No hay problema, somos ricos
La subasta de las licencias de telefonía móvil UMT en Alemania y en Inglaterra ha sacado los colores al Gobierno español. En nuestro país se concedieron qué casualidad, un sábado, el día de reflexión antes de las elecciones generales, quizá porque el PP no tenía todas las garantías de ganar y no estaba dispuesto a dejar que otro entregase tan sustanciosos regalos. Y qué casualidad, las concedió gratis.
Según Rato, era una cuestión de filosofía: si se entregaban gratis las licencias, los futuros operadores pondrían a los ciudadanos tarifas más baratas, dado que su inversión resultaría mucho más reducida. Un argumento que valdría para todo: si el Gobierno decidiese renunciar a sus ingresos por el combustible también la gasolina resultaría más barata para los ciudadanos, si no exigiese el pago de matrícula en la Universidad, sería más accesible, etc. etc.
Pero ahora sabemos que ese argumento tampoco vale. Cuando Telefónica paga una cantidad astronómica por una licencia en Alemania (1,4 billones de pesetas más otro tanto que deberá invertir para ponerla en uso) está claro que utiliza recursos obtenidos de los usuarios españoles del teléfono y no hay ninguna garantía de que las tarifas que se cobren en el futuro en España sean inferiores a las de Alemania o las de Inglaterra. Lo más probable es que sean semejantes en cuyo caso se va a producir un fenómeno curioso. España, país rico, como se sabe, no sólo renuncia a ingresar varios billones por las licencias, que hubiesen permitido rehacer toda la red de carreteras, garantizar que no habrá desequilibrios financieros en la Seguridad Social en los próximos cien años o sufragar durante décadas el presupuesto de Cantabria. También se va a convertir en un país generoso con los pobres, como Alemania o Inglaterra, a los que va a transferir rentas para mejorar su precaria calidad de vida.
Esta paradoja, con la que ahora se encuentra Rato, resulta más sangrante por el origen del problema. En un país que montó un escándalo descomunal porque el entonces ministro Solchaga viajó entre Valencia y Menorca con dos pasajes que le regaló Trasmediterránea, el famoso “gratis total”, y cuyo importe apenas superaba las treinta mil pesetas, se encuentra diez años más tarde con un regalo público de más de tres billones de pesetas, una cifra ante la cual no tiene, siquiera capacidad de respuesta. En primer lugar, porque son grandes números difíciles de asimilar por la ciudadanía, pero lo más significativo es que el sistema de control social también ha fracasado. Los medios de comunicación no pueden ensañarse con el Gobierno porque la mayoría de los grupos mediáticos han obtenido en las mismas condiciones su licencia de radio digital, telefonía o televisión, o pertenecen a la propia Telefónica, con lo cual sería tanto como tirar piedras contra su tejado. Ahora son ellos los del gratis total y los primeros interesados en amortiguar la polémica y si, de todas formas, la marea se desborda, tratarán de que sea de una manera contenida, es decir el pago de un canon relativamente modesto, para salvar la cara del Gobierno. Eso no causaría demasiado problema porque ahora ya son conscientes de que basta vender su licencia a una multinacional –lo que probablemente ocurrirá– para obtener, sin haber invertido un duro, más dinero de lo que han conseguido en su negocio a lo largo de toda su existencia. Eso sí que es un regalo.
