Inmobiliaria Montañesa se aparta de la promoción de Santa Marina
En el acuerdo, además de los derechos para la construcción del campo de golf y algunas parcelas, la sociedad Inmobiliaria Montañesa, que preside Manuel Ruiz de Villa, ha obtenido 550 acciones del club de golf, que unidas a las que ya poseía le proporcionan el 56% de la sociedad, mientras que los socios navarros pasan a ser los titulares de los derechos de comercialización de la mayoría de las parcelas que se han urbanizado junto al campo, y un número limitado de acciones del club de golf, para ofrecer a los compradores de las viviendas que se construirán en Mayorazgo de Santa Marina. El resto de las acciones se han comercializado ya entre los jugadores de golf locales y foráneos a un precio de 2,5 millones de pesetas.
Inmobiliaria Montañesa no tiene intención de sacar a la venta por el momento las acciones que ha recibido, pero sí las ha aprovechado para comercializar abonos anuales al campo con los greenfees, o derechos de salida, por 1.500 euros, 600 más de los que pagan los socios. Algunos hoteles cántabros de lujo también comenzarán a incluir en sus ofertas turísticas un paquete de habitación y greenfee del golf de Santa Marina, una práctica que es habitual en otros lugares.
El campo de 18 hoyos ubicado en La Revilla, muy cerca de Oyambre, fue inaugurado por Severiano Ballesteros hace poco más de un año y está siendo objeto de permanentes mejoras, que lo han convertido en uno de los mejores del país. La intención de Inmobiliaria Montañesa es potenciarlo aún más, aumentando su nivel de conocimiento en sectores sociales de fuera de Cantabria de gran relieve público.
Una larguísima travesía
La separación del proyecto Mayorazgo Santa Marina en dos sociedades distintas se produjo al inaugurarse el campo de golf, para poder iniciar la venta de acciones del club, diferenciadas de la promoción inmobiliaria. Ha sido más tarde cuando la sociedad promotora ha optado por la escisión interna y repartir sus intereses en los dos negocios (la comercialización de acciones del campo, por una parte, y la de parcelas para viviendas por otra).
No puede descartarse la influencia en este proceso de la larguísima tramitación administrativa del proyecto, que se inició en la década de los 80, antes de que Oyambre fuese declarado parque natural. Cuando a finales de los 90 parecía por fin acabada la senda burocrática, se vio afectado por una sentencia negativa contra el planeamiento de San Vicente de la Barquera (el municipio donde se encuentra), al no haber elaborado la Consejería de Medio Ambiente el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos (POR) del parque.
La Consejería, en lugar de completar el POR exigido por la sentencia, optó por reformar la ley que creó el parque, lo que le permitiría legalizar también el polígono industrial de San Vicente. Sin embargo, esta iniciativa se encuentra paralizada, sin que se conozcan las intenciones actuales del consejero de Medio Ambiente.
Todo ello ha perjudicado la promoción inmobiliaria de Santa Marina, que podría haber quedado al margen del problema hace tiempo, y al propio municipio de San Vicente, donde se siguen otorgando licencias, aunque cargadas de incertidumbre, ya que según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, su planeamiento debiera ser subsecuente del Plan Especial de Oyambre.
