El foro verde

Sobre la Ley de Costas

Según se acerca el fatídico 2018, las verdaderas consecuencias de la Ley de Costas de 1988, con sus 30 años de aparente tregua, empiezan a perfilarse como otra más de las inmensas penalidades que supone eso tan bonito de nacer en España, donde se pasa de un extremo al opuesto con más facilidad que un péndulo y con una furia esquizofrénica e impulsiva.
De aquellas noblezas marismeñas al vigente deslinde / expolio, la Ley de Costas es un excelente ejemplo de lo mal que se pueden llegar a hacer las cosas, incluso con esa supuesta buena intención que adjudicamos a quienes dicen defender o conservar el medio ambiente.
Es bien cierto que el desarrollo urbanístico en España, expoliador, depredador y cateto de los años 60, 70 y 80 es un ejemplo igual de nefasto, igual de maligno e igual de rechazable. Pero entre el máximo de un lado y el máximo del otro existían muchas posibilidades y opciones racionales, respetuosas y compatibles con el desarrollo económico, con la conservación del medio ambiente y con el respeto a las legítimas esperanzas y derechos de personas que a lo largo de decenios trabajaron, con título y concesión, e incluso por mandato del propio Estado, para ganar unos metros al mar.
Mienten quienes dicen que la Ley de Costas es una consecuencia inevitable de la legislación europea. No es cierto. Se imaginan a los holandeses demoliendo sus diques para anegar el 40% de su país? Saben ustedes hasta donde llega la influencia intermareal en Londres o en Dublín?
Pero aquí, no. Aquí viramos en redondo y pasamos de barlovento a sotavento como quien cambia de camisa –o de chaqueta, que es mucho más español– y ya está, que el papel lo aguanta todo, como dicen ellos.
La Ley de Costas del 88 no es palabra de Dios e igual que se dictó se puede modificar por el Parlamento Español y suprimir las aberraciones de algunos conceptos y definiciones, protegiendo, eso sí, cada metro o hectárea de costa que lo merezca por sus cualidades, funciones, belleza o por la razón que fuera, siempre que no sea sólo por el mero hecho de estar ahí, en la costa. Y si hay zonas, como el Polígono de Raos, la Vuelta Ostrera, las lindes de las rías de Boo o las del mismísimo Nervión, que merecen ser utilizadas para otros fines igual de legítimos y necesarios, como es la creación de riqueza y, en definitiva, de recursos para sostener un Estado Social de Derecho, que se queden fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin más dilaciones.
Hace más de diez años, un prestigioso e intachable biólogo que ha protegido el medio ambiente de Cantabria en cientos de ocasiones me comentaba su satisfacción al leer en una sentencia sobre la aplicación de la Ley de Costas que hay que proteger el medio ambiente, pero eso tiene un precio y ese precio ha de ser asumido. Y tenía toda la razón mi amigo biólogo curtido en mil batallas. Que se proteja y se asuma. Que la sociedad interiorice el coste en su conjunto y no solamente aquellos sobre cuyas espaldas recae el expolio.
Nuestro sistema de protección social universal, de salud y educación públicas y otros logros son pilares de nuestro estado del bienestar. Y nos cuesta un dineral que ninguno de nosotros está ni medio seguro de que sea sostenible.
¿Va a pasar lo mismo con la Ley de Costas? ¿Es igual de importante anegar marismas desecadas hace cien años que pagar jubilaciones, tratamientos médicos o educar a nuestros hijos?
Ya sabíamos que no es una ley justa. Ahora nos preguntamos ¿Es sostenible la Ley de Costas?

Martín J. Silván
Director de Industria, Innovación y M. Ambiente de la Cámara de
Comercio de Cantabria