La industria supera la huelga del transporte

En Cantabria, las huelgas de transportistas suelen empezar antes que en el resto del país y acabar más tarde. En esta ocasión, las diferencias han sido pequeñas, pero eso no ha evitado que cuarenta y ocho horas después de que la situación se hubiese normalizado en casi toda España aún se produjesen incidentes en la región, protagonizados por piquetes de transportistas autónomos.
La huelga estaba motivada por el desmesurado aumento del precio del combustible, que obliga a un transportista a pagar alrededor de tres mil euros al mes por este concepto y las dificultades para trasladar estas subidas al precio de los portes, donde no hay tarifas fijas. El exceso de oferta de camiones y la disminución del consumo, que reduce su demanda, ponen contra las cuerdas a los transportistas españoles, aunque la situación no es muy diferente en otros países.
Las patronales más beligerantes han sido las que agrupan a los autopatronos, pero la huelga inmovilizó toda la flota nacional de camiones, a excepción de los convoyes escoltados por la fuerza pública, que evitaron un desabastecimiento total en los comercios y la interrupción en el suministro de combustibles. En Cantabria, la Delegación del Gobierno utilizó las campas del Puerto de Santander como centro logístico de reunión y formación de esos convoyes, lo que minimizó los incidentes con los piquetes durante la semana de paro.
El hecho de que la huelga durase menos que en otras ocasiones y los acopios realizados por la mayor parte de las industrias de la región evitó graves quebrantos económicos en las fábricas, si bien en algunas fue necesario reducir el ritmo de actividad.
La huelga coincidió con otra del sector pesquero, afectado también por el fuerte alza en los precios del gasoil y que tampoco encuentra la forma de repercutir estas subidas en el precio del pescado, a consecuencia de las importaciones masivas.

Indemnización por las paralizaciones

El acuerdo del Ministerio con los transportistas que puso fin a la huelga tiene algunos aspectos poco conocidos. Una de las medidas que más ha satisfecho a los camioneros es la indemnización por la paralización de los vehículos. A partir de la segunda hora que permanezcan sin descargar o cargar la mercancía, recibirán del cliente 34,46 euros (dos veces el IPREM diario) por cada hora de espera, hasta un máximo de diez horas por día.
La medida, como es evidente, no ha sido muy bien acogida por las empresas cargadoras, como tampoco las promesas gubernamentales de imponer una cláusula de revisión automática en los contratos según varíe el precio del gasóleo. Pero tampoco para muchos autónomos, ya que ese importe no llegaría al bolsillo del transportista que actúa subcontratado.

Reclamar los daños

Algunos despachos de abogados han empezado a trabajar en la posibilidad de imputar a los huelguistas los costes originados a las empresas, algo que representaría un precedente en España y que parece poco probable. No obstante, tienen base legal. Los autónomos, que han sido los más activos en este conflicto, no tienen reconocido el derecho a la huelga, puesto que son empresarios. Cuando dejan de realizar un porte, en realidad están incumpliendo un contrato. Obviamente, los autónomos responden que esa es la única vía que tienen para defender sus intereses.
En la huelga ha habido otros muchos perjudicados, entre ellos los propietarios de las mercancías que no llegaron a su destino. El Reglamento de Ordenación de los Transportes de 1990 prevé una indemnización máxima de 4,5 euros por kilo perdido, siempre que en los contratos no se hayan establecido otras condiciones, pero hay afectados que defienden que estas limitaciones estaban estipuladas para las pérdidas involuntarias y no para las dolosas. Por último, están las empresas que se han visto obligadas a reducir o paralizar su actividad por no poder sacar el producto o no recibir los suministros y que difícilmente van a conseguir liberarse del abono de los salarios de esos días.

Descenso de los portes

El negocio del transporte se ha resentido de la subida de los combustibles pero, sobre todo, del descenso de la demanda y es la suma de ambos factores la que coloca a los autónomos en una situación crítica. De acuerdo con un informe que ha elaborado la Cámara de Comercio de Cantabria sobre la coyuntura del sector, en el primer trimestre del año el 61,2% de las empresas de la región dedicadas al transporte había sufrido una reducción de las ventas y sólo un 11,8% pudo mejorarlas. No obstante, ninguna de ellas había tomado medidas, en ese momento, con respecto a las plantillas.
La encuesta se ha realizado con 338 entrevistas a empresas del sector, de las que el 47% pertenecen a la Asociación Empresarial AETRAC. En la región existen nada menos que 2.849 compañías de transporte y autopatronos, un censo muy numeroso que genera un 4,9% del Valor Añadido Bruto de Cantabria. Un porcentaje lo bastante significativo como para que la Cámara de Comercio haya decidido iniciar un seguimiento periódico de la evolución del sector.
Aunque la mayoría de los transportistas no ha podido repercutir la subida del combustible en los precios de venta, hay quien sí ha logrado reajustar las tarifas. Según se deduce de las respuestas, lo consiguió uno de cada tres (el 34,5%). El grueso del sector (50,9%), sin embargo, se tuvo que contentar con mantenerlas a costa de reducir sus márgenes y un 14,6% tuvo que aceptar trabajar por menos dinero.
A pesar de todo, las expectativas que tenían los transportistas para el segundo trimestre del año no eran tan malas como cabía imaginar. El 35,2% preveía que su cifra de negocio se mantuviese y el 23,6% que aumentase, aunque un 41,2% estaba convencido de que iba a disminuir.