COAG denuncia ante CNMC una «manipulación de precios» en el aceite de oliva que podría costar 2.800 millones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado este martes una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia y tener un coste de hasta 2.800 millones de euros para los olivareros.

«Estamos aquí porque los datos son contundentes y alarmantes, ya que hay un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,5 euros/Kg) y el valor que debería tener (5,55 euros/Kg) según el análisis riguroso de las universidades de Jaén, Córdoba y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)», ha afirmado el secretario general de la asociación, Miguel Padilla.

En concreto, dicho estudio ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba y el IFAPA, con una metodología basada en la aplicación de un software avanzado de detección de desequilibrios de mercado.

«INFRACCIÓN GRAVE» DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Así, se han considerado tanto los datos reales de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El foco del análisis ha estado en la evolución del precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y su comparación con los valores estimados de equilibrio según el contexto del mercado.

Esta comparación ha permitido identificar márgenes «injustificables» entre el precio real pagado a los productores y el valor de mercado estimado, apuntando a un posible «desequilibrio provocado intencionadamente». En este sentido, desde COAG destacan que, de confirmarse que se ha producido un pacto de precios o cualquier práctica que restrinja la competencia, se estaría ante una «infracción grave» de la legislación vigente.

En concreto, la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, en su artículo 1.1, prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, incluyendo los pactos de fijación de precios y el reparto de mercados. De esta manera, de mantenerse dicha distorsión en los precios, los olivareros podrían dejar de percibir hasta 2.800 millones de euros en esta campaña.

«No hablamos de percepciones ni de sensaciones, hablamos de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que requiere una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios entre operadores o prácticas comerciales desleales que estarían perjudicando gravemente a los agricultores», ha reiterado Padilla.

En relación a ello, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha indicado que el mercado «no puede ser un espacio de abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo».

«No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se infravalora de forma sistemática el esfuerzo de miles de olivareros», ha remarcado.