INVENTARIO

Los efectos del escándalo

“El éxito de la obra bien hecha, en la vida de las personas y de las empresas, es la suma del beneficio que brindan al bien común y de su permanencia en el tiempo”

El autor de esta afirmación, a pesar de lo que pueda parecer, no pensaba en el bien común, sino en el propio. Es José Camacho Martínez, presidente de Gescartera, que encabezaba así su presentación ante los inversores. Mezclen en una coctelera los términos “atención personaliza”, “personal cualificado”, “experiencia”, “flexibilidad”, “implantación”, “apoyados en una tecnología innovadora” “internacionalización” y un nombre extranjero que nadie conoce pero siempre añade carácter mundano y apariencia de solvencia, en este caso el Hongkong and Shanghai Banking Co. Con todo ello se obtiene un estereotipo perfecto que sirve para vender cualquier cosa.
Camacho ha sido el responsable de un timo como otro cualquiera, que ha afectado a muchos ahorradores, pero limitado a una cifra: 14.000, 18.000 millones… Lo que nadie podrá evaluar es el descrédito del sistema que no ha provocado él, sino la incapacidad de la Comisión Nacional de Valores.
Por si no eran suficientes con los disgustos que dan las cotizaciones, el escándalo de Gescartera se ha convertido en un auténtico ciclón para las sociedades de Bolsa, algo que ninguna de ellas querrá reconocer en público, pero que confiesan en privado. Los inversores, una especie asustadiza, han respondido con retiradas de fondos indiscriminadas que afectan no sólo a los chiringuitos financieros sino también a las propias sociedades de valores, cuyos severos controles públicos debería dejarles al margen de esta ola de desconfianza. Algo que resultaría inexplicable si no fuera también inexplicable la desaparición del dinero depositado en Gescartera, cuando se trata de una sociedad sometida al control periódico de la CNMV, a auditorías y a una minuciosa declaración de todas las operaciones diarias.
Tardará años en restablecerse el nivel de confianza que habían conseguido las sociedades de Bolsa y que se ha dilapidado por la nefasta actuación que, consciente o inconscientemente –está por aclarar– ha tenido la CNMV en el control de Gescartera. Algo que no se resolverá con la fórmula de enmendar una chapuza con otra, como la de arbitrar ahora un fondo de garantía con efectos retroactivos. ¿Y por qué no para socorrer otros desaguisados anteriores?

La rebelión de los modestos
Entre los 180 millones de euros de presupuesto del Real Madrid (30.000 millones de pesetas) y los 12 del Rayo Vallecano (2.000 millones de pesetas) va un mundo. Sin embargo, ambos comparten división y durante los dos últimos años, el Rayo le ha puesto las cosas difíciles al Madrid en todos los enfrentamientos que han mantenido sobre el terreno de juego. ¿Pero realmente se puede ser competitivo con tal diferencia de medios?
Aparentemente, no, pero la realidad indica que año tras año, equipos con menos de 4.000 millones de presupuesto, como el Alavés, han llegado a competiciones europeas e, incluso, han estado a punto de ganarlas. Es más, las estadísticas demuestran que es ahora, cuando las diferencias presupuestarias entre los grandes y los pequeños se han hecho abismales, cuando el Real Madrid y el Barcelona tienen más dificultades para ganar las ligas.
La realidad, afortunadamente, no está dispuesta casi nunca a dar la razón a los apriorismos, porque de lo contrario el espectáculo resultaría demasiado aburrido al ganar siempre el que tiene más medios. Es esa capacidad de rebelión que tiene el fútbol la que permite que el espectáculo continúe y que hace aparecer en la Liga de las Estrellas equipos procedentes de ciudades (?) como Soria, Almendralejo o Villarreal que en algunos casos no llegan a los 20.000 habitantes y que son capaces de permanecer durante varios años en la Primera División y, en no pocas ocasiones, de humillar a los más poderosos, algo que hubiese parecido insólito hace un par de décadas cuando había menos diferencias económicas y, sin embargo, los quinielistas daban por fijos los partidos que jugaban los dos grandes. En estos tiempos ya sabemos que no hay nada fijo. Que cuando ahora hace veinte años IBM contrató a Microsoft para que le hiciese un pequeño sistema operativo, que a su vez, Bill Gates tuvo la picardía de comprar a un tercero, IBM era un coloso imbatible y Microsoft media docena de muchachos barbudos recién desembarcados de una furgoneta hippie. Hoy, el coloso es Microsoft e IBM busca la forma de encontrar negocios con más valor añadido que el construir ordenadores. Por eso el mundo sigue siendo divertido.

