¿Las verdades del barquero?

Los empresarios españoles sólo tienen verdadero interés en exportar cuando el mercado interno no les es propicio.– Gómez Navarro está convencido de que el enorme desequilibrio comercial español se va a corregir sustancialmente y no sólo por el descenso del consumo interno, que reducirá las importaciones. También por un cambio de actitud entre los empresarios, que pondrán mucho más interés en exportar. Esa es la experiencia de crisis anteriores, pero hay un factor decisivo que en esta ocasión no se puede repetir: la devaluación de la moneda. El presidente de las Cámaras está convencido de que, incluso sin esa ayuda, los empresarios españoles demostrarán que, cuando de verdad quieren exportar, exportan. El problema, en su opinión, es que la experiencia también demuestra que cuando resurja el mercado interno, que les es más rentable, pueden volver a perder el interés por el exterior.

El sistema de protección social se ha convertido en un impuesto al trabajo.– Dado que se financia con las cuotas de los empresarios y de los trabajadores, encarece el factor trabajo, por lo que hace perder competitividad al país y, en opinión de Gómez Navarro, al final desalienta las contrataciones, con lo que no está claro si su efecto social es positivo, como se supone, o en realidad es negativo. El presidente de las Cámaras pide que se estudie financiar la Seguridad Social a través del IVA, como hace Dinamarca, lo que obligaría a elevar sensiblemente los tipos de este impuesto. No obstante, hay que recordar que España tiene uno de los IVAs más bajos de la UE.
La ventaja de utilizar el IVA está en la competitividad. Mientras que la Seguridad Social ahora está sufragada exclusivamente por las empresas y por los trabajadores españoles, si se hiciese a través del IVA también la financiarían los trabajadores chinos, coreanos, estadounidenses o polacos –obviamente, de forma indirecta–, dado que el Impuesto sobre el Valor Añadido se carga tanto sobre los productos locales como sobre los importados, que ya no resultarían tan competitivos. Al mismo tiempo, los productos españoles se abaratarían dentro y fuera del país (el IVA siempre sería menor que la cotización actual a la Seguridad Social), con lo se produciría una doble defensa de nuestra balanza comercial.
Hay otra forma de reducir las cargas sobre las empresas, rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades, como propone el PP. No obstante, Gómez Navarro cree que es mucho menos efectiva, puesto que sólo beneficiaría a las empresas que tienen beneficios y, en época de crisis, que es cuando más falta hacen las ayudas, le serviría a muy pocas.
La conveniencia de cambiar el sistema de financiación de la Seguridad Social ya se ha abordado en Alemania y aparecía en el programa electoral de Sarkozy, aunque éste, por el momento, no ha tomado ninguna iniciativa para llevarlo a la práctica.
El absentismo es una plaga.– Gómez Navarro recordó en varias ocasiones que sigue siendo socialista (fue ministro de Felipe González) y que ha sido sindicalista, pero sostiene que los sindicatos han de cambiar su modelo de actuación y defender a los que trabajan “pero no a los que no trabajan teniendo empleo”. Recordó que en pocos años el absentismo ha pasado del 3,5% al 7% en España, un porcentaje que considera “intolerable” y prefirió no calificar el caso de una provincia donde supera el 12%: “Delphi se fue por eso”, desveló.
Los grandes servicios públicos (agua y electricidad) son ineficientes.– El presidente de las Cámaras dejó claro que su papel no es el de la CEOE (las Cámaras están para defender la economía en general y la patronal para defender a las empresas, vino a decir). Por eso, no es partidario de que se subvencione a las eléctricas por el déficit de tarifa: “Ni es lo más eficiente ni se sabe quién lo va a pagar al final”.
En su opinión, es necesario conseguir una energía más barata, pero hay un imponderable en España: “En un país donde las encuestas dicen que el 70% de la población está en contra de las nucleares, ningún partido se va a enfrentar a ese estado de opinión”. “Lo que hay que hacer”, según él, “es cambiarlo”.
El problema del agua no es de opinión, sino de historia. “Es inverosímil”, dijo, que, según para qué uso y en qué región del país, el coste del agua pueda variar en la proporción de uno a cien, y todo ello como consecuencias de circunstancias que se remontan, en algunos casos, a doce siglos atrás y que nadie se ha atrevido a actualizar.

Infraestructuras.– El hecho de que el transporte español descanse en las carreteras más que en cualquier otro país da que pensar sobre la eficacia del ferrocarril, pero Gómez Navarro fue especialmente duro con los puertos, “cuyos costes son inconcebibles”.

