Se buscan inversores

Dicho y hecho. El Gobierno aprobaba hace dos meses la creación de una sociedad para captar inversionistas dispuestos a financiar y explotar obras públicas, y ha preparado ya la primera batería de proyectos en los que ofrece participar. Si hasta ahora se había puesto el énfasis únicamente en conseguir atraer más industrias, esta nueva política persigue que aquellas obras públicas que el Gobierno no podría afrontar con sus propios recursos, sean financiadas, construidas y gestionadas por la iniciativa privada.
El beneficio es mutuo. Mientras los cántabros disfrutarán de estas infraestructuras mucho antes de lo que podría ofrecerlas el sector público, las empresas que acometan los proyectos se aseguran un negocio saneado durante años, con un cliente de garantía, la Administración, que pagará un canon anual por el uso de la instalación y por la gestión privada de la misma. Pero también hay proyectos de índole claramente privada, para los que se ofrecen especiales facilidades al entender que pueden ser estratégicos para el futuro de la región, como los que tratan de potenciar la llegada de un turismo de alto nivel económico.

Empezar por México

Los dirigentes autonómicos han cogido el maletín y han sondeado primero el mercado aparentemente más fácil de captar, el de los cántabros afincados en México que han hecho fortuna con sus negocios. Aunque todavía no hay frutos concretos, este verano la región tendrá un inusual flujo de visitas de empresarios mexicanos.
Pero el Gobierno no quiere quedarse sólo en México. Ese es el pistoletazo de salida de lo que será una oferta general. Por ello, se ha esmerado en diseñar un cuaderno de propuestas de inversión en Cantabria, que coinciden, en gran medida, con las principales necesidades de la región. Consciente de que no puede acudir ante los empresarios con propuestas genéricas, presenta en sus visitas un libro con 25 proyectos de todo tipo, desde campos de golf a depuradoras, cuya inversión global rondaría los 4.200 millones de euros (unos 780.000 millones de pesetas).
En este cuidadísimo informe, el Gobierno presenta la región como el lugar que puede abrir a los industriales extracomunitarios el mercado europeo, nada menos que 450 millones de consumidores, un mensaje claramente dirigido a captar la atención de los empresarios iberoamericanos.
Comunicaciones, incentivos, cualificación profesional, calidad de vida, seguridad y ocio son otros valores de la región que trata de explotar el Gobierno cántabro para atraer los fondos externos. Un volumen de recursos que, de sustanciarse al menos una parte de los proyectos, compensaría el descenso de las inversiones públicas que va a provocar la salida del Objetivo 1, representaría un revulsivo económico para la región y diversificaría unas inversiones exteriores que hasta ahora sólo han estado interesadas en la compra de viviendas.

El agua como negocio

El objetivo más fácil de detectar es la búsqueda de financiadores para las ingentes inversiones que aún quedan por hacer en el campo de los saneamientos, y en prácticamente todo el ciclo del agua, desde las captaciones y embalses, a la distribución o al tratamiento de las aguas residuales, sin olvidar la recogida y tratamiento de residuos urbanos e industriales.
Socialistas y regionalistas creen que anteriores gobiernos no rentabilizaron suficientemente los importantes fondos europeos de los que han dispuesto para afrontar las necesidades medioambientales de Cantabria, por lo que ahora será preciso afrontar sin ayudas las importantes infraestructuras que aún restan por hacer. En total, 600 millones de euros de inversión (100.000 millones de pesetas), de los que 450 corresponden al ámbito del agua y el resto a los residuos sólidos.
Se trata de una inversión a largo plazo con rentabilidad asegurada para la empresa que entre en el negocio. El Gobierno calcula que entre 400 y 450 millones de euros podrían ser aportados por la iniciativa privada a través de un convenio de explotación a 30 años (project finance) con el sector público. El resto, de 150 a 200 millones de euros, se trataría de una inversión en capital, que también pretende que provenga, al completo si es posible, del sector privado.
El Gobierno cántabro recuerda que, en el caso del agua, el canon resultante será de 0,65 euros por metro cúbico consumido, lo que sufragaría la inversión en las instalaciones (que estima en 0,39 euros por metro cúbico) y sus intereses.

Suelo industrial

Otros 620 millones de euros son necesarios para elevar de 1,5 a 12 millones de metros cuadrados la disponibilidad de suelo industrial en Cantabria. La región arrastra una escasez de suelo industrial endémica que lastra el crecimiento, tanto por las dificultades que plantea para el asentamiento de nuevas empresas como por la imposibilidad de que algunas de las ya instaladas procedan a ampliaciones. Por ello, se ha propuesto solucionar de golpe todas las necesidades presentes y futuras y el Gobierno plantea a la iniciativa privada la ejecución de diez grandes polígonos en dos años. En este caso, ofrece a los inversores agilidad en la tramitación de los proyectos y subvenciones de hasta el 10% en la adquisición de las parcelas.
Tras estas dos primeras patas del desarrollo sostenible, industria y saneamientos, se plantea una tercera: el turismo de alto poder adquisitivo. Para captar su atención, el Gobierno tiene en cartera varios proyectos de puertos deportivos y campos de golf. El Plan de Puertos Deportivos pretende situar la región a la cabeza del norte de España en oferta de atraques. De momento, plantea construir cuatro grandes radas en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, además de la que se ha hecho en Santoña, cuya inversión íntegra se ha realizado con fondos públicos.
Estos proyectos son los que se encuentran más avanzados, por lo que el Gobierno ha podido detallar desde el número de atraques que tendrá cada puerto hasta la inversión necesaria. En total, se necesitarán casi 100 millones de euros que proporcionarían unos 3.500 amarres, y los empresarios podrán optar a concesiones por un sistema no muy distinto al que se utiliza para la concesión de aparcamientos subterráneos.

