La ‘economía social’ como antídoto frente a la crisis
La larga crisis que soporta la economía española está poniendo a prueba los modelos empresariales tradicionales y puede que transforme la dicotomía entre capital y trabajo. Por lo pronto, estas situaciones de emergencia están sirviendo para reivindicar la llamada economía social. Gracias a su capacidad de adaptación, cooperativas y sociedades laborales arrojan mejores resultados en supervivencia y en mantenimiento y calidad del empleo.
En realidad, parecen recobrar protagonismo en los momentos de crisis. La reconversión industrial de los años ochenta fue el momento en que surgieron más cooperativas y sociedades anónimas laborales, en unos casos para dar continuidad a empresas convencionales que iban a cerrar y en otros como una fórmula popular de poner en marcha proyectos empresariales.
Esta situación se repite ahora. A pesar del escenario económico tan desfavorable, desde 2010 se han creado en España más de 3.000 empresas de economía social, con unos 30.000 nuevos puestos de trabajo. La mayoría son cooperativas y sociedades laborales, aunque también encajan en ese concepto las empresas de inserción y los centros especiales de empleo.
En España existen en la actualidad más de 45.000 empresas de economía social y tienen mucho más peso laboral de lo que suele suponerse, dado que dependen de ellas nada menos que 2,3 millones de trabajadores. La facturación conjunta ronda los 100.000 millones de euros, lo que da una buena idea de su importancia.
La fórmula más elegida entre ellas es la más antigua en el tiempo, la cooperativa, con cerca de 19.000 constituidas, mientras que las sociedades laborales suman unas 15.000.
Las cooperativas están especialmente presentes en el sector agroalimentario y las iniciativas de economía social destacan en el sector servicios a empresas, sanidad, tareas asistenciales o educación.
Poca implantación en Cantabria
Las fórmulas asociativas no han gozado nunca de mucha aceptación en Cantabria, una región especialmente individualista, sobre todo si se comparan las cifras con las del vecino País Vasco. Rasgos culturales aparte, lo cierto es que la dureza de la reconversiones industriales que ha debido afrontar la comunidad vasca podría explicar parte del auge del cooperativismo en ese territorio, donde, además, ya había precedentes tan importantes como el Grupo Mondragón. En Cantabria, el ejemplo industrial más notable de cooperativa surgida a raíz de una crisis empresarial es el de Vitrinor, creada por sus trabajadores como una sociedad anónima laboral tras la desaparición del grupo Magefesa.
La propia Vitrinor fue la gran impulsora de una asociación destinada a aglutinar a las empresas laborales y de economía social de la región, Acel, nacida en 1996, que agrupa a 49 cooperativas y SAL. Pero no es la única, ya que en 2007 se creó una segunda asociación, Aecosal.
En Cantabria hay censadas 210 cooperativas y sociedades laborales, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aunque buena parte de ellas, sobre todo las destinadas a la promoción de un edificio, desaparecieron una vez cumplido su objetivo. Algunas más han sido absorbidas por otras cooperativas o mueren por consunción. En cualquier caso, se siguen produciendo nuevas altas porque el espíritu del cooperativismo empieza a calar entre los jóvenes emprendedores cántabros, aunque sólo sea por las ventajas financieras y fiscales que deparan: “Alguien que quiere montar una empresa y valora la financiación ventajosa que puede conseguir o la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo se tira de cabeza a estos modelos”, señala convencido el gerente de Acel, Miguel Angel Gómez.
La legislación permite –como lo hace con los autónomos– que los desempleados que opten por una sociedad laboral o por crear una cooperativa puedan capitalizar la prestación por desempleo para formar el capital social o su aportación como socio cooperativista.
En el aspecto fiscal, cuentan con bonificaciones, tanto para la constitución de la sociedad como durante el desarrollo de su actividad, con tipos más bajos en el impuesto de sociedades. Existen otras ayudas específicas para fomentar las inversiones y facilitarles asistencia técnica.
Mientras los socios de una sociedad anónima o limitada tienen que estar en el régimen de autónomos, los de una sociedad laboral o cooperativa pueden permanecer en el régimen general, siempre que no posean acciones o participaciones que representen más de la tercera parte del capital social.
