El banco del Gobierno
Al frente de CEP Cantabria, Luis Egusquiza ha buscado la financiación privada para construir colegios, depuradoras o un hospital. A partir de ahora, al frente del Instituto Cántabro de Finanzas, su primer objetivo será abrir las ventanillas de los bancos a las empresas. A las pequeñas, facilitando los avales que les exigen para acceder a prestarles dinero y a las grandes empresas públicas o privadas, financiando sus proyectos de ampliación o de asentamiento, como si fuese un auténtico banco.
Ha sido una casualidad, pero el Instituto de Finanzas llega en el momento justo, cuando más impotentes se ven las empresas para conseguir financiación, tanto para su funcionamiento diario como para realizar inversiones. El problema más inmediato de la mayoría de los empresarios es la liquidez y, en este sentido, Egusquiza ha firmado un acuerdo con el ICO que deparará una financiación muy superior a la que la CEOE le pidió al Gobierno para reactivar la economía cántabra a través de los avales de Sogarca. El ICO, además de mantener sus líneas habituales, va a añadir este año otra más de 10.000 millones de euros específicamente para circulante, de los que unos 150 le corresponderán a Cantabria.
Al inyectar financiación pública en la parte inferior de la pirámide empresarial se evitará que el plan estatal de saneamiento financiero se quede en una mera inyección de liquidez a los bancos y que, por desconfianza de éstos o por su necesidad de reembolsar los vencimientos de préstamos que tienen contratados con otras entidades, no llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Con la fórmula que propone el Instituto de Finanzas, bancos y cajas tendrán pocos motivos para negar los créditos y, si lo hacen, estarán renunciando a su negocio ordinario, en opinión de Luis Egusquiza.
Seguridad para los bancos que presten
La fórmula diseñada por el ICAF es bastante más imaginativa que la mera concesión de avales, aunque eso sí, no afianza la totalidad del préstamo. Todo se basa en un ejercicio de realismo estadístico que permite multiplicar el efecto de palanca que debe tener el dinero público. Los bancos y cajas que distribuyan estos créditos ICO aceptarán verse afectados por el mismo riesgo de morosidad que tienen en la actualidad, pero no por más. Si la morosidad creciera por encima de estos ratios, como es previsible, de ese exceso se harían cargo el ICO y el Instituto cántabro de Finanzas.
De esta forma, una entidad que haya cerrado 2008 con el 2,5% de morosidad, se limitaría a provisionar esa misma cantidad para atender los fallidos de los créditos ICO que distribuya en 2009 entre su clientela de pequeñas y medianas empresas. La mora que supere este porcentaje hasta llegar al 5% la asumirá el propio ICO y desde ese punto hasta el 10%, el Instituto Cántabro de Finanzas. Sólo en el caso de que el porcentaje de morosidad llegase aún más lejos (lo que resulta improbable), le repercutiría de nuevo al banco.
Luis Egusquiza, director del Instituto, cree que las entidades no pueden sustraerse a una oferta semejante “porque, al fin y al cabo, se trata de seguir trabajando con los que ya son sus clientes, a los que conocen perfectamente”. “Si no se fían de sus clientes con estas garantías, no sé en qué consideración los tienen, la verdad”, añade.
El Gobierno de Cantabria ha optado por esta fórmula, en lugar de reforzar las habituales dotaciones de Sogarca, por el efecto multiplicador que tendrá un aval colectivo. Esos mismos recursos llegarían a un número muy inferior de empresas si se utilizasen para los avales individuales que ofrece la sociedad de garantía recíproca.
En el peor de los casos (que la morosidad alcanzase el 10%), el Instituto se vería obligado a desembolsar a medio plazo (hasta el momento en que los avalados no empiecen a devolver los créditos no hay posibles impagos) 7,5 millones de euros, una cantidad que Egusquiza considera “asumible” si se sirve para desatascar una situación financiera tan compleja como la actual, que puede llevarse por delante decenas de empresas viables y miles de puestos de trabajo si estas compañías no consiguen circulante para pagar las nóminas o a los proveedores en tanto cobran a sus clientes.
