LO QUE NOS ESPERA

Si España pide el rescate, puede fijarse en lo ocurrido en Irlanda, Grecia y Portugal para calcular las consecuencias. No obstante, nuestro país ya ha anticipado muchas de las medidas que la UE exigió a los rescatados. Eso recorta mucho el margen de maniobra de Rajoy y cualquier ajuste accesorio resultará muy duro para un país que ya ha sufrido todo tipo de recortes y de subidas de impuestos. Pero lo peor es que el rescate no garantiza un cambio en la tendencia económica. Por el contrario, a corto plazo suele empeorar la recesión.
El primero de los tres rescates de la economía europea se produjo en Irlanda, donde la crisis de la deuda se originó debido a las garantías del Estado sobre el pasivo de los seis principales bancos irlandeses, que se habían dedicado a financiar una burbuja inmobiliaria semejante a la española y acabaron arruinados, con unas pérdidas de 100.000 millones de euros.
El Estado irlandés podría haberse limitado a garantizar los depósitos de los bancos, como hacen la mayoría, y haber dejado que los propietarios privados de deuda hicieran frente a las pérdidas pero, en lugar de eso, pidió prestado dinero al Banco Central Europeo desplazando las pérdidas bancarias hacia los contribuyentes. La agencia pública NAMA adquirió más de 80.000 millones de euros de créditos malos de los bancos.
Tras esta operación, el presupuesto de Irlanda pasó de tener superávit en 2007 a un déficit equivalente al 32% del PIB en 2010, el mayor en la historia de la zona euro. Llegados a este punto, los bancos no fueron capaces de conseguir más financiación y finalmente el Gobierno se vio forzado a pedir la ayuda de la UE.
En noviembre se anunció un paquete de financiación de 85.000 millones de euros respaldado por la Unión Europea, el FMI y varios países. La Eurozona, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, puso a disposición de Irlanda 40.200 millones de euros mientras Reino Unido, Dinamarca y Suecia contribuyeron con 4.800. De la ayuda recibida por el país, 34.000 millones fueron utilizados para apoyar al sector financiero.
A cambio, su Gobierno se comprometió a reducir el déficit presupuestario por debajo del 3% para 2015. Y, naturalmente, empezaron los recortes en la sanidad, la educación y la protección social por importe de unos 1.000 millones de euros. Además, Irlanda irá eliminando 23.500 puestos de funcionarios hasta 2015, lo que significa el despido de uno de cada diez, y ha recortado en un euro por hora el salario mínimo, hasta dejarlo en 7,5 euros a la hora.
Finalmente, las pensiones de los nuevos jubilados se han reducido un 10%, se han eliminado las deducciones fiscales para los pensionistas y se va a elevar la edad de jubilación a 66 años en 2014, a 67 en 2021 y a 68 en 2028.
El IVA subirá al 23% en 2014, el impuesto sobre la renta ya se ha reformado, así como los tributos locales y se acordó instalar contadores de agua en todos los hogares para imponer un nuevo impuesto antes de 2014. También se han elevado un 25% las tasas universitarias.

Lo que Grecia escondía
El segundo rescate europeo tuvo como escenario Grecia, donde los problemas financieros se descubrieron en octubre de 2009, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones y George Papandreu descubrió que la situación económica era catastrófica y que el déficit presupuestario para ese año sería del 12,5% en lugar del 3,7% declarado por los conservadores. También reveló que sus predecesores habían disimulado el verdadero tamaño de la deuda nacional ante la UE desde hacía una década.
En diciembre, el Gobierno dijo que no pediría ayuda externa y anunció un plan de reducción del déficit al 3% para 2010. No obstante, la desconfianza de los mercados continuó, los tipos siguieron subiendo y el Gobierno se vio obligado a endurecer el plan con nuevas medidas como la congelación de los sueldos a los funcionarios, la subida de los impuestos y el aumento de la edad de jubilación.
El 15 de marzo los ministros de finanzas de la UE llegaron a un acuerdo sobre préstamos y afirmaron que los estados de la Eurozona habían acordado ayudar a Grecia en caso necesario, pero reiteraron que el país no necesitaba rescate y que la crisis griega era un problema meramente nacional.
Alemania rechazaba una ayuda colectiva a Grecia e incluso propuso excluir de la Eurozona a los estados que no respetasen las reglas y amenazasen la viabilidad de la moneda. Pero las opiniones han sido muy volubles en este tiempo y sólo diez días después Sarkozy y Mekel acordaban un plan de rescate para el país, por importe de 23.000 millones de euros con la participación del FMI y los estados de la eurozona. En abril se revelaron los detalles de los préstamos de emergencia, que tendrían unas tasas de interés del 5% (el país estaba pagando un 7%).
El plan fue más amplio y se puso en marcha en dos fases: primero, los ministros de Finanzas de la Eurozona aprobaron una línea de crédito de 110.000 millones de euros durante tres años, 80.000 millones aportados por la UE y 30.000 millones por el FMI. Luego, los gobiernos de la Eurozona aprobaron el plan de ayuda a nivel nacional.