Extensión a nuevos sectores
Las cooperativas tiene una amplia historia en el campo de las actividades agrarias y en industrias abocadas al cierre, cuyos trabajadores han acabado haciéndose cargo de ellas, pero la fórmula ha llegado a muchos otros campos, como la enseñanza –Colegio San Salvador, (Torrelavega), Verdemar (Santander), o Altamira (Revilla de Camargo)–, los bufetes de abogados, los servicios a empresas, los servicios sociales y los sanitarios. Incluso empieza a prodigarse entre las pequeñas firmas ligadas a las nuevas tecnologías.
Empresas más resistentes
El hecho de que en una empresa de economía social los trabajadores sean los dueños les aporta más capacidad de adaptación a situaciones desfavorables de la que tienen las empresas tradicionales. Todos los posibles conflictos se resuelven con acuerdos internos. Y, si es necesario hacer un esfuerzo de austeridad en una circunstancia concreta, se puede adoptar con más rapidez y flexibilidad, al no tener que negociar con la plantilla, aunque la reciente reforma laboral ha dejado un amplio margen de maniobra a los empresarios para reducir salarios.
Quizá por esta mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante una crisis, las sociedades laborales y cooperativas ofrecen también un empleo de mejor calidad y más estable a los trabajadores contratados. La ley permite que las empresas de economía social también puedan contratar a trabajadores por cuenta ajena, hasta cierto límite. Y, como media, un 70% de éstos operarios no socios tiene contrato fijo, una proporción muy superior a la que se da en otros modelos empresariales.
Otro valor añadido de este modelo es su arraigo al lugar donde se crean. En las empresas de economía social una de las prioridades es la preservación del empleo, y esa vinculación del capital con el trabajo hace que no sean proclives a deslocalizarse: “En las cooperativas se van antes personas que el capital”, señala el gerente de Acel. “El ánimo de lucro no es el motor, aunque nadie dice que no quieran ganar dinero; salen al mercado igual que otras empresas pero les importa más mantener el empleo”, añade.
En esta misma línea se pronuncia un activo cooperativista, Isidro Terán: “Cuando los trabajadores pierden su empleo, o no se corresponde su esfuerzo con los salarios percibidos, es necesario abrir la mente al cooperativismo, organizarse y desprenderse del egoísmo”. Terán ha participado, desde los años 70, en la creación de numerosas empresas cooperativas, como Raíces Textil, Biomédica –que cuenta ya con más de 160 profesionales–, Quiromedic o Ecoil, que se dedica a la recogida de aceite residual para biodiésel.
Una ley de cooperativas en Cantabria
Aunque ya existían leyes que regulaban los dos tipos de empresas de economía social más generalizados, las cooperativas y las sociedades laborales, la importancia que de este sector llevó al anterior Gobierno regional a aprobar en 2010 una Ley de Economía Social, que contó con el apoyo de todos los grupos de la Cámara. La norma respondía a la demanda histórica de unas empresas que representan el 10% del PIB y que son el contrapunto a una economía donde la preeminencia la tiene el capital y no el trabajo. La ley no sólo pretendía regular las cooperativas y SAL sino también otras fórmulas asociativas, como las mutualidades de previsión social, las empresas de inserción social, las asociaciones de personas con discapacidad, cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación.
Todas las demás comunidades, excepto Canarias, ya se han dotado de una ley propia y el actual Ejecutivo cántabro tiene intención de retomar la iniciativa del anterior una vez que el Gobierno central apruebe la anunciada Ley del Emprendedor. Así se podrán actualizar algunos aspectos de la legislación estatal sobre cooperativas, que data del año 1997, y adaptar esta normativa a la realidad socioeconómica de Cantabria.
Quizá eso consiga darle más visibilidad a estas fórmulas de asociación empresarial, porque, a pesar de las ventajas fiscales, financieras y de estabilidad en el empleo que comportan, las empresas de economía social suelen chocar contra un muro de desconocimiento. Ni las oficinas de empleo ni las asesorías suelen prestar mucha atención a estas fórmulas a la hora de informar a un parado o a quien se interese por crear una empresa. Sí lo hacen, en cambio, la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio o la oficina creada en la Universidad de Cantabria para orientar a los jóvenes licenciados a la hora de enfocar su actividad profesional.
La declaración por la ONU de 2012 como Año Internacional de Las Cooperativas, va a ser celebrada en Santander con un acto conmemorativo organizado por Acel y la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado que tendrá lugar el día 20 en el Palacio de La Magdalena. Será una caja de resonancia para llamar la atención sobre las posibilidades de la economía social en tiempos de crisis.