El Gobierno intenta recuper ar a los empresarios, cada vez más lejanos

El informe de la Fundación de las Cajas de ahorros en el que se da por sentado que el país superará los seis millones de parados y el del Fondo Monetario Internacional advirtiendo que España seguirá arrastrándose por el decrecimiento en 2013, han provocado muchas dudas sobre la eficacia de los recortes como fórmula mágica para la recuperación. Pero los empresarios no están tan pendientes de los informes de coyuntura como de su propia cartera de pedidos y esa es la que les avisa de que nada va como suponían en noviembre, cuando el PP ganó las elecciones nacionales.
En Cantabria el referente electoral es mayo de 2011. Hasta ese momento, la situación era mala, con una peligrosa tendencia a la baja de la inversión pública, pero se suponía que un cambio de gobierno daría el impulso necesario para iniciar la recuperación. Cuando el nuevo Gabinete de Ignacio Diego paralizó las obras regionales, los empresarios de la obra pública lo recibieron con desconcierto, pero los efectos de esa marea tardaron en llegar a otros sectores. La mayoría esperaba que las cosas fuesen mejor con un nuevo presupuesto. El propio Ignacio Diego se encargó de crear la sensación de que la solución estaba en la llegada de Rajoy a la Moncloa al advertir que iba a hacer dos presupuestos y no presentaría ninguno de los dos antes del 20 de noviembre, día de las elecciones nacionales. Ese incumplimiento de los plazos legales tenía, supuestamente, una motivación de realismo económico: si ganaba Rubalcaba, Diego registraría en el Parlamento unos presupuestos restrictivos (bajo la hipótesis de que Madrid no iba a hacer concesiones); si ganaba Rajoy enviaría la versión B, mucho más generosa en el gasto. Esa segunda fue la que entró. A pesar de sus reiteradas críticas a la deuda heredada, el presidente cántabro se concedía la misma disposición de gasto que tuvo el Gobierno anterior en su último año.
Sin embargo, todo ha sido una ficción. En diciembre Diego tuvo que hacer esfuerzos ímprobos por encontrar quién le adelantase el dinero para poder pagar a los funcionarios la extra de Navidad, y ya ahí quedaba constatada la irrealidad de unos Presupuestos que aún no habían entrado en vigor. Con el ejercicio en curso, los consejeros en ningún momento han tenido libertad para hacer uso de las partidas previstas, porque el goteo de los ingresos, a un ritmo muy inferior al estimado, lo impide.
Los empresarios, que hasta ese momento habían aguantado el tirón, con la esperanza de encontrar un rayo de luz para sus negocios a medida que se normalizasen los gastos de la Administración, empezaron a descolgarse. Fue muy sintomática la reunión de diciembre, en la que una veintena de colectivos vinculados a la construcción le pidieron a Diego que rascase del resto de las consejerías al menos 100 millones de euros para poder salvar los muebles de un sector que se encuentra en una situación desesperada. El presidente insistió en que no era posible dedicar a la obra pública regional esa cifra, que se hubiese considerado muy modesta en otras circunstancias. Sólo dos colectivos hicieron público su malestar (“era el último clavo ardiendo al que podíamos agarrarnos”, dijeron los excavadores) pero eso no impedía que el resto pensase lo mismo.
Desde entonces, Diego ha perdido apoyos muy deprisa en el colectivo empresarial. Y no es porque hayan cambiado de ideología si no por la dramática situación que viven, en la que muchos se juegan la supervivencia. La votación del Consejo Económico y Social en la que se analizaba su Plan de Ajuste es muy sintomática. Los representantes de los empresarios votaron lo mismo que los de los sindicatos, en contra del Plan. Pero también lo hicieron los expertos independientes, si bien hay que matizar que fueron designados por el anterior Gobierno. Ayudó a ello que el Ejecutivo de Diego ni siquiera se hubiese tomado la molestia de enviar la memoria económica preceptiva, donde se debe valorar el impacto de cada medida. Lo peor es la sospecha de que ese estudio ni siquiera existe y que el Plan es un mero recopilatorio de medidas intuitivas que pueden dar el resultado previsto o no y que pueden recaudar lo que el Gobierno supone que recaudarán o, como dicen los gasolineros sobre el céntimo sanitario, pueden acabar causando el efecto contrario.

