Punto final en la guerra contra Pérez

En la querella se acusaba a Pérez de haber pagado publicidad en el periódico Alerta que nunca llegó a insertar, o de la desaparición de 64 millones de pesetas en dinero negro proveniente de la venta de un chalet que supuestamente debería haber en una caja de seguridad. Unas imputaciones que, por tres veces, el juzgado ha desestimado.
Pérez vivió una época confusa. Fichado como secretario general, accedió al cargo de director de forma inesperada, como consecuencia del cese fulminante de García Berlanga por falsear la información a los consejeros y colocar la entidad al borde de la intervención por el Banco de España. Y se fue por un estado de fuerte tensión interna y una inversión arriesgada en la empresa tecnológica Indra que, curiosamente, acabó por convertirse en un buen negocio para la Caja.
Poco querido por el PP, que no tuvo tiempo de buscar un candidato a su gusto, Pérez vivió permanentemente en el filo de la navaja, ya que su continuidad en el cargo fue producto de la división que en ese momento vivía el Consejo de Administración, donde no había posibilidad de formar mayorías. Esa debilidad del Consejo se convirtió en su fortaleza, y su capacidad para desenvolverse en un equilibrio tan inestable, su única garantía de supervivencia.

Ordeñar la Bolsa

Abogado del Estado, sus conocimientos financieros no eran excesivos cuando fue situado provisionalmente al frente del cargo, pero demostró ser capaz de aprender deprisa los secretos del negocio. A pesar de que sus muchos críticos nunca lo han reconocido, percibió rápidamente que el negocio ordinario de la Caja da muy poco de sí, incluso en el caso de que se estrujen las comisiones hasta el punto de crear malestar en la clientela.
Su segundo descubrimiento fue el mercado financiero: Pérez necesitaba 7.000 millones de pesetas para tapar el agujero de Ibercorp que heredó de García Berlanga y encontró en la mesa de tesorería lo que buscaba. En la Bolsa se ganaba dinero, mucho dinero, y la Caja se lanzó a una política de casino. Bien porque eran los años del boom bursátil, bien por intuición en las inversiones, lo cierto es que obtuvo una rentabilidad extraordinaria en las colocaciones en Bolsa. Tanto que, a pesar de la maltrecha situación interna de la entidad y de tener que tapar cada día alguna de las muchas hemorragias que arrastraba, los beneficios anuales de Caja Cantabria fueron subiendo hasta superar los 7.000 millones de pesetas brutos, cifras que nunca más se han vuelto a repetir.

La guerra con los sindicatos

La estructura seguía siendo endeble y la posición de Pérez, mucho más. Y esa debilidad se convertía en una sangría permanente. Tuvo que condescender con los partidos que le apoyaban y con los que no y sufragar los actos fastuosos de conmemoración del Centenario de la Caja, que el Consejo aprobó a la mayor gloria de José Ramón Saiz, presidente de la Comisión de Control, y organizador del evento. Incluso concedió una paga más a los trabajadores para tratar de aliviar la presión interna de unos sindicatos que, después de ser extrañamente benevolentes con su antecesor, causante de una auténtica catástrofe, se lanzaron a una campaña demoledora contra él, acompañada en el tiempo por la filtración a la prensa de todo tipo de documentos internos.
De todas las guerras, ninguna resultaba tan incómoda como la que mantenía con el comité de empresa, agravada tras imponer el Consejo algunas trabas para que los trabajadores pudieran adjudicarse bienes que pasaban a ser propiedad de la entidad como consecuencia de embargos.
José María Pérez demostró unas innegables virtudes como equilibrista, para mantenerse en el cargo teniendo en contra al PP, la principal fuerza en el consejo, y al comité de empresa, y probablemente podría haber continuado de no tirar la toalla a finales de 1999, dado que sólo unas semanas después, los 9.000 millones de pesetas que había invertido temerariamente en Indra, consiguieron unas plusvalías espectaculares.
Pérez acaba de superar por dos veces la querella presentada por el comité de empresa por presunta apropiación indebida, debido a que el juez consideró que no existían los delitos denunciados, pero en ambas ocasiones los sindicatos consiguieron que la Audiencia Provincial revocara el auto y exigiese al juez continuar la instrucción.
Sin embargo, en estos cinco años, la causa no ha pasado de la fase de investigación, lo que no dice mucho del sistema judicial. El pasado mes de septiembre, el juzgado de instrucción decretó por tercera vez el sobreseimiento de la demanda y, a estas alturas, los querellantes perdieron todo interés por continuar la causa contra un director que hace cuatro años que dimitió.

¿Quién paga?

El problema que se planteaba a los querellantes era el precio de la retirada. La presentación de un nuevo recurso a la Audiencia añadía nuevos gastos y darle carpetazo al asunto obligaba a pagar los cinco millones y medio de pesetas de minutas devengadas hasta ese momento por las abogadas que contrataron.
CC OO y Apecasyc, los dos sindicatos que con más virulencia se opusieron a Pérez, propusieron dirigirse a la actual dirección de la Caja para tratar de convencerla de que se hiciera cargo de los gastos acumulados. Su argumento es que, con la querella, ellos defendían los intereses de la entidad. UGT, por su parte, se descolgó del problema y anunció que en ninguno de los casos estaba dispuesta a participar en el pago de las minutas, aunque en 1998 los representantes del sindicato –otros distintos– votaron en favor de presentar la querella. El CSIF también se abstuvo.
Los sindicatos aprobaron la retirada de la querella, pero CC OO y Apecasyc decidieron jugar una última baza para tratar de conseguir que la Caja corriese con las minutas de sus abogadas, y para ello decidieron aprovechar que la entidad nunca ha tenido demasiado interés en mantener esta polémica en los tribunales.
En una carta enviada al director general, el comité le advertía que si la Caja no se subrogaba en el pago, presentaría un nuevo recurso contra el archivo de la causa.
La dirección de la entidad respondió, como es comprensible, que no podía hacerse cargo de las facturas, aunque argumentado una curiosa razón, la de suponer que hacerlo podría implicar un delito de obstrucción de la justicia.

Un final disparatado

En vista de que la situación no tenía una salida fácil, los dos sindicatos más beligerantes optaron por la huida hacia adelante y consiguieron que el comité presentase un nuevo recurso contra el archivo de la causa.
Con esta aparente posición de fuerza, los sindicatos pidieron una nueva reunión con el director de la Caja para abordar el problema creado por el pago de las minutas, pero en ella se hizo más palpable su desunión. El representante de UGT no sólo manifestó su discrepancia con los gastos realizados, reiterando que no los asumía, sino que anunció que presentaría una demanda si la Caja pagaba un solo euro.
Una historia tan singular no podía tener un final convencional. Cuando nadie veía una solución al problema, los sindicatos han recibido una carta de sus abogadas, anunciándoles de que ya han sido abonadas las cuantías devengadas por sus servicios profesionales. El comité da por hecho que “alguien” ha pagado, y sin indagar más, ha optado por desistir de una querella cada vez más incómoda. Y aquí caben todo tipo de interpretaciones, aunque entre el personal de la Caja todo el mundo da por seguro que no ha sido la entidad la que ha puesto el dinero.