Sniace y el sentimiento de culpabilidad
Desde hace diez años, los medios de comunicación tenemos un extraordinario tacto al hablar de Sniace, una especie de temor inconsciente a que algo se estropee por nuestra culpa, inducido por la enorme presión que durante años hicieron los trabajadores y que más tarde ha encabezado el propio Gobierno regional. Es evidente que sólo en estas condiciones de incubadora podía subsistir una empresa que tenía todas las papeletas para el cierre, pero también es cierto que no se puede vivir siempre de la benevolencia general. Todos tenemos que colaborar, pero lo que no podemos es asumir las culpas ajenas y en ocasiones los mensajes conminatorios del consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, y del comité de empresa (curiosamente, no de la empresa) dan la impresión de que no sólo no se ayuda bastante, sino que hay una cierta actitud desagradecida en la sociedad de Cantabria.
Pero las cosas no son así, ni mucho menos. Sniace entró en crisis por sus propios méritos. Ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos, ni los sufridos vecinos de Suances, ni siquiera las empresas competidoras que han denunciado reiteradamente a la empresa ante las instituciones comunitarias han sido los culpables de una situación que no tiene otro responsable que la mala gestión que ha padecido históricamente y que sólo se ha enmendado con los voluntariosos esfuerzos de los últimos años.
A fuerza de ser justos, habría que reconocer que la población ha tenido una enorme paciencia y que todas las instituciones han mostrado una gran generosidad. Si alguien no la ha tenido es el Ministerio de Medio Ambiente, que no ha querido o no ha sabido solucionar el asunto del canon, colocando a la empresa entre la espada y la pared.
Y a fuer de sinceros hay que plantearse si realmente la estrategia de la empresa y del Gobierno regional con los residuos ha sido acertada. Sniace compró hace ya ocho años una depuradora que ha permanecido hasta ahora sin montar porque no disponía de los mil millones de pesetas que requería su instalación. A cambio de eso, en cada ejercicio aumentaba su deuda por el canon de vertidos en 525 millones de pesetas y tenía un notable coste de oportunidad, puesto que dejaba de percibir los ingresos por venta de los lignosulfonatos que se recuperarán en la planta. Es decir, que la depuradora hubiese quedado amortizada antes del segundo año de funcionamiento, los vecinos de Suances estarían mucho más satisfechos, los hosteleros habrían tenido más ingresos, la ría estaría menos contaminada y el canon a día de hoy sumaría unos 4.000 millones menos. Y, por supuesto, no se habrían producido episodios tan lamentables como el vertido al río de los 25.000 metros cúbicos de lejías en plena época turística, del que, por cierto, ninguna autoridad advirtió a los miles de bañistas que se encontraban a la mañana siguiente en la playa de La Concha. En el balance del desastre que ha hecho el consejero Gil sólo aparecen los peces, y como es bien sabido que ya no quedaban, el resultado ha sido inocuo.
Es posible que Sniace tenga más problemas de los que ya suponíamos para poner en marcha la planta, pero cuando se lanzan mensajes contradictorios, sólo se genera desconfianza. Es difícil suponer que si la planta funcionaba ya en julio al 85% de su capacidad, como aseguró el consejero, haya sido detenida en agosto para volver al procedimiento tradicional del embalsado de lejías a la espera de que las mareas vivas de septiembre se las lleven con la mayor discreción posible al enorme sumidero que es el mar de la zona.
La planta tiene que entrar en funcionamiento lo antes posible, sin más demoras, por muchos esfuerzos económicos, políticos o técnicos que requiera. Poner como pantalla a los trabajadores y a los 60.000 vecinos de Torrelavega, como supuestos avalistas de la situación actual no sólo es una práctica política inaceptable, sino que seguramente es incierto. Todo el mundo quiere que el problema se resuelva de una vez y el más interesado debiera ser el consejero de Medio Ambiente.