El Gobierno veta en el Congreso una ley de Junts para permitir oposiciones reservadas a interinos veteranos

El Gobierno ha vetado el debate en el Congreso de una proposición de ley registrada por Junts para habilitar a las administraciones públicas a convocar oposiciones en las que se reserve hasta el 70% de las plazas a determinados interinos, y lo ha hecho alegando el impacto presupuestario que ello tendría.

Junts pide reservar esas plazas a interinos con un mínimo de diez años de antigüedad en los puestos objetos de convocatoria, y que desde 2010 no hayan celebrado ninguna oferta de empleo público o en un número «insignificante».

Pero el Ejecutivo argumenta, en un escrito registrado en el Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, que eso supondría un aumento de gasto de al menos 900.000 euros sólo para poner en marcha y ejecutar los procesos selectivos que se derivarían de esta iniciativa en los Presupuestos Generales del Estado.

Una cifra que, recalca, se multiplicaría en el resto de administraciones, con una mayor tasa de interinidad, hasta alcanzar «una cantidad mucho más sensible e imprevista». En su veto, el Gobierno detalla que si en la Administración General del Estado el porcentaje de personal temporal alcanza el 7,04%, esta tasa se eleva hasta el 12,28% en las entidades locales y se dispara al 36,6% en las comunidades autónomas.

De esta forma, el Gobierno hace valer así la prerrogativa constitucional recogida en artículo 134.6 de la Carta Magna, que le permite vetar la tramitación de toda iniciativa legislativa que suponga un aumento del gasto o una aminoración de los ingresos.

ESTABILIZAR EMPLEOS TEMPORALES DE AL MENOS 10 AÑOS

La propuesta de Junts, registrada el pasado octubre en la Cámara Baja, buscaba habilitar a las administraciones públicas para convocar oposiciones únicas y excepcionales para plazas en cuerpos, escalas o categorías que no hayan sido objeto de oferta de empleo desde 2010 o donde su oferta haya sido «insignificante».

En estas convocatorias podrían reservarse hasta un 70% de plazas a interinos que al publicarse la convocatoria acreditaran un mínimo de diez años de servicios prestados en la plaza objeto concurso y constaría de una única prueba selectiva teórica y práctica.

COMPROMISO DEL CONGRESO CONTRA LA TEMPORALIDAD

Precisamente, el Congreso aprobó este jueves una enmienda transaccional pactada por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País-Equo y Compromís para reformar de urgencia el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de dar respuesta a las diferentes sentencias judiciales sobre la temporalidad en la Administración y aumentar los controles para evitar el incumplimiento de la normativa.

Además, la propuesta reclamaba articular «respuestas legales básicas eficientes y eficaces de estabilización de los empleos, previo diálogo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como con las centrales sindicales» y evitar la generación de nuevas bolsas de empleo público temporal.

El texto finalmente aprobado tenía origen en una proposición no de ley del PNV que exigía al Gobierno la reserva extraordinaria de plazas en convocatorias de empleo público para interinos que acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante cuando en esta exista un porcentaje de interinidad «relevante».