Las tribulaciones de la Autorización Ambiental
Pocas dependencias administrativas habrán conocido un final de año tan febril como el vivido en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente. Conforme se acercaba la fecha del 30 de diciembre, en la que concluía el plazo para la presentación de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (IPPC), las cerca de cincuenta empresas que aún no habían formalizado esa petición –de las 68 obligadas en Cantabria– han corrido a presentar en ventanilla al menos el formulario que, una vez sellado, les permitiera salvar la comprometida situación en que se habían colocado.
A pesar de los cuatro años transcurridos desde que se aprobó la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y del amplísimo margen con el que han contado para cumplir lo establecido en la norma, tan sólo un puñado de empresas llegaron a las primeras semanas de diciembre con los deberes hechos de cara a integrar en una sola autorización todas las licencias ambientales que necesitan para poder llevar a cabo su actividad.
El riesgo al que se enfrentaban el medio centenar que aún no habían hecho la tramitación era ni más ni menos que el de ser declaradas ilegales y tener que cesar en su actividad, algo de consecuencias impensables dada la importancia que tienen para la economía regional, ya que las de mayor carga potencialmente contaminante coinciden, en muchos casos, con las principales industrias de la región.
Para soslayar este riesgo, desde la propia Administración se aconsejó que al menos registrasen la solicitud, una manera de salvar la formalidad del proceso, aunque en lo sustancial se haya visto incumplido.
A lo largo de los próximos diez meses, que es el plazo con el que la Consejería de Medio Ambiente cuenta para emitir la autorización ambiental integrada, las empresas podrán ir aportando la documentación que falte en el expediente, aunque eso supondrá mayores dificultades para los funcionarios encargados de validar la información, que contarán con menos tiempo para desarrollar una tarea bastante compleja.
Más perentorio aún es el plazo con el que cuentan las empresas para ejecutar las inversiones en las mejoras tecnológicas a que están obligadas por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. La autorización ambiental integrada no es una mera declaración de intenciones sino una política de hechos concretos, ya que ha de plasmarse en inversiones para introducir las mejores técnicas productivas disponibles. Las empresas obligadas a obtener esta autorización –entre las que se cuentan industrias químicas, cementeras, papeleras, fundiciones, metalúrgicas y gestores de residuos– dispondrán hasta junio para llevar a la práctica las inversiones comprometidas en materia medioambiental.
Sin moratoria
La pasividad de las empresas afectadas puede haberse debido a la equivocada percepción de que, dada la complejidad del informe que debía acompañar a la solicitud de la IPPC y al retraso general, el Ministerio de Medio Ambiente acabaría por ampliar el plazo, algo que no ha sucedido. Tampoco ayudó el hecho de que el manual para indicar el modo de formalizar la IPPC en el sector de residuos, que la Consejería de Medio Ambiente encargó a la Universidad de Cantabria, viese la luz a mediados de noviembre, sólo mes y medio antes de que terminase el plazo. La tardía aparición de esta guía, a la que todavía le seguirá alguna otra, pudo haber llevado al ánimo de algunos empresarios la inevitabilidad de una moratoria que, por otro lado, no correspondía a la Consejería otorgar.
La sorpresa ha sido grande para unas empresas que esperaban un trato más indulgente en el cumplimiento de unas obligaciones medioambientales cuya complejidad rebasa el nivel al que estaban acostumbradas, y que deberán ser asumidas como un componente más de la gestión empresarial.
Sirva como ejemplo de la poca atención que todavía prestan las empresas a este aspecto el hecho de que una subvención de la Consejería de Medio Ambiente para ayudar a que las industrias afronten las exigencias del protocolo de Kioto (desde estudios y evaluaciones a cambios de filtros o quemadores), quedó prácticamente desierta. Tan sólo tres empresas solicitaron esa ayuda, por lo que sólo se llegaron a conceder 80.000 euros de los 400.000 presupuestados.
Cuenta atrás para los suelos contaminados
Los informes sobre suelos contaminados llevan un camino parecido. En Cantabria hay tres mil empresas afectadas por la obligación de presentar antes del siete de febrero un informe preliminar del estado del suelo sobre el que desarrollan su actividad. No se les exige en esta primera fase ningún análisis físico-químico, sino que trasladen a la Administración los datos básicos sobre el tipo de actividad que llevan a cabo, las materias que utilizan en sus procesos, los productos que almacenan y la descripción de las medidas tomadas para prevenir una posible contaminación del suelo.
Tampoco en este caso están fluyendo hacia la Consejería los informes al ritmo esperado, teniendo en cuenta el elevado número de empresas implicadas. El Decreto sobre suelos contaminados obliga a las industrias de 101 sectores a efectuar esa declaración preliminar y, en muchos casos, como en los talleres de automoción, se trata de micropymes a las que la información sobre las nuevas exigencias legales llega con dificultad. Para atajar este problema, la Consejería de Medio Ambiente, la Cámara de Comercio y Pymetal pusieron en marcha un servicio de asesoramiento on-line destinado a ayudar a estas empresas a elaborar el informe, pero tras el ejemplo dado por las industrias obligadas a la autorización ambiental integrada, que tienen muchos más recursos, queda la duda de si llegarán a tiempo.
