Editorial
Es difícil encontrar un sector que haya atravesado más problemas que el cárnico. Desde que hace una década se detectó un desvío puntual hacia el consumo humano de reses muertas por enfermedad destinadas a una perrera de Maliaño, hemos visto de todo en escándalos sucesivos que, aunque se hayan resuelto con pequeñas condenas o, incluso, con absoluciones, han creado desconfianza en los consumidores, han hundido una y otra vez las cotizaciones de la carne y han provocado la quiebra de varias industrias del sector. Basta recordar que los problemas llegaron a acumularse de tal manera que Hormaechea, abrumado, ya se refería a ellos como “la cruz de la carne”.
Una trayectoria tan amarga ha contribuido a que en la región nunca se haya asentado un sector cárnico potente. Ni han funcionado bien los cebaderos, por razones que aún están por explicar si se tiene en cuenta que tenemos la materia prima que otros engordan, ni han podido desarrollarse las industrias transformadoras, descabezadas una y otra vez por la caída de ventas provocada por cada crisis.
Una riqueza natural de Cantabria, que debiera haber servido para consolidar un sector agroalimentario fuerte y rentable, se ha convertido en una permanente fuente de problemas, pero hay que reconocer que este largo viacrucis nos ha ido preparando para cualquier contingencia. La inspección comunitaria realizada en la pasada primavera no pudo poner objeción alguna al sistema de análisis clínicos establecidos por el Laboratorio Regional para todas las reses con posibles síntomas de enfermedades nerviosas, algo que no pudieron decir otras regiones. Con todo, una vez que se ha detectado el mal de las vacas locas en España, los análisis tienen que ser mucho más generalizados y eso plantea problemas que no siempre pueden resolverse con dinero, como la necesidad de retener un número muy elevado de canales mientras se realizan las pruebas; el articular un sistema de recogidas y traslados muy sofisticado que difícilmente puede quedar en manos de un contratista, dado que es preciso precintar los órganos o los envases para evitar cualquier manipulación en los transportes, o el disponer de plantas crematorias suficientes para el material de riesgo, algo que España no puede improvisar de la noche a la mañana.
Las declaraciones de los políticos son voluntaristas pero no será fácil poner en práctica las medidas de control con los medios existentes ni con los que se puedan proveer de forma inmediata, aún reconociendo que llevamos alguna ventaja en este terreno.
Hacerlo bien es una obligación, pero también una oportunidad. El hecho de que tengamos pocos cebaderos permite suponer que la carne de Cantabria presenta muchas más garantías. Desafortunadamente, hemos tardado demasiado tiempo en articular un marchamo de procedencia geográfica y el consumidor aún no tiene constancia de si el vacuno que come es o no de la región.
Si ahora aprovechamos las oportunidades, con una política sanitaria muy estricta y una campaña de imagen que diferencie la carne de Cantabria podremos sobreponernos al varapalo que supone una caída del consumo superior al 30% y la práctica desaparición de las exportaciones, un mercado en el que estaban progresando nuestras industrias cárnicas. Lo que es seguro es que antes o después la ciudadanía volverá a comer carne de vacuno y, cuando lo haga, cada vez seleccionará más la procedencia, aunque le resulte algo más caro. Dejémos que otros vendan la cantidad y especialicémonos en la calidad, incluida la carne ecológica, de muy alta demanda en los países centroeuropeos y que nosotros podemos suministrarles a un precio que ellos –con salarios más altos– nunca podrían conseguir en una actividad tan intensiva en mano de obra. Nuestros ganaderos no sólo son unos expertos en el manejo del ganado por el sistema tradicional, sino que tienen la ventaja de que nunca podrán ser sustituidos en esta actividad por otros países menos desarrollados del sur, como ocurre con algunas actividades industriales, porque allí no llueve y no hay pastos. Esa es nuestra fortaleza.
