Plazas de aparcamiento para construir amarres

Entre las obras incluidas en el proyecto de ordenación de la bahía castreña diseñado por el Gobierno cántabro, sólo una no ha generado contestación en la población local, la construcción del parking de Amestoy. Una necesidad para la tercera ciudad de Cantabria por número de habitantes, aunque no todos figuren como residentes
El subterráneo será uno de los más grandes de la región, con 763 plazas que vendrán a aliviar considerablemente el impacto que produce la búsqueda de aparcamiento sobre el tráfico rodado en esa zona de la villa.
Pero la entrada en funcionamiento del parking tendrá otras consecuencias menos deseables para los castreños que se siguen oponiendo a la reordenación del frente marítimo, la de proporcionar los recursos económicos para que esas obras puedan continuar, ya que la empresa pública Gesvican va a dedicar los ingresos que proporcione la concesión del aparcamiento a completar la reforma del borde marítimo que impulsa la Consejería de Obras Públicas.

Tres años de obras

Para llegar a este punto ha sido necesario sortear muchas dificultades no y no solamente técnicas, dado que no ha sido fácil la coordinación del proyecto con una corporación municipal con la que el Gobierno mantiene notorias discrepancias políticas. La primera demora en el comienzo de las obras, previsto para noviembre de 2007, fue debida a la necesidad de reformar el proyecto inicial para eliminar el soterramiento de la Avenida de la Constitución. El alcalde, Fernando Muguruza, estimaba que las embocaduras del vial subterráneo tenían una excesiva incidencia visual sobre el entorno.
Modificado el proyecto, los trabajos comenzaban en enero de 2008 con la habilitación de un aparcamiento provisional en el Muelle de Don Luis mientras durasen las obras.
Como en todos los proyectos que se ejecutan en terrenos ganados al mar, la construcción del aparcamiento subterráneo de Amestoy se presentaba compleja desde el punto de vista geotécnico y estructural. Para soportar la presión del agua fue preciso realizar un cierre perimetral con pantallas, para colocar después una gran losa que impermeabilizase el terreno.
Una vez resuelta esta laboriosa fase de cimentación, la obra fue avanzado hasta su conclusión en enero con la urbanización de todo el espacio ocupado actualmente por el Parque Amestoy y la Avenida de la Constitución. En total 20.800 metros cuadrados, parte de ellos ajardinados, con nuevas luminarias y un renovado mobiliario urbano. Además de una zona peatonal, que transcurrirá por la Avenida de la Constitución, los castreños podrán disfrutar de un carril bici.
La estética del nuevo parque fue otro motivo de debate y mientras algunas opiniones se inclinaban por un diseño vanguardista, otras optaban por un modelo de urbanización más tradicional, que respondiese a lo que fue el Parque de Amestoy en sus orígenes. Este concepto clásico y continuista fue el que finalmente triunfó, al entenderse que era el más acorde con el estilo de las casas del entorno.

Uno de los parkings más grandes de Cantabria

Las 763 plazas del aparcamiento subterráneo de Amestoy están repartidas en dos plantas de 11.700 metros cuadrados cada una. El aparcamiento cuenta con dos accesos de entrada y salida para vehículos y cuatro para peatones, dos de ellos con ascensor. Además, está dotado con instalaciones de detección y extinción de incendios, ventilación de gases, control de accesos, sistema para el grabado de matrículas y algo muy útil para los usuarios como es la indicación de las plazas libres.
La empresa pública Gesvicán será la encargada de gestionar este aparcamiento y lo hará, como es habitual, mediante la fórmula de concesión. A finales de diciembre se hacía pública la licitación en 1,4 millones de euros de la gestión completa del subterráneo. Para las 385 plazas de carácter rotatorio se fijan unas tarifas máximas de 0,025 euros por minuto, es decir, de 1,05 euros por hora. El alquiler anual de un espacio costará 1.500 euros y el importe mensual será de 145 euros.
La mitad del subterráneo se reserva para concesiones privadas de 40 años. El precio de cada una de las 378 plazas varía desde los 25.000 euros que pagarán los adquirentes que estén empadronados en Castro Urdiales y los 35.000 euros de quienes no lo están.

Recursos para la dársena

Los ingresos que genere la explotación del parking ya tienen un destino asignado, el de contribuir a financiar los 30 millones de euros que costará la reforma de la dársena castreña, un empeño en el que la Consejería de Obras Públicas está encontrando muchas resistencias dentro de la propia localidad.
El primer intento de sacar a concurso la construcción y explotación del puerto deportivo que se pretende crear allí, se saldó con un fracaso al quedar desierta la adjudicación. O bien las empresas privadas no lograron obtener financiación o ninguna tuvo interés por el negocio de los amarres en una época de incertidumbre económica.
Para continuar con sus planes, la Dirección General de Puertos recurrió a la empresa pública Gesvican, a la que encomendó la ejecución del proyecto de ordenación de la bahía, tanto del puerto deportivo como de los trabajos de refuerzo y acondicionamiento del rompeolas. A esas obras irán destinados los recursos que obtenga de la concesión del parking, con la intención de que la iniciativa se autofinancie, acomodando el ritmo de ejecución al flujo de estos ingresos.
El proyecto ha sido modificado por la Consejería como una concesión a la plataforma que se opone al puerto deportivo, reduciendo el número de atraques y la lámina de agua afectada. También ha eliminado algunos de los edificios previstos y ha encargado un nuevo estudio a la Universidad de Cantabria sobre la topografía de los fondos de la bahía castreña.
Mientras se ejecuta ese proyecto hay una realidad de la que ya pueden disfrutar los habitantes de Castro Urdiales, las plazas de aparcamiento en una zona muy necesitada y la recuperación de un espacio público que presentaba muchas deficiencias como era el Parque Amestoy, aunque esa obra haya acarreado otro enfrentamiento entre el polémico equipo de gobierno de Castro Urdiales y el Ejecutivo cántabro: el de los 800.000 euros que el Ayuntamiento reclama por la licencia de obras del parking y que la Consejería se niega a pagar argumentando que la obra se ha ejecutado en terrenos del puerto sobre los que el Ayuntamiento no tiene competencias.