Un Plan demasiado general

Las objeciones más notorias puestas por los técnicos de Urbanismo del Gobierno de Cantabria al Plan General de Ordenación del Urbana (PGOU) de Santander han salido a la luz y han provocado tensiones imposibles de esconder entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional, a pesar de estar gobernados por el mismo partido. Se refieren a las opiniones de la Comisión Regional del Territorio sobre la escasa oportunidad del proyecto del metrotren o las serias dudas de que se afronte el túnel bajo la loma de General Dávila para poder llevar el tráfico de la zona Norte desde la Vaguada de las Llamas (el puente de Arenas) hasta el corazón de la ciudad.
Pero las objeciones tienen un planteamiento de fondo que costará resolver más que días o semanas, como han venido sosteniendo ambas partes, entre ellas la capacidad de los viales para absorber la población de los nuevos asentamientos previstos, la adecuada zonificación de los terrenos del Plan de Ordenación del Litoral o unos cálculos de la población demasiado optimistas, apoyados en la llegada de una alta velocidad que ya nadie espera o en las estadísticas de venta de viviendas de los años del boom.
El Plan General, que recoge, entre otros grandes proyectos para la ciudad, la construcción de un túnel entre las estaciones de Renfe y FEVE y la Avenida de Los Castros, y un metro ligero que fue uno de los asuntos estrella con los que Íñigo de la Serna se presentó a sus primeras elecciones al Ayuntamiento de Santander.
Estas iniciativas dan lugar a algunos de los reparos planteados por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo –en una Consejería a cuyo frente se encuentra el antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento, Javier Fernández– en el informe que sirvió para que el Gobierno devolviera el Plan al Consistorio que, además de resolver las objeciones, tendrá que someterlo a un nuevo período de exposición pública. Será la quinta vez que realice ese trámite.
Unos movimientos circulares que han exasperado también a muchos empresarios pendientes de licencias y a quienes simplemente esperan que el Plan aporte un poco de actividad económica. La visita del hasta ahora presidente de la CEOE, Alfredo Salcines, al alcalde para exponerle las preocupaciones de la patronal es significativa.
Además del problema económico que plantea el retraso, el Plan ha acabado por convertirse en un problema político en el interior del PP. La difusión pública de las objeciones hizo que aflorasen las tensiones existentes entre Gobierno y Ayuntamiento, cuyos líderes, Ignacio Diego e Íñigo de la Serna, suscribieron en plena campaña electoral un compromiso de colaboración que encaja mal con el reciente intercambio de declaraciones en las que el regidor santanderino, vicesecretario regional del PP, critica el trato recibido desde Puertochico, donde tampoco se ha atendido, ni siquiera con una cantidad simbólica, su reclamado estatuto de capitalidad.

La oportunidad del AVE

La evolución de la población en Santander no sólo está en el fondo de los reparos de los técnicos de urbanismo sino que preocupaba al propio equipo redactor del Plan General, al advertir que la movilidad laboral con los municipios próximos, convertidos en barrios dormitorios de la ciudad, era insostenible tanto desde el punto de vista energético como por el «desgaste” personal que origina.
En la memoria de ordenación del Plan General se hacía referencia a las «nuevas expectativas» que se abrían para Santander con la llegada de la alta velocidad, remitiéndose a lo sucedido con Ciudad Real o Puertollano con el AVE, una infraestructura que el alcalde, Íñigo de la Serna, convirtió en uno de los ejes fundamentales de sus reivindicaciones ante los gobiernos central y regional.
Pero el caso es que los sucesivos retrasos en la tramitación han provocado que el Plan quede desfasado en este y en otros muchos aspectos, como advierte el Gobierno cuando pone como ejemplo unas previsiones de construcción de viviendas basadas en la demanda existente antes de la crisis económica.
En concreto, el Ayuntamiento contemplaba para las nuevas zonas de expansión de la ciudad la construcción de 18.500 viviendas (6.000 de ellas con algún tipo de protección), con lo que se calculaba que, en un futuro próximo, Santander llegaría a tener 116.500 viviendas y una población de unos 263.000 habitantes. Los nuevos asentamientos se concentrarían en la zona norte (San Román de La Llanilla, Monte y Cueto), el entorno de la S-20 y Peñacastillo.
Las zonas a proteger son la peña de Peñacastillo, la Vaguada de Las Llamas y el borde litoral del Norte. Todo lo demás es convertido por el Plan en suelo residencial o productivo. Para justifica esas necesidades recuerda cómo entre 1997 y 2006 se solicitaron en Santander 9.062 licencias para viviendas. Esas construcciones en teoría deberían haber conllevado un aumento de población de entre 20.000 y 30.000 habitantes pero esta suposición no se sólo no se cumplió, sino que la capital perdió 2.363 vecinos entre 1998 y 2007.
El Plan del Ayuntamiento, no obstante, mantiene la expectativa de que la población crezca y propone espacios para desarrollar nada menos que 34.417 viviendas en doce años, que podrían añadir una población de 43.215 personas. No parece que este cálculo sea muy realista, ni siquiera en el caso de que volviesen los años del boom inmobiliario, pero tampoco es muy creíble que a estas alturas siga habiendo dos grandes bolsas de potenciales compradores de vivienda en Santander, tal como suponen los redactores del Plan: los inmigrantes y los jubilados de otros municipios, que prefieren la comodidad de la ciudad para sus últimos años.
El informe de la CROTU no entra en valoraciones sobre estos supuestos tan poco ajustados a la realidad. Se limita a apuntar la evidencia de que las expectativas inmobiliarias han variado mucho desde 2008.

