Una transferencia de alto riesgo

El Insalud gastó el pasado año en Cantabria 64.947 millones de pesetas, de los cuales exactamente la mitad se emplearon en el Hospital Valdecilla. La cuantía estimada para este año es de 72.000 millones, muy próxima ya a la cantidad que la comunidad autónoma baraja reclamar en la mesa de negociación para asumir esta transferencia el próximo año (75.000 millones de pesetas). Una pretensión excesivamente modesta para empezar a negociar, a la vista de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, especialmente en Galicia, donde la cuantía pactada con el Estado, aparentemente holgada, dio lugar a un agujero económico inabordable cuando se empezaron a ejercer las nuevas competencias.
La negociación para el traspaso de competencias sanitarias es la más difícil de las que Cantabria se haya visto obligada a afrontar hasta el momento, no tanto por la posición del Ministerio, que tiene un claro interés por cerrar ya el proceso, como por las incertidumbres económicas y sanitarias que plantea. Una negociación mucho más sencilla, la de los hospitales del AISNA (Liencres y Pedrosa) que se realizó en 1986 con resultados que entonces se consideraron muy satisfactorios para la autonomía, acabó por resultar desastrosa. La comunidad autónoma detrajo de otras competencias grandes cantidades de recursos para financiar la reforma del Hospital de Liencres, a pesar de lo cual ha estado paralizado durante años y sigue sin tener un destino claro y aún más triste ha sido el abandono del Hospital de Pedrosa.
La mayor de las incertidumbres creadas por la transferencia de la sanidad se encuentra en las necesidades reales de equipamiento del actual sistema sanitario público, cuyo costo económico aún está por evaluar. Se ha hecho una valoración de lo que costará levantar el futuro Valdecilla (entre 14.000 millones y 18.000 millones de pesetas) pero la autonomía tiene experiencia sobrada para saber que el monto final de sus obras tiene muy poco que ver con la cifra presupuestada. Tampoco se puede presumir cuál será el coste de crear el Servicio Cántabro de Salud (Cantabria es la única autonomía que no lo ha puesto en marcha).

Diferencia salarial

El segundo problema de importancia es el salarial. El Insalud cuenta en Cantabria con 5.835 trabajadores –sin incluir los casi 350 médicos MIR–, cuya remuneración en la mayoría de los casos es sensiblemente inferior a la que percibe el personal al servicio del Gobierno autonómico en categorías equivalentes. Como ya ocurrió con la incorporación de los enseñantes, esta circunstancia presumiblemente dará lugar a una reclamación de homologación, que incrementará sensiblemente la nómina de los transferidos, aunque el Insalud no es propiamente administración pública, sino un organismo gestor.
Probablemente nadie conoce mejor el proceso negociador en la región que el cardiólogo de Valdecilla Jesús Gutiérrez Morlote, que durante el Gobierno socialista fue Secretario de Estado de Sanidad y representante del Ministerio en la negociación de algunas transferencias. En una intervención ante el Consejo Económico y Social, al que fue llamado para ofrecer su opinión, puso de relieve las especiales circunstancias que se dan en Cantabria, donde el dispositivo sanitario público es bastante superior a la media nacional y, en consecuencia, también es mayor el gasto por afiliado, el tercero más alto del país.
El sobrecoste que tiene la región para el Estado es de 14.000 millones de pesetas, una cifra muy significativa que en las negociaciones habría de respetarse y mejorarse para seguir manteniendo el mismo nivel de atención. Sin embargo, hay un compromiso entre las regiones y el Estado para tender a una aproximación en el gasto y evitar que existan comunidades privilegiadas, en detrimento de otras que no pueden alcanzar, siquiera, el nivel medio. Para lograr ese acercamiento se impuso un recorte anual en el crecimiento del gasto en las comunidades más favorecidas con el objeto de reducir su diferencia sobre la media nacional un 10% en cada ejercicio.

Un escenario confuso

Estas circunstancias que van a rodear la negociación se complican al coincidir con las obras de remodelación del Hospital, con el final del periodo de vigencia del pacto de financiación sanitaria y con la propia renegociación de la financiación autonómica. Por otra parte, Cantabria adeuda, desde hace más de veinte años (cuando era Diputación Provincial) 1.545 millones de pesetas de un saldo que se ha trasladado presupuesto tras presupuesto hasta hoy y, probablemente, el Gobierno central aprovechará la transferencia para exigir su liquidación.
El confuso escenario económico coincide con una confusa situación administrativa. El hecho de que Cantabria sea la única comunidad sin ley regional de Salud no permite presumir cómo se engarzará el Insalud cántabro, un organismo gestor en el esquema de la Consejería de Sanidad una vez se produzcan las transferencias, cómo se definirá la carrera profesional o, simplemente, qué pasará con los actuales interinos.

