de partido. El anterior gobierno del PRC-PSOE llegó a estudiarlo y lo desechó. Él mismo tenía informes de los empresarios de gasolineras de los que se deducía que era un mal negocio: los transportistas que recorren la cornisa cantábrica hacia Francia dejarían de repostar en la región para hacerlo en el País Vasco, donde no hay céntimo, y los ingresos de IVA que se perderían en esa huida de los grandes clientes (un camión puede repostar mil litros) no resultarían compensados por los del céntimo aportado por los conductores locales, que no tienen la posibilidad de ir a otra comunidad a repostar.
Ni el céntimo tenía como destino concreto la sanidad, puesto que la Administración española funciona con el sistema de caja única, ni era un buen negocio. Ni siquiera era legal, y a la vista de que podía ser tumbado por el Tribunal Europeo, el propio Gobierno se autorectificó en enero de 2013, readaptándolo.
Incluso en el caso de que únicamente se vea obligado a devolver lo cobrado en el primer semestre de funcionamiento, el problema no es pequeño, tanto por la obligación de retornar un dinero que ya está gastado como por la tramitación administrativa. No obstante, es evidente que si resulta obligatorio aportar las facturas, no serán muchos los conductores que puedan pedir la devolución a estas alturas.
Más complicado será volver atrás las cesiones de suelo público a industrias, si Bruselas decide que vulneran las leyes de libre competencia. En el caso del recurso a la Ley Antifracking, lo más que puede ocurrir es la petición de daños y perjuicios por parte de las empresas afectadas, por los retrasos causados en la exploración.
Lo que ya es seguro es que eso no afianzará el crédito ante la gran industria de un Gobierno que dejó caer el concurso eólico del anterior sin recurrir la sentencia que lo anulaba, asegurando que él, en cambio, venía a garantizar la seguridad jurídica ante los inversores del sector energético. Si esos eran los propósitos, han durado poco.

Las ayudas a Andros y la crisis de Nestor Martin

Pero el más incómodo de los problemas recién aflorados es el de las inversiones y ayudas industriales. La UE investiga las subvenciones que tanto el anterior gobierno cántabro como el actual han dado a la francesa Andros por quedarse con las instalaciones que tenía Tomás Pascual en La Serna de Iguña y potenciarlas (un total de 8,5 millones de euros) y eso podría llevar a exigir su devolución, con consecuencias imprevisibles por parte del empresario francés.
Más oscuro aún es el futuro de Nestor Martin. La crisis de la matriz del grupo ha venido a poner sobre la mesa que el empresario cántabro Jesús Lavín no tenía capacidad financiera ni de gestión para sacar adelante la fundición belga de estufas, que compró ya en crisis. La filial creada en Cantabria con la ayuda del Gobierno autonómico puede aprovisionarse del material de fundición por otras vías, ahora que ha cerrado su cabecera, pero ni tiene red comercial para mantener las exportaciones ni tiene capacidad financiera propia. Para complicar las cosas, el grupo Wanders, con el que firmó hace año y medio un acuerdo para distribuir sus estufas en Francia, ha presentado suspensión de pagos.
La empresa de Maliaño ya ha reducido los turnos de trabajo y podría verse obligada a presentar un expediente de regulación temporal de empleo, un golpe muy duro para el Gobierno de Cantabria, que no solo ha arriesgado 11,5 millones de euros en la compañía por distintas vías sino que además ha tomado el control del consejo, a través de Sodercan, para tratar de evitar males mayores.
Nestor Martin había recolocado a los trabajadores de Teka que se quedaron en la calle cuando la empresa de electrodomésticos cerró la mitad de su fábrica santanderina. Si pierden su nuevo empleo se volvería a repetir otra experiencia muy negativa, la de los trabajadores de Papelera del Besaya que fueron recolocados por el Gobierno en Sonkyo.
Tanto el problema laboral como la eventualidad de verse obligado a hacer nuevas aportaciones a Nestor Martin se convertirían en un problema de muy difícil gestión política para Ignacio Diego, que ha puesto tanto énfasis en criticar el dinero que sus antecesores acabaron metiendo en GFB para salvar una iniciativa en la que se encontraron atrapados. La disyuntiva era dejarla fracasar y perder todo lo invertido o insuflar más recursos para acabar de ponerla en marcha, aumentando los riesgos de que el agujero fuese aún mayor. La historia se repite.