El Tribunal de Cuentas revela que casi un 40% de personas en un ERTE en pandemia ya no volvió a su empleo

El organismo apunta que el SEPE se vio desbordado a la hora de gestionar los ERTE por el «déficit estructural» de plantilla

El Tribunal de Cuentas ha revelado que el 38% de personas que se acogió a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia no había retornado a su centro de trabajo a 31 de marzo de 2022, fecha en la que finalizaron las ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno para contener las consecuencias laborales de la crisis sanitaria.

Es una de las conclusiones a las que ha llegado el organismo en su informe de fiscalización sobre las prestaciones por desempleo reconocidas a las personas afectadas por los ERTE de la pandemia entre 2020 y 2022.

Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para combatir los efectos económicos y laborales del covid-19. Entre ellas, los ERTE por causa de fuerza mayor permitieron a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba las cotizaciones sociales.

El Tribunal de Cuentas apunta que una vez finalizadas estas ayudas, seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo. Este elevado número de empresas inactivas, que no disueltas, determina que el sistema de protección habilitado por el Gobierno «no fue suficiente».

A su vez, el instituto fiscalizador apunta que a 31 de diciembre de 2022, no se había recuperado el volumen de personal preexistente al inicio de la pandemia, existiendo un déficit del 6,48% con respecto al 1 de marzo de 2020.

DEFICIENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

A pesar de que las medidas fueron eficaces para contener el impacto económico de la pandemia en sus peores momentos, el organismo advierte de deficiencias en el procedimiento de gestión y apunta especialmente a la Dirección General del Trabajo.

En concreto, señala que la institución dependiente del Ministerio de Trabajo no disponía de una aplicación informática específica para tramitar los ERTE, lo que en la pandemia dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes.

Más si cabe cuando las solicitudes de ERTE se dispararon en la crisis sanitaria, de forma que de un promedio de 96 solicitudes anuales se pasó a 5.000 semanales que se gestionaron de formal manual en muchas ocasiones.

Esto conllevó a la emisión de resoluciones «contradictorias, incongruentes y duplicadas», advierte el Tribunal de Cuentas. Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-COVID «provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes», como es el caso de Tragsatec.

EL SEPE NO CONSTATÓ SI HABÍA CONCURRENCIA DE CAUSA MAYOR

Asimismo, el informe desvela que en ocasiones el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no dispuso de la información relativa a la necesaria constatación de la concurrencia de la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades laborales competentes.

El Tribunal de Cuentas recalca que el SEPE se vio desbordado porque sufre un «déficit estructural y permanente de su plantilla», pues ha perdido un 15% de su personal funcionario de carrera entre 2018 y 2022. El organismo ha ido cubriendo esas plazas con personal interino, que ha aumentado hasta en un 47%.

Además, el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros, sin haber recibido directamente los fondos europeos previstos para ese fin.

En este escenario, la fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. En relación con las exoneraciones de cuotas, las actuaciones de control de la Seguridad Social detectaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas. Los casos fueron trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EMPRESAS SE ACOGIÓ AL MECANISMO

La institución presidida por Enriqueta Chicano detalla en su informe que más de 558.000 empresas se acogieron a este mecanismo, beneficiando a 4,15 millones de personas. El gasto público destinado a prestaciones por desempleo alcanzó los 18.272 millones de euros mientras que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social se elevaron a 7.964 millones de euros.

Estas cifras se traducen en un impacto inicial «notable», dice el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, pues alcanzaron al 22% del empleo asalariado y al 40% de las empresas con plantilla en el país.

Las principales destinatarias de estas medidas fueron las microempresas, seguidas de las pequeñas empresas, siendo los sectores de actividad más afectados por la inactividad relativos al comercio, la reparación de vehículos y la hostelería.

Con este panorama, el organismo recomienda a la Dirección General de Trabajo que implante un procedimiento informatizado de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo y que impulse un protocolo de intercambio de información entre las autoridades laborales. Asimismo, recomienda al SEPE que analice y revise el adecuado reconocimiento de las prestaciones abonadas a 10.896 beneficiarios sin situación de inactividad comunicada por su empresa a la Seguridad Social.