Inventario
Dudosos descubrimientos
España no es un país de inventores, pero sí de descubrimientos. A cada paso descubrimos una nueva verdad –por lo general muy obvia– que hace encajar todas las piezas de nuestro movido puzzle nacional. Como quien dá una patada a una piedra y halla un tesoro, hemos descubierto que la solución de nuestros problemas está en aflorar la economía sumergida o, al menos, en conseguir que una pequeña parte de ella pague impuestos. Ahora que le hemos tomado medidas (dicen que es el 24%), sólo falta que los inspectores fiscales le den un modesto mordisco restándole un punto. Con ese trabajo, todos contentos: El PIB nacional subiría un 1%, lo cual no es ninguna tontería, porque pasaríamos de los números rojos a los negros, el Estado recaudaría bastante más y los que se escaquean serían menos.
Los círculos cuadrados suelen ser muy esquivos y por eso no los ha visto nadie, pero no es mala la voluntad del Gobierno. La democracia tiene que llegar a todas partes, incluso en el pago de los impuestos, pero otra cosa es suponer que la bolsa de dinero negro sobre la que nos movemos es como un inmenso lago de petróleo en el que todavía no hemos perforado. Basta pinchar en el subsuelo de nuestra economía y de repente brota con fuerza un chorro de billetes de 500 euros que estaban bien escondidos y riegan como un nuevo maná el páramo de las arcas públicas. Desde las Sagradas Escrituras no se había visto nada parecido, pero merecerá la pena contemplarlo.
Son los propios inspectores y subsinspectores de Hacienda los que han empujado al Gobierno a escarbar en este terreno y no hay por qué dudar que conozcan bien el asunto, pero parece un poco exagerado suponer que en estos momentos una cuarta parte de la economía española está sumergida. Si fuese así, y se computase como PIB regularizado, nos colocaríamos de golpe entre los países más ricos de la Unión Europea (ya estamos un poco por encima de la media, con el 100,86% de la renta estándar), lo que no resulta creíble. Además, al computar a los trabajadores de esa economía negra descubriríamos que España es uno de los países con más porcentaje de población activa, lo que tampoco es creíble, porque la incorporación femenina al mercado laboral dista todavía un trecho de alcanzar el promedio europeo.
El que una parte de los parados de la construcción haga chapuzas no declaradas o el que algunos autónomos estén al mismo tiempo trabajando y no trabajando no puede suponer, ni de lejos, que el 24% de nuestra economía esté sumergida, entre otras cosas porque su productividad es muy inferior a la que se da en una fábrica convencional y bien organizada. Si el cálculo fuese exacto querría decir que, por sí solos, a escondidas y casi sin maquinaria producen tanto como toda la industria, lo que resulta del todo imposible, aunque en cada bajo de cada edificio hubiese talleres clandestinos de horarios infinitos y disciplina china.
Alguien ha debido confundir economía sumergida con dinero negro, que es su resultado, pero acumulado a lo largo de los años. Y puede ser creíble que en España el dinero negro represente el 24% de la riqueza nacional, aunque da la sensación de que, desde que se secó la construcción inmobiliaria, la fuente donde manaba a grandes chorrros, también el agujero negro que engullía los billetes de 500 euros ha dejado de tragar y es posible que esté regurgitando muchos de ellos a la economía regularizada, porque los promotores tienen que echar mano de lo colgado para sobrevivir a una crisis que les ha dejado sin nuevos ingresos y con unos activos cada vez más devaluados.
No estará de más hincarle el diente a ese dinero negro, pero que nadie suponga que los problemas de España se resuelven aflorando una pequeña parte del icerberg formado por la economía sumergida. Es cierto que para el Estado puede suponer un incremento de ingresos, pero la economía general será igual de rica o igual de pobre. Eso sí, será un poco más transparente.
Los retornos de la investigación
Hay problemas que parecen irresolubles, los gestione quien los gestione y dedique los recursos que dedique. Uno de ellos es el de la enseñanza, que ya ha sufrido todas las reformas posibles y sigue con unos índices de fracaso escolar que no son comparables a los de ningún otro país adelantado. Otro es el de la I+D+i, que no aporta los retornos que debiera.
En los primeros balances de 2009 se estima que el Fondo de Estímulo de la Economía y el Empleo, que apoyaba con 3.000 millones de euros los proyectos de I+D+i sólo ha provocado un retorno en el PIB del 0,1%. Es probable que a medio o largo plazo tenga resultados más satisfactorios pero, a primera vista, parece que hemos hecho un mal negocio: hemos invertido el 0,3% del PIB nacional para conseguir un 0,1%.
Es más preocupante aún que eso ocurra en las actividades que supuestamente generan más valor añadido, porque indica que los proyectos no están bien escogidos o bien ejecutados. No es posible que se subvencionen mejoras de la productividad –que eso es en el fondo la I+D+i– y acaben siendo menos productivas que el resto.
