CSIF pide a Función Pública activar la negociación para cerrar un acuerdo salarial y la jornada de 35 horas

El miércoles trasladará sus reivindicaciones al ministro José Luis Escrivá

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este lunes al Gobierno que abra la negociación en las administraciones públicas para un acuerdo de legislatura que, entre otros aspectos, ponga en marcha un nuevo acuerdo salarial y la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado.

Así se lo ha trasladado hoy el presidente del sindicato, Miguel Borra, a la nueva secretaria de Estado e Función Pública, Clara Mapelli, y lo hará al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles.

Desde el sindicato esperan que estas reuniones sean el comienzo de una nueva hoja de ruta de reformas estructurales que requieren las administraciones públicas para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, según han trasladado a través de un comunicado.

Para CSIF, es fundamental poner en marcha las diferentes mesas de negociación para un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar «la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década».

Además, piden la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados públicos, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial o la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, entre otras cuestiones.

También piden la adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. Según ha alertado el sindicato, en los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

Entre otras reclamaciones se encuentran, además, el desarrollo de las leyes de Función Pública, así como la implementación efectiva del teletrabajo y del protocolo contra el acoso sexual en la Administración General del Estado y el incremento de la financiación de Muface, así como del resto del mutualismo administrativo.