Una reunión controvertida

Tras el desaire de los empresarios, la presidenta de la CEOE, Gema Díaz Real acudió a la sede del Gobierno. Aunque ambas partes aseguraron que se trataba de una visita programada, en la opinión pública quedó la sensación de que Diego llamaba a capítulo a los empresarios que, como es evidente, sólo han de responder ante sus asociados, igual que los representantes de los sindicatos sólo lo hacen ante los suyos.
Lo cierto es que, aunque en febrero la CEOE ya acogió con mucha tibieza el Plan de Diego, el voto, no consensuado, de los cuatro empresarios que representan a la patronal en el CES (entre ellos el expresidente Alfredo Salcines) dejó en una posición muy incómoda a la presidenta de la CEOE: sola, frente al Gobierno, con el que había tenido una comunicación fluida hasta ese momento, y frente a la Tercera Vía. Y, para colmo, ofrecía síntomas de que podía llegar a aparecer una Cuarta Vía, y esta vez entre sus propias fuerzas.
Tantas vías de agua necesitaban decisiones rápidas y el Gobierno, que hasta ahora se había tomado con enorme calma todo el Plenercan, pasó a presentarlo de improviso a la opinión pública. Al menos conseguía cerrar un frente, el de los adjudicatarios de las demarcaciones eólicas, que aunque no se hayan pronunciado públicamente, se han sentido maltratados por Diego e incluso humillados con sus comentarios despectivos hacia algunos proyectos, que consideró “de chiste”.
La presentación en el Parlamento Regional de las líneas maestras del Gobierno para la promoción económica, con rango de gran acontecimiento, fue el segundo indicio de ese interés. En realidad, importaba más llenar el patio de empresarios que los ejes expuestos por Diego, tan etéreos como en ocasiones anteriores. Esa sería la primera foto de Diego con el Comité Ejecutivo de la CEOE, en la que debía quedar constancia de que no hay distanciamiento. La foto se repetía poco después en un restaurante de la ciudad donde presidente y patronal se reunían en un almuerzo para intercambiar puntos de vista.
Restablecer la imagen de que los empresarios respaldan la acción de Gobierno se había convertido en prioritario frente al consenso con la oposición. La reunión prevista en la sede de Peña Herbosa con Rosa Eva Díez Tezanos, nueva secretaria general de los socialistas, fue aplazada al lunes a las 4.00 de la tarde, a sabiendas de que una hora después ella tenía que intervenir en la Cámara, pero tampoco se celebró en ese momento. Diego no llegó a tiempo.
La estrategia del Gobierno va dirigida a recuperar el apoyo de su base electoral más influyente. La última reunión con los alcaldes del PP no ha sido fácil para Diego, que no tenía nada que ofrecerles, y entre los empresarios más vinculados al Partido Popular también es notorio el descontento, sobre todo entre los más cercanos al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, al que ponen como ejemplo de una actitud más positiva para combatir la crisis.
La ideología, en cualquier caso, deja de ser el valor relevante cuando lo que se trata es de salvarse de un naufragio: “Yo he tenido que despedir a casi cincuenta trabajadores progresivamente”, dice un empresario vinculado a la obra pública que fue concejal del Partido Popular en anteriores legislaturas y que ahora, como el resto de sus colegas, se encuentra ante el abismo. “Y nadie ha venido a ofrecerles recolocaciones como a los de Papelera del Besaya o a los de Teka. ¿Es que mis trabajadores son menos importantes?” se pregunta dolido.
Hasta ahora nadie se ha expresado públicamente, pero algunos se lo plantean: “Ya no tenemos nada que perder”. “¿Qué voy a protestar después de tener que cerrar la empresa?”, advierte otro, repasando la alarmante lista de los colegas que han presentado concurso de acreedores desde enero. La mayoría desaparecerán para siempre y no por las veleidades de un empresario poco responsable. En muchos casos son empresas familiares que primero consumieron sus propios recursos y que, a medida que se prolongaba la crisis, están acabando por consumir también los personales de sus propietarios.

También en Teka

La solución del ERE de Teka es otra fuente de malestar. El que una sola empresa, Nestor Martin, haya conseguido gran parte de los recursos estipulados para la promoción del empleo y la industria regional durante todo el ejercicio es criticado por otros. Tampoco ha pasado desapercibido que los receptores de las ayudas sean personas próximas al PP y al propio Ignacio Diego.
Nestor Martin va a conseguir 10 millones de euros en avales y subvenciones y podrá asentarse en las instalaciones de Teka gratis durante cinco años, unas condiciones que obviamente no tiene su principal competidor en el mercado, que casualmente es cántabro, Hergom, lo que a su vez crea otro agravio.
El Gobierno espera que la presión se rebaje notablemente con la aprobación del plan de pagos de las administraciones públicas a través de Hacienda, ya que introducirá dinero en el mercado a través de una sucesión de abonos (el que cobra paga a sus acreedores y así sucesivamente). Sin embargo, es muy probable que mucho del dinero llegue a la cuenta bancarias de los acreedores y ya no salga de ahí, dado que los bancos también están a la cola para cobrar. Tampoco resulta muy creíble la teoría de que, aunque gran parte de esa deuda está contraída con las empresas farmacéuticas, en ese grupo hay muchos proveedores locales, porque el grueso de los laboratorios y fabricantes de prótesis son multinacionales ajenas a la región.
La interlocución con el presidente regional tampoco es fácil y los propios consejeros a veces se sienten obligados a excusarse. Esa dificultad ha llevado a algunos empresarios a tirar por elevación y tratar de resolver sus problemas ante el mismo Mariano Rajoy o ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más vinculado a Cantabria, pero tampoco han encontrado por esa vía la respuesta que esperaban.
El resultado de todo ello es un creciente distanciamiento del Gobierno de la clase empresarial, cada vez más menguada por la crisis. Las notas de felicitación de algunas asociaciones de comerciantes cuando el Ejecutivo toma medidas referidas a su sector ya no pasan de ser consideradas como una mera revancha contra el Gobierno anterior, porque a estas alturas, la viabilidad del pequeño comercio local depende muy poco de cursos, subvenciones e inspecciones a los comerciantes chinos. Nadie tiene dinero y nadie compra. Ese es el problema y la solución no está cerca.