Valdecilla, el punto crítico

La hegemonía de Valdecilla sobre todo el sistema sanitario de Cantabria es un elemento diferenciador con otras comunidades donde la estructura es más horizontal, y produce una consecuencia muy específica, la debilidad de la oferta privada, cuyo movimiento económico en la región (unos 20.000 millones de pesetas al año, en cifras del doctor Francisco Carral, consejero-delegado del Igualatorio Médico Quirúrgico) apenas es una cuarta parte del que tiene la sanidad pública.
Las propias dimensiones de Valdecilla hacen que se convierta en el punto crítico de las transferencias. Aunque el Estado cubre, teóricamente, sus gastos, el Hospital, según el Dr. Carral, tiene un desfase anual de unos 2.000 millones de pesetas, a pesar de seguir una política de gasto muy estricta, hasta el punto de resultar claramente insuficiente para sus necesidades, como queda patente en el profundo deterioro de su acondicionamiento hostelero. Eso no impide que el Dr. Carral sostuviese ante el CES que resulta un hospital carísimo para las circunstancias actuales, con una plantilla envejecida y con un notorio problema de incardinación en el sistema sanitario local, que no proporciona camas para enfermedades de largo tratamiento, lo que obliga a utilizar con estos pacientes camas de agudos, cinco veces más caras.
En 1999 el Hospital atendió a 2.449 pacientes de otras regiones, un mercado decreciente, dado que la mayoría de las comunidades ya dispone de centros de altas prestaciones sanitarias, pero que la comunidad autónoma deberá potenciar dado que es prácticamente la única fuente de ingresos añadidos, imprescindibles para mantener el carácter de centro de referencia.

El Insalud, primer cliente de la medicina privada

De lo que ocurra con la sanidad pública va a depender también el futuro de la sanidad privada. Hay que tener en cuenta que los hospitales del Insalud son los primeros clientes de la sanidad privada cántabra, dado que pagan a terceros 92.000 servicios de ambulancia o de transporte colectivo al año que le suponen 382 millones; 385.000 sesiones de oxigenoterapia que cuestan 222 millones; externaliza hemodiálisis por valor de casi 200 millones de pesetas (a un precio unitario de 20.000 pesetas); 7.500 resonancias magnéticas que le cuestan 190 millones; 800 densitometrías, por las que paga alrededor de diez millones de pesetas; 135 litotricias por importe de 19 millones y 10.272 sesiones CAPD, con un gasto de 63 millones. Además, le paga al Gobierno regional 173 millones por el uso de instalaciones de Liencres en 1999 (a 10.500 pesetas/día la cama de agudos, 7.000 la de terminales y 20.000 las estancias para procesos); 450 millones al Hospital de Santa Clotilde y 60 al de Nuestra Señora del Rosario por las 130 camas que, como media diaria, tenían concertadas entre ambos.
Estas cifras han sido ampliamente superadas en el año 2000 como consecuencia de las obras en el Hospital Valdecilla, que han obligado a depender en mucha mayor medida de otros hospitales y medios externos.
Todo ello demuestra que una parte significativa del sistema sanitario privado y del que es propiedad del Gobierno regional está vinculado al Insalud. Que después de la transferencia Valdecilla ya tenga en servicio su propia resonancia magnética (el Estado la dejará instalada gracias a la colaboración de la Fundación Botín), que disponga o no de litotrictores, de más camas o amplíe su servicio de hemodiálisis no sólo es una decisión que afecte al Hospital, sino que conlleva unas importantísimas repercusiones para la sanidad privada de la región.
La Consejería de Sanidad tendrá en sus manos otras posibilidades aún de mayor calado, como la decisión adoptada por el Servicio Valenciano de Salud de privatizar la gestión del Hospital Comarcal de Alzira, una experiencia acogida inicialmente con un gran entusiasmo entre las filas del liberalismo económico, pero que ha empezado a suscitar algunas dudas al comprobarse que a pesar de la alta productividad que se ha conseguido con una plantilla muy joven y un sistema agresivo de incentivos, la rentabilidad económica para la empresa concesionaria no ha alcanzado los niveles esperados.