El otro fondo estatal, el destinado a las pequeñas obras en los ayuntamientos (el Plan E) estaba dotado con 8.000 millones de euros (el 0,8% del PIB español) y, según las mismas estimaciones, ha provocado un retorno en PIB del 0,7%. No es para tirar cohetes, porque como rentabilidad es un desastre obtener menos de lo que se invierte, pero al menos mejorará la calidad de vida en muchos pueblos y ciudades.
Mientras la construcción, una de las actividades más tradicionales y escasamente innovadoras, siga teniendo más retornos que la I+D+i es que algo no funciona bien en España. Es cierto que los proyectos innovadores tienen un componente de riesgo, pero cuando se manejan miles de ellos, la estadística ha de resultar siempre positiva. Por su propia naturaleza, el éxito de los que salen bien debe compensar de sobra a los que se quedan por el camino. De lo contrario, no saldría a cuenta innovar.
Lo que ocurre en España probablemente esté relacionado con el hecho de que gran parte de estos proyectos de I+D+i son realizados dentro del sector público y, especialmente, desde las universidades, donde los investigadores no siempre ponen los pies en el suelo. Pero en estos momentos no podemos permitirnos flotar en el aire de las abstracciones. Vale más dejarlas para la poesía, donde salen más baratas. En otras materias, con la que está cayendo, son un lujo.
Autonomías y cajas
Nadie dijo que la reconversión del sector de las cajas fuese a resultar fácil, pero en las últimas semanas se está complicando mucho más de lo que cabía esperar. Tanto que el presidente del Banco de España ha decidido anunciar en público lo que ya le había dicho a alguna de ellas en privado: “O se fusionan o serán intervenidas y liquidadas”. No han pasado más que unos días para comprobar que, lo que parecía una intolerable actitud de prepotencia, en realidad es la última llamada al sentido común: la situación de algunas cajas puede ser bastante peor de lo que dicen estar y el tiempo para poner soluciones se acaba.
Los resultados del último trimestre de 2009 han sido muy malos para la mayoría, que por flaquezas del negocio o por hacer hucha de provisiones para el 2010 –como Caja Cantabria– han pasado a los números rojos. No obstante, el balance general del ejercicio ha sido razonablemente bueno para un año tan malo, con una caída media de los beneficios de un 34%, pero muy lejos de las fuertes pérdidas que ha sufrido el sector financiero en otros países. Eso no impide que haya cajas en situación crítica, como la ya intervenida CCM, o CajaSur, una entidad controlada por la Iglesia, que perdió casi 600 millones de euros el año pasado y que ahora paga los pasados pecados de soberbia y despropósitos.
Aunque la situación de la mayoría de las cajas no es apurada, no admite esperas y eso es algo que muchos gobiernos autonómicos están empeñados en no entender. Algunos han aprobado leyes –que están recurridas– para que el proceso de fusiones no se les escape de las manos y es paradójico que eso lo hagan quienes critican la politización de las cajas. Otros, a la inversa, han recurrido la regulación del FROB no por ser inadecuado para resolver el problema, sino por vulnerar sus competencias autonómicas. Obviamente, lo que quieren es decidir ellos sobre el dinero del FROB, pero no ponerlo, que sería lo congruente en ese caso. Ya se sabe que la transferencia de obligación de pagar está mucho menos solicitada que la de recibir.
El tiempo para utilizar el dinero del FROB en la recapitalización de entidades con problemas se acaba. La UE aceptó aplazar esta ayuda estatal hasta julio y da la impresión de que algunos políticos autonómicos confían en que habrá prórroga de la prórroga o se sienten muy cómodos jugando en el filo de la navaja.
Ellos sabrán lo que puede ocurrir con su estrategia. Por lo pronto, el presidente gallego Núñez Feijóo empieza a probar el resultado de su medicina. Ha hecho todo lo posible por impedir que Caixanova se alíe con Caja Cantabria, deseoso de fusionarla con Caixa Galicia para formar una gran entidad gallega, para lo que no ha dudado en desafiar la ley nacional. El primer informe sobre el resultado de esta fusión de cajas gallegas ya está sobre la mesa: dado que Caixanova y Caixa Galicia han sido rivales a muerte y han jugado a replicarse en sus andanzas, de forma que allí donde una abría oficina, la otra instalaba la suya, las duplicidades son tantas que con su fusión sobrarían 300 sucursales y alrededor de dos mil trabajadores. Además del problema social que se le avecina a Feijóo con el drástico ajuste de plantillas –sólo el coste en prejubilaciones supondrá unos 600 millones de euros– la situación de ambas cajas se ha revelado bastante peor de lo que se presumía.
¿Seguirá empeñado en fusionarlas para presumir de tener una gran caja gallega? Probablemente, porque el populismo da votos a corto plazo y el realismo, no.
