El Congreso pide al Gobierno mejorar el despido improcedente por el error al votar de un diputado del PP

La propuesta de Sumar se aprueba con la abstención de Junts y el apoyo del PNV y del diputado del PP Joan Mesquida

MADRID, 16

El Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley de Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y hacer que éste sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.

La propuesta, sin carácter legislativo, ha conseguido prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; la diputada de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó; y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.

Enfrente han estado el resto del PP, Vox y UPN, que han votado en contra, mientras que Junts ha optado por abstenerse. De este modo, el resultado final ha sido de 171 votos a favor frente a 170 en contra y seis abstenciones de Junts (se ha ausentado un diputado del partido).

No es la primera vez que el Congreso aprueba una iniciativa laboral por el error al votar de un diputado. Fue en 2021 cuando el exdiputado también del PP Alberto Casero se equivocó y votó favorablemente de la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz.

Eso sí, en aquella ocasión se trataba de un texto con carácter legislativo mientras que el de este miércoles se trata de una propuesta que no llegará a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

TENER MÁS FACTORES EN CUENTA PARA EL DESPIDO

La idea de la propuesta respaldada en la Cámara Baja pasa por establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en casos de despidos sin causa, para así eliminar determinadas distorsiones en las relaciones de trabajo que resultan «especialmente perniciosas» para las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en el tejido productivo de España.

Así, se tendría en cuenta dentro del despido factores como la cifra de negocios de la empresa, su tamaño u otras circunstancias a la hora de determinar la cuantía indemnizatoria. Con todo ello, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a regular de mano con el diálogo social una indemnización en caso de despido improcedente «realmente disuasoria y restaurativa».