En España se legisla demasiado y eso tiene un coste.– El presidente de las Cámaras se queja de que la productividad de los parlamentos se mida en España por el número de leyes que elaboran, lo que ha provocado “un exceso brutal” que, además del coste que tiene para las empresas digerir un corpus legislativo semejante, conlleva un gasto administrativo. “Las leyes no salen gratis”, sostiene, y pidió que no sólo se acompañen de una memoria en la que se refleja el gasto público que generan, sino que también incorporen, como en Gran Bretaña, otro estudio sobre el efecto que causarán sobre terceros.
Las Cámaras difícilmente podrán impedir este endemismo legislativo español, pero están tratando de poner orden en lo que ya existe, a través e un mapa de trámites administrativos en los cinco niveles institucionales que nos afectan (Unión Europea, Estado, autonomías, ayuntamientos, y diputaciones provinciales, allí donde existen), “porque, en realidad, nadie sabe los trámites que hay”, se lamentó.

Seguridad jurídica.– Cuando un pleito tarda nueve años en llegar a una sentencia definitiva, es evidente que la justicia y las empresas se mueven en dos mundos distintos, según el presidente de las Cámaras, quien recordó que el tiempo también forma parte de la calidad de la justicia. Otro factor de calidad es que las sentencias sean predecibles “y, desafortunadamente, en España no lo son, al menos en las primeras instancias”, por lo que nadie puede presumir qué le deparará un pleito, dijo.
Empresarios conformistas.– En España hay más pymes, proporcionalmente, que en cualquier otro país, pero eso no es un motivo de satisfacción, porque son más pequeñas y la mayoría no tiene la ambición de llegar a ser una gran empresa. Gómez Navarro se quejó de que, junto a esa genética poco propicia al crecimiento, hay una imagen exterior del país desenfocada: “No tenemos una imagen internacional industrial y eso es malo: “En ese terreno se ha hecho poco y mal”.

La educación desanima las vocaciones empresariales.– España tiene un bajo nivel de iniciativas empresariales y, curiosamente, éstas son inversamente proporcionales al nivel de educación, de forma que surgen más empresarios de las enseñanzas básicas que de la universidad. “Eso quiere decir que el sistema educativo no funciona. Si sólo está para formar funcionarios…”, se lamentó.
En su opinión, la Universidad española sigue formando en conocimientos, como en el siglo XIX, pero no en habilidades, “y ahora se puede dispone de los conocimientos por muchas vías y, además, se desactualizan rápidamente”. Gómez Navarro se quejó amargamente de que la Universidad se muestre convencida de que no es su papel formar en habilidades (informática, idiomas, negocios…) cuando otros sistemas educativos sí lo hacen. “¿Entonces, a quién le corresponde?, se preguntó.
La falta de contacto de la Universidad con la empresa sigue siendo evidente –constató– de forma que, aunque se investiga, los resultados rara vez son aprovechados por las empresas nacionales. Curiosamente, dijo, es más probable que sean utilizados por empresas norteamericanas, ya que muchos investigadores se han formado en EE UU, donde establecieron contactos con sus empresas, algo que aquí no llegan a hacer nunca.
¿Quién debe prestar los servicios públicos?– Gómez Navarro se muestra orgulloso de que el sistema público garantice la educación para cualquier niño que viva en España o que, con el PSOE, la sanidad pública se extendiese a toda la población. Una vez conseguidos estos dos objetivos, sin embargo, cree que el debate debe centrarse en quién debe prestar esos servicio, si debe hacerlo directamente el Estado, como ahora, o alguien más eficiente. En su opinión, al ciudadano le da igual quién pague al médico, lo que quiere es tenerlo y el Estado debe encargárselo a quien lo haga mejor, reservándose un control que garantice la calidad. “Y que nadie dude de que es más fácil rescindir un contrato a la empresa que no cumpla que despedir a un funcionario”, apostilló.
La propuesta no se aleja demasiado del modelo de sanidad que ha puesto en marcha Esperanza Aguirre en Madrid, aunque el presidente de las Cámaras se cuidó mucho de marcar las diferencias: “Primero, hay que establecer los sistemas de garantía y de control para asegurarse de que quien lo haga lo va a hacer bien, y en Madrid eso no se ha hecho”, insistió.
Como se ve, muchas opiniones polémicas cuyo debate hubiese llenado de contenido los congresos de los dos grandes partidos españoles. Pero todos tenían otras cosas más urgentes que debatir.