Campos de golf por doquier

Si esta apuesta es ambiciosa, lo es aún más el intento por dotar a Cantabria de la mejor oferta del país en campos de golf. El presidente regional parece haber hecho suya la tesis de Seve Ballesteros de que los campos de golf no compiten entre sí, sino que es necesario concentrar un número elevado para postularse ante los aficionados que se mueven con sus sacos de palos por todo el mundo y ha ofrecido facilidades para hacer 18 campos de gestión privada distribuidos por todo el territorio regional.
El golf atrae a un tipo de turista de alto poder adquisitivo que gasta al día cuatro veces más que el visitante medio, lo que aumenta la tasas de rentabilidad del sector. El turismo de golf, además, permite la desestacionalización y la diversificación de mercados, algo que Cantabria no ha logrado tras muchos años de esfuerzos.
Antes de concluir el 2007, el Gobierno quiere tener construidos cuatro de estos campos; los dos primeros se empezarán este mismo año en Langre y Ogarrio, de 120 hectáreas cada uno.

Un ecoparque en Reocín

Con mucho menos convencimiento ha presentado el Ejecutivo un proyecto para la construcción de un circuito de automovilismo. Estaría ubicado junto a los terrenos que ocupaba la mina de Azsa, entre los municipios de Reocín, Cartes y Mazcuerras. Es una iniciativa mucho más modesta que un circuito de Fórmula 1, pero estaría homologado por la Federación Española de Automovilismo. En este caso, no ha cuantificado la inversión.
En la misma zona se ofrece otro proyecto, que plantea la creación de un ecoparque, que integre aspectos medioambientales, culturales, científicos e industriales, incluidas posibles visitas a la antigua mina de AZSA. El coste estimado es de unos 98 millones de euros.
Donde el inversor encontrará una rentabilidad segura es en la construcción y gestión de residencias de la tercera edad, al menos en aquellas donde el propio Gobierno garantice contratos de ocupación. El modelo cántabro persigue residencias pequeñas y de calidad, situadas en entornos amables. El Gobierno cree que existe mercado para una inversión de 230 millones de euros en este sector, incluyendo centros residenciales, centros de día y ayuda a domicilio. Con ello, además de cubrir un servicio muy demandado en una región envejecida, que en manos privadas resultará más barato de gestionar, el Gobierno quiere atraer hacia Cantabria jubilados con pensiones elevadas, lo que supondría una transferencia de fondos con una gran capacidad de generación de empleo. De hecho, ya ha contactado con entidades extranjeras que desean construir en la región residencias de población totalmente extranjera.

Inversiones en industria y tecnología

El Gobierno no ha olvidado el campo tecnológico e incluye en su cartera la posibilidad de participar en empresas cántabras con alta capacidad técnica pero con recursos financieros limitados, como la compañía de telecomunicaciones Acorde, interesada en la creación de una fábrica de equipos electrónicos para telefonía UMTS, la instalación en China de una factoría de transmisores para VSAT y la comercialización para otros mercados de todos sus productos. También se ofrecen alianzas con la empresa Medio Ambiente-Control de Servicios, que ha diseñado un dispositivo para controlar todos los servicios de ámbito local, desde la recogida de basuras a la limpieza viaria, pasando por el mantenimiento de parques, la conservación de vías públicas o el alumbrado.
El portafolio que ha llevado el Gobierno a México ofrece también tomas de participaciones inmediatas en sectores industriales. Sodercan está dispuesta a vender las acciones que posee en su cartera de empresas participadas, incluida Suyesa, la planta de tableros de fibro-yeso de inminente construcción. También estaría dispuesta a dejar en manos de inversores privados los paquetes que ha asumido en las sociedades promotoras de las plantas de biodiésel que se van a construir en Pontejos y Sniace. Con ello, liberaría recursos públicos para acometer otros proyectos.
Por vender, se vende incluso un club de fútbol, el Racing, aunque no figure en el catálogo. Al menos las participaciones que el Gobierno regional tomó en la última ampliación de capital con intención de colocar entre empresas locales que, si alguna vez mostraron interés en ello, no llegaron a materializarlo.
Como se ve, son casi ilimitados los campos en los en los la Administración regional está dispuesta a acudir a la iniciativa privada, incluida la construcción de infraestructuras o la prestación de servicios que hasta ahora parecían vinculados exclusivamente al sector público. Serán estas últimas ofertas, sin ninguna duda, las que despierten más interés entre las empresas, sobre todo aquellas en las que pueda obtener beneficios por varias vías: la construcción, la financiación y la gestión para el Gobierno.