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El Gobierno estudiará que la revisión a la baja del PIB no afecte a la subida salarial de funcionarios en 2020

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Amplía los sectores esenciales en la Oferta de Empleo Público e incluye a los servicios vinculados a violencia de género

MADRID, 10

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está dispuesto valorar los efectos de la revisión a la baja del crecimiento del PIB en 2019 sobre las nóminas de los empleados públicos el próximo año, tal y como han reclamado este jueves los sindicatos en la última reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Así lo señala CSIF en una nota, en la que explica que el sindicato pretende que este nuevo escenario macroeconómico no afecte a la subida salarial, teniendo en cuenta el “sacrificio” realizado por los empleados públicos durante los años de la crisis. En este sentido, asegura que desde Función Pública se han mostrado “receptivos” a negociar esta propuesta.

Este asunto se ha abordado en la Mesa General de las Administraciones Públicas, órgano presidido por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y en el que están presentes UGT, CCOO, CSIF, ELA, CIGA, además de la FEMP y las comunidades autónomas, convocada para comunicarles formalmente la subida salarial de al menos un 2,25% para los empleados públicos en 2019, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y para informar sobre el anteproyecto de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros este viernes.

El acuerdo salarial, firmado en marzo del año pasado, contempla una subida fija del 2,25% para este año, más un 0,25% de fondos adicionales y hasta un 0,25% de más ligado al crecimiento del PIB. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que el Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para este año, hasta un 2,2%, lo que podría repercutir en la subida salarial de los empleados públicos en 2020.

CSIF considera que tras los acuerdos firmados en materia de Función Pública ha llegado el momento de afrontar nuevos retos y líneas de trabajo para reforzar los servicios que reciben los ciudadanos y mejorar las condiciones de los/las empleados públicos.

Asimismo, ha pedido la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada decretada por el Gobierno de Zapatero en 2010, el desarrollo de la carrera profesional en la Administración para que los empleados públicos puedan progresar y mejorar sus retribuciones en el mismo puesto, o la recuperación del 3% de la masa salarial para ayudas sociales.

También ha reclamado dotación presupuestaria para avanzar hacia la equiparación salarial de la Administración General del Estado y de la Justicia no transferida y que los próximos Presupuestos incluyan un fondo de 123 millones para complementar la subida en el ámbito de Prisiones.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, ha lamentado la falta de negociación previa por parte del Gobierno sobre las condiciones laborales de más de tres millones de trabajadores públicos, y ha defendido que los gobiernos “debieran mejorar su cultura democrática y respetar el diálogo social”.

CC.OO. ha exigido también que los incrementos establecidos en función del crecimiento del PIB sean reales y, por lo tanto, se adapten a las nuevas previsiones que el Gobierno ha establecido. En caso contrario, advierte de que se vería mermada la subida salarial por una decisión “unilateral” del Gobierno.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

En materia de empleo público, CSIF ha pedido que se agilice la oferta, dado que aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a estar aprobada, y ve preciso definir la de 2019. Además, considera que se deben agilizar los procesos de estabilización de plazas interinas, especialmente en ámbitos como la sanidad.

En materia de personal, CSIF insiste en la necesidad de afrontar un plan de recursos humanos que permita rejuvenecer la administración y garantizar la calidad de los servicios públicos en ámbitos como Prisiones, Educación, Sanidad, Justicia o Seguridad Social, sin límites de tasa de reposición. Desde enero de 2010 se han perdido 106.605 empleos como consecuencia de los recortes de la crisis, según CSIF.

Fernández (CC.OO.) ha vuelto a pedir la eliminación de la tasa de reposición, al considerar que en esa dirección “hay recorrido para incrementar la oferta de empleo público en España, mejorando con ello los servicios públicos que requiere la ciudadanía”.

De su lado, UGT ha planteado una Oferta de Empleo Público destinada a reducir la temporalidad -que alcanza el 20% en Sanidad y Educación- , el desarrollo y la firma del IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE -que afecta a unos 50.000 trabajadores- y la solución al “grave” problema de Instituciones Penitenciarias, que pasa por redimensionar las plantillas y equiparar los salarios del personal de todas los distintos centros penitenciarios.

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, se repiten las cifras de 2018 y se incluyen como sectores prioritarios los servicios vinculados a la violencia de género, según ha informado UGT.

El secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha explicado que en la reunión se han abordado temas como el de la jornada laboral y la jubilación parcial y anticipada de los empleados públicos.

UGT también ha exigido a la Administración la solución inmediata del problema salarial del personal laboral de la Administración General del Estado que presta servicio en el exterior, un colectivo de más de 9.000 empleados públicos que tiene sus salarios congelados desde 2009.

JORNADA DE 35 HORAS

Los sindicatos también han reclamado que se negocie la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, sin tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos del déficit y la regla de gasto, así como la concreción presupuestaria de la bolsa de horas para promover la conciliación.

CC.OO. recuerda que el objetivo de 35 horas fue asumido por el PSOE en el debate parlamentario de hace un año, por lo que “el Gobierno debe cumplir con su palabra y dejar de poner obstáculos a su implantación”, al tiempo que reclama que se arbitren partidas presupuestarias para eliminar la brecha salarial de género y se extienda el permiso de paternidad a todos los empleados públicos.

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Source: Europapress

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