INVERSIÓN: NI PÚBLICA NI PRIVADA

La presunta bonanza económica no parece que haya llegado a algunos sectores. En Cantabria, desde luego, el viento de la recuperación sigue sin hinchar las velas de la construcción y la obra pública, cuyo bajísimo tono ni siquiera se ha animado en 2015 por el hecho de ser un año doblemente electoral.
Entre enero y agosto, la licitación oficial de nuevas obras ha caído a plomo en la comunidad autónoma, un 31,2%, mientras que en España la disminución ha sido mucho más moderada, un 8,8%.
Y, mientras decae tan notablemente la obra pública, que se había animado algo a finales del año pasado con las actuaciones municipales de fin de legislatura, la actividad privada continúa bajo mínimos. Según el Ministerio de Fomento, el pasado año apenas se vendieron en Cantabria 803 viviendas nuevas (un 3,6% más que en 2013), aunque en realidad solo representan el 20% de las ventas totales, porque la escasa demanda se dirige hacia la segunda mano, cuya venta se incrementó en un 35,5%.
La tendencia que marcan estas cifras no ha variado en lo que va de año. La evidencia está en las poquísimas obras que se inician. A tenor de los datos de visados que habían entrado en el Colegio de Aparejadores hasta septiembre, el año concluirá con poco más de 600 viviendas proyectadas, menos de las que se hacían en un solo mes hace una década.
Con este panorama son contadas las promotoras que subsisten en la región. Incluso algunas se ha tenido que reconvertir en gestoras de comunidades de bienes o de cooperativas, una fórmula de promoción en alza, ya que los bancos financian con más facilidad a las personas físicas, con las garantías adecuadas, que a las inmobiliarias. Pero, como lamentan en el sector, “si ya el trabajador se mete a empresario para construirse su propia vivienda…”. El futuro para la actividad profesional de la promoción no se presenta muy halagüeño.
El colapso del sector ha llevado a la desaparición a muchas empresas; ninguna de las pequeñas ha resistido y las medianas y grandes que lo han conseguido ha sido buscando un hueco en la rehabilitación. Pero la crisis no ha perdonado a ninguna firma, por grande que fuera. La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha visto reducirse el número de socios a 125, la mitad de los que tenía antes de pincharse la burbuja inmobiliaria.

El contador de vivienda nueva a cero

Para lo que sí han servido estos años de inactividad forzada ha sido para dar salida al parque de viviendas nuevas que se había acumulado en la región. Las aproximadamente 3.000 que permanecían sin vender se han reducido prácticamente a cero, especialmente las situadas en Santander y Torrelavega. Incluso cabe la posibilidad de que los precios en estas dos ciudades, que se han quedado sin oferta de vivienda nueva, experimenten un repunte después de haber caído entre el 35% y el 40% desde 2009.
Otra cosa es lo que ocurre en pequeñas localidades cántabras, donde la fiebre del ladrillo se tradujo en una edificación muy superior a lo que el mercado local demandaba, y continúan quedando muchos pisos sin vender.

El refugio de la rehabilitación

Aunque la rehabilitación se ha querido presentar como la gran alternativa para mantener la actividad de las empresas constructoras lo cierto es que sigue cumpliendo un papel modesto. No porque no sea necesaria una rehabilitación integral de muchos edificios, incluso de áreas urbanas enteras, especialmente en ciudades con un parque inmobiliario tan envejecido como Santander o Torrelavega; sino porque esos edificios suelen estar habitados por gente de escasos recursos, que no pueden hacer frente a los gastos que originaría una renovación completa del inmueble. Y las ayudas oficiales no bastan para ese propósito.
Como resultado, el sector de la rehabilitación se sigue nutriendo de pequeñas obras de mejora de accesibilidad, pintura de fachadas o mantenimiento de cubiertas.
En opinión de un experto, hace falta más imaginación para impulsar la rehabilitación integral de las viviendas. Por ejemplo, que el promotor pueda cobrar de los vecinos en especie y no de las certificaciones de obra, gracias a un incremento de la edificabilidad de esa zona que le permita quedarse con los bajos o con los garajes. Una imaginación que debería trasladarse al ordenamiento que regula el urbanismo en la región.
De hecho, ante el anuncio de una nueva Ley del Suelo, la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria sigue manteniendo sus reivindicaciones de una reforma sustancial en cuestiones como el aumento de la densidad y edificabilidad en determinadas zonas o la rebaja de las cesiones de suelo a las administraciones locales, que la ley establece en el 15%. La Asociación cree que se debería dar más autonomía a los ayuntamientos a la hora de tomar iniciativas que puedan atraer a los promotores.

La última gran obra

La finalización de la Autovía del Cantábrico (A-8), con la entada en funcionamiento del tramo entre Solares y Torrelavega, ha supuesto también el punto final para la única gran obra pública que Fomento estaba llevando a cabo en la región. Y no hay en los presupuestos del Gobierno central para 2016 proyectos nuevos que vengan a tomar el relevo de esa gran obra. De hecho, de los 109 millones de euros presupuestados, la práctica totalidad (108,4) corresponde a la Dirección General de Carreteras y buena parte de esa cifra (67,6 millones de euros) ya está gastada. Irá destinada a hacer frente a los últimos pagos de la A-8.
La otra gran partida corresponde a otra obra también terminada, el tramo de la Ronda de la Bahía entre Parbayón y Cacicedo, del que aún se adeudan 39,1 millones de euros. Una vez restadas estas cantidades, lo que queda del presupuesto de Fomento para 2016 son pequeñas partidas para obras como la mejora del Desfiladero de La Hermida (1,2 millones de euros para el inicio de unos trabajos que costarán 12,4 y que dejarán más transitables los 20 kilómetros que hay entre Castro Cillorigo y Panes) y otros 2,5 millones para comenzar la rectificación de curvas de ese mismo Desfiladero, una obra a la que Fomento destinará siete millones en varias anualidades.
Otros proyectos, como el tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con Vizcaya, reciben una cantidad meramente testimonial (medio millón de euros para hacer estudios), y alguno, como la variante de Potes, desaparece de los Presupuestos.
Y si esto ocurre con la Administración central, la precariedad de recursos condenan a la impotencia a la autonómica, al menos para contribuir a la reactivación del sector a lo largo de 2016.
Ante esta situación, no cabe extrañarse de que la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria siga viendo el futuro con preocupación.
La expectativa es tan desanimante que Ascan, el grupo constructor más importante de la región, ha optado por presentar un nuevo expediente de regulación de empleo para rescindir el contrato de 78 trabajadores y suspender temporalmente el de otros 14. La empresa ya había recurrido a este mecanismo en 2012 y, después de conseguir refinanciar su deuda, parecía comenzar a despejar sus problemas, pero la realidad regional no le acompaña. En este año, a pesar de las elecciones, apenas ha habido cien millones de euros de inversión para obra pública en Cantabria. En algunos ejercicios de la pasada década se llegaron a superar los 1.000.