Captación de proyectos
Además de reabrir el flujo natural del dinero, el nuevo organismo público será activo en otros campos, como la captación de inversiones o en el apoyo a nuevos emprendedores que, por su propia condición, no suelen encontrar apoyo financiero en ninguna entidad si no es con la garantía de su patrimonio personal.
Las empresas públicas y las grandes empresas privadas tienen otros problemas distintos y lo que buscan son apoyos financieros para abordar proyectos de inversión a un coste razonable. En estos momentos, y a pesar de que el Gobierno de Cantabria ha vuelto a repetir el índice de solvencia AA+, de absoluta garantía, son pocas las entidades de crédito dispuestas a ofrecerle su financiación a un precio inferior al euribor más un punto y algunas se han descolgado con exigencias bastante mayores.
Si las condiciones no cambian a medida que el mercado financiero recupere de nuevo la confianza, el Instituto está dispuesto a actuar como el banco del Gobierno, sin ningún complejo, para lo que tendría un margen muy amplio. En realidad, tendrá dinero de sobra para hacerlo. Hay que tener en cuenta que de los 300 millones de euros que el Ejecutivo le ha autorizado a emitir ya en su primer ejercicio para captar liquidez, los avales sólo consumirían 7,5 en el peor de los casos.
Con semejante músculo financiero y la experiencia adquirida con su antecesora, la CEP, el Instituto puede ofrecer también proyectos casi cerrados, de forma que un inversor podría encontrar en el Instituto desde el plan de negocio a la financiación necesaria para ponerlo en marcha. Y no hay que olvidar que en el horizonte más inmediato está la gigantesca inversión que va a requerir el Plan Eólico regional, un negocio con retornos seguros, ya que las tarifas de la energía producida están prefijadas, y que moverá más de 2.500 millones de euros.
En la mayoría de las ocasiones, los negocios que soliciten financiación del ICAF conllevarán mucho más riesgo, pero la experiencia de la CEP también le va a permitir analizarlos y calcular las coberturas de cada variable para actuar como un banco de inversión. Tampoco descarta destinar una parte de sus activos a capital riesgo.
Un alivio para Sodercan
Para el Gobierno también será de mucha utilidad contar con un organismo público sobre el que descargar algunos de los compromisos de financiación que hasta ahora se veía forzada a asumir Sodercan y que lastran las cuentas de esta empresa pública, como ha pasado con Greyco. En esa panoplia tan amplia de servicios que prestará el Instituto de Finanzas, el Gobierno también va a poder empujar con capital semilla proyectos empresariales de larga maduración y un futuro incierto, muchos de los cuales nacen en la Universidad.
Como el objetivo del Instituto es no perder dinero, estas operaciones de mayor riesgo estarán sometidas a unos coeficientes, con un volumen máximo de riesgo por ejercicio, en función de los márgenes que deparen las operaciones más seguras.
Además de promocionar las iniciativas locales y captar empresarios foráneos con una financiación más competitiva, el Instituto se encontraría en condiciones evitar la marcha de compañías que están asentadas en la región o para conseguir que las multinacionales se decanten por sus fábricas cántabras a la hora de asignar las nuevas líneas de producto entre sus factorías.
También en estos casos, el Instituto calcula que los costes financieros en que incurriría el Gobierno serán muy inferiores a los efectos que tendría sobre la economía regional la captación de una nueva fábrica, de una nueva línea de producto o, simplemente, el evitar la deslocalización de cualquiera de las factorías ya existentes.
El Instituto ha comenzado a operar con la misma plantilla que tenía la Coordinadora de Empresas Públicas, la compañía creada para el desarrollo de la financiación estructurada, que ya ha cubierto sus objetivos, y para coordinar la actividad financiera de las empresas públicas, en lo que ha tenido menos éxito, dado que los dos partidos del Gobierno parecen muy celosos de sus respectivas áreas de responsabilidad. El ICAF también mantiene esta responsabilidad, hasta el punto que asumirá la propiedad de todas las empresas públicas del Gobierno cántabro y dirigirá su política financiera.
