Cuerpo resalta la importancia de «respetar» la normativa española en el análisis de la OPA de BBVA

Defiende que la legislación española es «totalmente compatible» y que «va en la línea» de la europea

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el Gobierno está siendo «muy respetuoso» en la aplicación de la normativa española en su análisis sobre la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Banco Sabadell, y ha pedido a su vez «garantía y respeto» por la misma.

Preguntado durante su viaje a Turquía por unas posibles sanciones de la Unión Europea por poner obstáculos al proceso de la OPA, Cuerpo ha defendido que la interpretación que está realizando el Gobierno sobre sus competencias en el análisis de la OPA está siendo «muy respetuosa» y «con todas las garantías» con la normativa doméstica.

Además, señala que esta legislación española es «totalmente compatible y va en la línea» con la normativa europea. «En este caso, por lo tanto, total tranquilidad por parte del Gobierno. Y es importante la garantía y el respeto por nuestra legislación doméstica, que es la que estamos siguiendo en esta operación», ha apostillado.

Ha explicado también que el análisis actual que está ya realizando el conjunto del Gobierno –después de que este martes Economía decidiera elevar la decisión sobre la OPA al Consejo de Ministros– se rige por la Ley de Defensa de la Competencia, mientras que la parte de la fusión ya sería a través de otra legislación, la de supervisión de entidades de crédito.

«Estamos siguiéndola [la Ley de Defensa de la Competencia] paso a paso, siendo muy respetuosos con la intervención, en primer lugar, del Banco de España, del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que llevó esta operación hasta lo que se conoce como segunda fase, es decir, la ha autorizado con condiciones», ha expuesto ante los medios de comunicación.

La postura de la CNMC ha implicado que la operación pase al Gobierno en la conocida como fase 3, donde el Gobierno tiene decidir si impone o no condiciones adicionales de interés general –y no del ámbito de la competencia–, para lo que cuenta con un plazo de un mes o, lo que es lo mismo, 30 días naturales.

«Nosotros nos mantenemos, como siempre, muy respetuosos con el marco normativo, con los plazos y muy respetuosos también con, por supuesto, la aportación y la involucración de todas las instituciones», ha defendido.