El Gobierno cambia la norma de evaluación de las pensiones y mandata a la AIReF a realizar un nuevo examen

El organismo presidido por Cristina Herrero tendrá que emitir este informe adicional antes del 1 de junio de 2026

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha diseñado un proyecto de ley, ahora en audiencia pública, con el que reforma el Real Decreto de 18 de febrero que establecía cómo debía evaluar la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el sistema de pensiones por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.

Con los cambios introducidos en este proyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, la AIReF tendrá que elaborar un informe adicional al emitido el pasado 31 de marzo sobre el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones. Es decir, que el sistema deberá volver a pasar un nuevo examen antes de lo previsto, pues estas evaluaciones de la AIReF estaban establecidas para realizarse cada tres años.

Según los diarios El País y El Mundo, que han adelantado esta información, la repetición del examen de la AIReF se debe a presiones de Bruselas para que, en la evaluación de las pensiones, no se tengan en cuenta las transferencias del Estado como ingresos, frente a lo recogido en el Real Decreto del Gobierno.

De hecho, en el proyecto de ley que ha elaborado ahora el Ministerio se suprime la apelación directa que se hacía en el artículo 12 del Real Decreto para considerar como ingresos del sistema de la Seguridad Social las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.

En el texto del proyecto de ley, el Gobierno justifica la necesidad de modificar el Real Decreto de 18 de febrero en las recomendaciones que realizó la AIReF en su primer examen de pensiones. El organismo recomendó integrar la regla de gasto de pensiones alineándola con los objetivos del marco fiscal, tanto europeo como nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación y simplificar el sistema actual.

Además, expone el Ejecutivo, la AIReF cree necesario homogeneizar los periodos de revisión, puesto que la regla de pensiones se revisa cada tres años y el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo tiene una vigencia de cuatro años aunque es objeto de seguimiento anual.

Con el objeto de avanzar en el cumplimiento de esta recomendación, el Gobierno considera necesario modificar la normativa «a pesar de su corta vigencia», para incorporar en el texto «una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas».

«Se pretende con ello dar un primer paso en la homogeneización de las reglas propuestas por la AIReF incorporando en el análisis la sostenibilidad en el largo plazo», apunta el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno afirma que modifica el Real Decreto para que la AIReF realice un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 con el fin de tener en cuenta «los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas».

En este sentido, el Gobierno señala las «importantes» revisiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB para los años 2022 y 2023. «Estos ejercicios de revisión siguen siendo importantes en el 2024 y 2025, por lo que, dado el impacto en el ejercicio de proyección que tienen y ante la incertidumbre de próximas revisiones, se considera necesario la realización de ese informe adicional por la AIReF en el ejercicio 2026», sostiene el Ejecutivo.

EL PRIMER EXAMEN DE LA AIReF

El pasado 31 de marzo, la AIReF emitió un informe en el que constataba el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, aunque por poco, al tiempo que advertía de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023.

En ese primer informe sobre la regla de gasto en pensiones, la AIReF señala que las previsiones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023, sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo, por lo que considera cumplida la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2050, inferior, pero por muy poco, al 13,3% pactado con Bruselas.