La recesión se agrava
Como la situación de Grecia no mejoraba, la UE, el BCE y el FMI aprobaron un segundo rescate por importe de 130.000 millones de euros (octubre de 2011), condicionado a la puesta en práctica de más medidas de austeridad y a un acuerdo de reestructuración de la deuda.
Sorprendentemente, el primer ministro griego, George Papandreu, consideró que debía convocar un referéndum para dar voz al país ante un asunto tan grave, pero tuvo que echarse atrás ante la presión de los estados de la UE, que le amenazaron con no entregar un pago pendiente de 6.000 millones de euros, lo que le dejaba sin liquidez. Ante la dificultad para desdecirse, el 10 de noviembre dimitió, siendo sustituido por un gobierno de unidad nacional.
Hasta el día de hoy, las medidas de austeridad han contribuido a reducir el déficit primario –antes del pago de intereses– de 24.700 millones de euros (10,6% del PIB) en 2009 hasta 5.200 millones (2,4% del PIB), pero como efecto colateral, la recesión económica ha empeorado. La tasa de desempleo ha pasado del 7,5% en septiembre de 2008 al 19,9% y el paro juvenil ha aumentado del 22% al 48%. En el sector público van a despedir a 150.000 empleados antes de 2015, el salario medio se ha reducido un 30% y el salario mínimo ha caído más del 20% y ahora está en 585 euros.
Lo más duro para los griegos es que se han disparado los precios de algunos servicios esenciales como los transportes y el gasóleo para calefacción. Se ha introducido una tasa de 5 euros por cada visita médica y pagos de hasta 500 euros por los análisis, al tiempo que el Gobierno estudia reducir la cobertura de las recetas médicas. Y el descenso del poder adquisitivo, sumado a las deudas y a la sequía de crédito bancaria, han provocado el cierre de más de 100.000 empresas.

Portugal y los mercados
El tercer país rescatado ha sido Portugal, donde la crisis acabó estallando tras muchos años de gasto público excesivo y la formación de burbujas inversoras como resultado de alianzas público-privadas poco transparentes. El motivo principal alegado por los inversores internacionales para penalizar la deuda de Portugal con intereses muy elevados fue que tenía un déficit público del 8,6% del PIB en 2010, por encima de la media europea, aunque era inferior al del Reino Unido (11,4%).
Se formó un círculo vicioso donde la presión de los mercados se disparó por las dudas que causaba la situación económica y ésta no hacía más que empeorar, a medida que los intereses de la deuda eran cada vez mayores.
Lo más sorprendente es que a inicios de 2010 Portugal tenía una de las mejores tasas de recuperación económica de la UE, pero en abril de 2011, al no prosperar el cuarto intento de ajuste del Gobierno de Sócrates y dispararse el interés de los bonos a diez años al 8,54%, el país no aguantó más y pidió el rescate.
En mayo, los estados de la Eurozona aprobaron un paquete de rescate de 78.000 millones de euros. El tipo medio de interés es del 5,1% y, entre otras cosas, el Gobierno se comprometió a eliminar su acción de oro en Portugal Telecom para permitir su privatización.
El gobierno portugués ha destinado 6.500 millones a recapitalizar a los tres principales bancos del país, aunque, el verdadero handicap de su economía es el elevado déficit comercial, que en 2010 llegó a 20.000 millones de euros, el 8% del PIB. Ese desajuste impide que la economía crezca y, sin crecimiento, no se pueden pagar los compromisos.
El programa de austeridad que Portugal estableció como contrapartida al rescate se ha traducido en subidas de impuestos, recortes en las pensiones más altas, copago en la salud y educación y privatización de empresas públicas. Se han suprimido las pagas extra a funcionarios y pensionistas que perciben más de 1.000 euros al mes y se han congelado los salarios. Además, la jornada laboral del sector privado ha aumentado en media hora, se han reducido los festivos y se han suspendido las jubilaciones anticipadas.
Los parados también han visto reducido la duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo, se ha aprobado una reforma laboral que facilita la flexibilización de la jornada y el despido y las indemnizaciones se reducen a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
Ir al médico de cabecera les cuesta a los portugueses cinco euros, ir a urgencias supone al menos veinte euros, que pueden llegar a ser cincuenta, dependiendo de las pruebas. El IVA ha subido al 23% para todos los productos, incluidos los básicos. Las gasolinas son más caras, lo mismo que los peajes en todas las autovías y el precio de los transportes urbanos.