Luz verde a la aplicación del plan de alquileres y rehabilitaciones

En un escenario marcado por la prolongada atonía de la construcción, rehabilitar viviendas y recuperar espacios urbanos degradados se convierte en la única posibilidad de generar empleo en el sector. Así lo entendió el Ministerio de Fomento al diseñar su último Plan de Vivienda para el periodo 2013-2016. El primero que no apuesta por la construcción de nuevas viviendas en propiedad y sí lo hace por el alquiler, la rehabilitación y la renovación urbana.
Se trata de propiciar un nuevo modelo, más ajustado a las necesidades sociales y a la realidad del sector de la construcción, prácticamente inactivo como consecuencia de la crisis y de la sobredimensionada oferta de nuevas viviendas que se acumuló en los últimos tiempos del boom inmobiliario.
Ha sido necesario esperar más de un año para la aplicación del Plan, que se publicó en el BOE en junio de 2013, pero que precisaba para su desarrollo los correspondientes convenios con las comunidades autónomas. La firma del acuerdo con Cantabria tuvo lugar el pasado mes de agosto y, en él, el Ministerio de Fomento se compromete a aportar 15,3 millones de euros en los tres años de vigencia del Plan. Estas ayudas serán reforzadas con los recursos que añadirá la propia comunidad autónoma y que suman 7,2 millones. Así, entre ambas administraciones se dedicarán 22,5 millones de euros durante el próximo trienio para cubrir los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de fomento del parque público de alquiler, rehabilitaciones o renovación urbana.
Para acelerar la puesta en marcha de estas actuaciones, Fomento transferirá por adelantado a la comunidad autónoma el 10% del importe total comprometido, es decir, 1,5 millones de euros. No obstante, para la aplicación efectiva de estas ayudas falta aún un último paso: la publicación por el Gobierno regional de los decretos que regulan los requisitos para acogerse a las subvenciones que se contemplan en el Plan y que pueden estar listos en pocas semanas.
Sin embargo ya se conocen algunos de los datos más significativos. En el caso concreto de la rehabilitación, sus destinatarios son las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de viviendas. Las ayudas serán de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; hasta 2.000 para mejora de la eficiencia energética (5.000 si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio); y hasta 4.000 euros para mejora de la accesibilidad.
La cuantía de la ayuda no podrá superar el 35% del presupuesto –excepcionalmente, un 50% en la mejora de la accesibilidad– y, en todo caso, 11.000 euros como máximo por vivienda.

Previsiones de empleo y de inversión privada

En la firma del convenio entre ambas administraciones, la ministra de Fomento se atrevió a hacer algunas previsiones de los efectos que tendrá la aplicación de este Plan en Cantabria. Ana Pastor cifró en más de un millar las viviendas que se beneficiarán de subvenciones para rehabilitación y, con los diferentes objetivos que se persiguen en el Plan, calculó que los recursos públicos movilizarán una inversión privada de unos 24,5 millones de euros. Desde el punto de vista del empleo, la ejecución de estos programas supondrán, según Fomento, la generación de 700 puestos de trabajo directos.
Más allá de que se cumplan o no estas previsiones, lo cierto es que la rehabilitación es una actividad intensiva en la utilización de mano de obra, y de oficios que no tienen otra salida laboral que la ligada a la construcción.
Aunque la firma del convenio no se haya realizado hasta el pasado mes de agosto y no será hasta noviembre cuando se complete la publicación de los decretos para su aplicación, el propio convenio admite incluir en las ayudas todas las actuaciones acogidas a las convocatorias que se han aprobado en Cantabria desde la entrada en vigor del Plan estatal (junio de 2013).
Se da la circunstancia de que Cantabria es la única comunidad autónoma que ha introducido durante los dos últimos años ayudas específicas a la rehabilitación a través de las desgravaciones fiscales. Hasta el 15% del importe de la obra y con un máximo de desgravación de 1.000 y 1.500 euros, dependiendo de si las declaraciones de renta son conjuntas o individuales. Desgravaciones que podrán aplicarse, además, en los dos ejercicios siguientes. Y para completar el cuadro de ayudas fiscales a la rehabilitación, este año se aprobó una rebaja durante 18 meses en el Impuesto de Transmisiones (del 8% al 5%) para aquellas viviendas que se adquieran para su rehabilitación.

Registro para la ITE

Una de las cuestiones que puede jugar un papel clave en la reactivación de la rehabilitación es la obligatoriedad de someter a los inmuebles de cierta antigüedad a una inspección técnica que determine su grado de conservación. Es más, sin esa certificación, no podrán acceder a las ayudas públicas.
En el convenio firmado con Fomento, la Administración cántabra se compromete a crear un Registro de Informes de Evaluación de los Edificios así como a apoyar la implantación de las inspecciones. En la comunidad autónoma serán obligatorias a partir de 2015 para los inmuebles con más de 50 años, aunque sus propietarios dispondrán de cinco años de plazo para llevarlas a cabo. Para los edificios más que centenarios la obligatoriedad de realizar esta inspección técnica debería empezar en este ejercicio pero la Consejería va a ampliar el plazo en un año más.