La planificación de infraestructuras

Las objeciones también hacen hincapié en la «insuficiencia» de los ejes transversales que conectan el Norte y el Sur de la ciudad, separados por la loma de General Dávila y la Vaguada de las Llamas, un aspecto en el que, de hecho, viene trabajando el Ayuntamiento con la construcción de puentes y algunas conexiones pendientes desde que el Ministerio de Obras Públicas (hoy Fomento) hizo la S-20. El Estado pagó entonces la autovía, pero la ciudad tenía el compromiso de llevar a cabo todo el sistema viario transversal. Sin embargo, década y media después aún está por hacer en buena parte y de lo que se ha hecho, la mayoría lo ha acabado financiando el Estado.
A los técnicos del Gobierno les provoca «especial preocupación» la insuficiencia de las glorietas actuales de la S-20 para conectar con los acceso a la ciudad y temen que la gran glorieta que aún está pendiente para dar salida a todas las viviendas que el Ayuntamiento pretende hacer al norte de la S-20 acabe por complicar más las cosas, en lugar de solucionarlas. Supone que, como es lógico, los nuevos vecinos no sólo querrán circular en sentido longitudinal, sino también transversal, para ir al centro del casco urbano y no tengan vías suficientes para hacerlo.
La CROTU advierte que, en el futuro, la entrada a la ciudad por la S-20 pueda sufrir los mismos colapsos que ya tienen otras y opina que lo mejor es “planificar a tiempo» las soluciones.

Otras infraestructuras poco definidas

La Comisión Regional también pide «una programación más detallada» de las actuaciones destinadas a garantizar el suministro de agua y su financiación. El Ayuntamiento deja esa responsabilidad a Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, pero la CROTU insiste en que esa información debe aparecer en el Plan, lo pague quien lo pague.
Tampoco figuran las partidas económicas para infraestructuras energéticas o los trazados de las redes de telefonía, que la CROTU considera «a la misma altura que los servicios públicos», por lo que recomienda al Ayuntamiento que las incluya en el Plan, al igual que hace con las del gas o la electricidad.

Evitar un fraude de ley

Entre las restantes consideraciones se encuentra la petición de que se clasifiquen de forma adecuada los terrenos afectados por el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Unos suelos situados en el borde costero de Cueto y Monte, con un régimen de restricciones muy severo.
Si se hubiera aprobado el Plan General en los términos propuestos inicialmente, esos suelos, que el POL define como área de interés paisajístico o protección litoral, habrían pasado a estar clasificados como suelo urbanizable y para su posterior desarrollo resultaría necesario un plan parcial –un instrumento pensado para una zona concreta–, lo que «podría llevar a pensar», según la CROTU, que esos suelos podrían acabar estando excluidos del Plan de Ordenación del Litoral.
A esa conclusión se llega porque el POL deja fuera los suelos urbanos y urbanizables con plan parcial aprobado y, en consecuencia, podrían «quedar desprotegidos» en posteriores revisiones del planeamiento. En opinión de la CROTU, esto «no resulta admisible», entre otras cosas, porque lel Plan del Litoral sí incluye mecanismos para añadir nuevos suelos protegidos pero no para excluirlos.
La Comisión considera “un fraude de ley”, la posibilidad de desactivar a través de un plan parcial las previsiones sobre este suelo. Una advertencia muy clara, por si el Ayuntamiento tuviera otras intenciones con esa redacción.
El documento del Ejecutivo advierte que el Plan del Litoral limita las obras en las edificaciones ya existentes a las rehabilitaciones, sin incremento de volumen, algo que puede chocar con el Plan General, que es bastante más permisible.
También señala que las edificaciones ya existentes se califican como espacios libres, algo que las colocaría fuera de ordenación y comprometería su viabilidad.
En el caso de los núcleos tradicionales de viviendas, la CROTU recuerda que la suspensión de licencias de ampliación y obra nueva hasta que se elaboren planes especiales –para lo que se da un plazo de un año– no tiene amparo en la Ley del Suelo.

Clasificaciones “erróneas”

El informe que elaboró la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) también se advierte un “error” en la clasificación de espacios, al incluir en los sistemas de espacios libres 289.901 metros cuadrados de playas (dominio público). Una inclusión que el Ayuntamiento podría haber decidido para aumentar el ratio de cara a la aprobación del Plan.
Algo parecido sucede con el campo de golf de Mataleñas, un equipamiento que figura entre los espacios libres, pese a que sus instalaciones sólo son accesibles para socios y federados.