Soberanía para olvidar
La sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a pagar atrasos a los trabajadores públicos desde 1997 por no haber cumplido un pacto laboral ha propiciado una campaña de gran calibre contra los jueces en general desde los medios de comunicación que apoyan al Ejecutivo, que son la mayoría. Es cierto que el resultado de la sentencia es una auténtica bomba económica, (medio billón de pesetas) pero también es cierto que el Gobierno ha regalado 1,3 billones de pesetas a las eléctricas como compensación por la liberalización del mercado, lo que, con la misma lógica, debiera ser considerado mucho más grave para los intereses públicos, por no hablar de los cuatro o cinco billones de pesetas que renuncio a ingresar al entregar gratis las licencias de telefonía UMTS que países al parecer más pobres, como Alemania, han vendido en ocho billones de pesetas al cambio.
La sentencia en sí puede ser discutible, como todas. Lo que resulta un tanto disparatado es suponer que menoscaba la soberanía del Parlamento para hacer los presupuestos. También cualquier particular es soberano para hacer el presupuesto familiar del año, pero eso no le permite dejar de pagar el crédito hipotecario que tenía contratado y que ha de considerar una obligación ineludible a la hora de planificar sus gastos.
De acuerdo con esta moderna teoría soberanista, el Parlamento cántabro podía haber dejado sin abonar las deudas dejadas por Hormaechea; no tendríamos por qué someternos al Plan de Estabilidad que ha impuesto a Cantabria, como al resto de las regiones, el ministro de Economía. No hay ninguna ley que obligue a cumplir los criterios de Maastrich, como tampoco hay por qué aceptar las imposiciones de Madrid sobre endeudamiento a la hora de hacer el Presupuesto, y, muchísima menos consistencia tendrá el dejar fuera del debate parlamentario todas las obras que se hacen con financiación afectada, y que ya ni siquiera pueden discutirse porque supuestamente están decididas por las autoridades europeas.
Es cierto que los Parlamentos están perdiendo soberanía a marchas escandalosas, pero también es cierto que es el propio Gobierno el que lo está propiciando a través de estas fórmulas y de otras como el desviar todas las partidas inversoras hacia empresas públicas sobre las cuales el control parlamentario es poco menos que imposible. Por eso, escandalizarse por la sentencia no deja de ser un enorme ejercicio de hipocresía.
