Un mercado fuera de control

En un parque de viviendas tan poco eficiente energéticamente como el construido en España a partir del boom inmobiliario de los años sesenta, y antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, la implantación de un Certificado Energético el pasado año significó todo un revulsivo. Suponía la oportunidad de evaluar el estado de nuestras viviendas y sus posibles mejoras y abría una oportunidad de trabajo para muchos profesionales duramente castigados por la crisis del sector inmobiliario, como arquitectos, aparejadores o ingenieros y peritos industriales.
Sin embargo, la evolución de este mercado de las certificaciones energéticas ha defraudado tanto las expectativas de esos profesionales como el objetivo que perseguía la Unión Europea al crear la directiva de la que emana esa certificación: conseguir un diagnóstico detallado de la calidad de nuestro parque residencial desde el punto de vista del consumo de energía.
Una ley demasiado laxa a la hora de controlar el rigor con que se hacen las certificaciones y un precio no regulado, por entender que es el propio mercado el que debe fijarlo, han creado las condiciones idóneas para situaciones en las que es posible encontrar ofertas de certificados on line a 80 e incluso a 35 euros, cuando la estimación inicial fijaba en unos 250 o 300 euros el precio al que se podría ofrecer el servicio prestado por técnicos que deben desplazarse hasta la vivienda para analizar in situ su estado.
Tampoco ha ayudado el modo en que han acogido la iniciativa muchos propietarios de las viviendas obligadas a contar con ese certificado (las que estén a la venta o en alquiler). En vez de verlo como una oportunidad para mejorar el inmueble reduciendo los gastos de mantenimiento, lo han interpretado como un impuesto más. De ahí su inclinación a valorar más el precio que la calidad o la eficacia del servicio.

Las primeras denuncias

La reacción de los profesionales afectados no se ha hecho esperar y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ya ha denunciado ante las comunidades autónomas, que son las administraciones a las que corresponde el control de estas certificaciones, a cuatro empresas por ofrecer, a través de páginas web o en publicidad insertada en medios de comunicación, certificados de eficiencia energética extendidos a distancia y de oído, sin que el técnico visite el inmueble.
En Cantabria, la denuncia ha servido para que la Consejería de Industria contrate los servicios de una ingeniería para revisar aleatoriamente algunos de los cerca de 8.000 certificados registrados hasta la fecha en esta comunidad, sin que hasta el momento se hayan detectado irregularidades.

Una legislación tardía

En España se ha legislado demasiado tarde sobre esta materia y muchas veces impulsados por denuncias e incluso por multas de la UE. Hasta 1979 no se introdujo la primera ley que incluía unos requisitos mínimos de aislamiento en las construcciones y hasta la aprobación del Código Técnico de la Edificación, en 2006, no se endurecieron las exigencias para que los edificios de nueva construcción alcancen, al menos, una calificación energética media (D). Como desde 2007 se han hecho poco más de un millón de casas y muchas de ellas ya estaban iniciadas entonces, casi la totalidad del parque, el 90% de los 25 millones de viviendas que existen en España, suspende en eficiencia. La calificación A, que es la óptima, está prácticamente por estrenar; solo el 11% logra una B, C o D, que se considera aprobados, y el resto de las viviendas del país se quedan en las letras E, F o G, que son las consideradas no eficientes.
La solución está en la rehabilitación energética, un enfoque que es el asumido por el Ministerio de Fomento al impulsar la Ley de junio de 2013 en la que se crea el Informe de Evaluación de los Edificios, que viene a unificar la Inspección Técnica de la Vivienda, que en Cantabria no llegó a ponerse en práctica, con la Certificación de Eficiencia energética. Además, el Ministerio de Fomento ha actualizado el Código Técnico de la Edificación para imponer la letra B como la calificación mínima aceptable en los edificios de nueva construcción.

Un salto cualitativo

Con el Informe de Evaluación de Edificios la certificación energética se amplía a todos los inmuebles con una antigüedad superior a los 50 años, según unos plazos ya establecidos en el decreto autonómico, publicado el pasado mes de enero, que concreta la aplicación de esta nueva ley. Según este calendario, de aquí a 2017, debe completarse esa evaluación que incluye la eficiencia energética dentro del diagnóstico del estado general del inmueble. Este año se deben presentar los informes de los edificios centenarios de Cantabria, algo que afecta, por ejemplo, a los inmuebles del santanderino Paseo de Pereda. En 2015, los de aquellos que tengan entre 80 y 100 años; en 2016, los de los edificios con una antigüedad de entre 60 y 80 años, una horquilla que incluye ya a buena parte del parque inmobiliario cántabro; y para 2017, deberán estar evaluados todos los que tengan más de 50 años.
Es una nueva oportunidad para hacer un trabajo riguroso en este campo y para que los técnicos vinculados a la vivienda encuentren una salida profesional. El riesgo es que se reproduzca la guerra de precios y la deriva hacia informes poco rigurosos. Las experiencias en otras comunidades, como Castilla-León, no invitan al optimismo, porque informes que se empezaron cobrando a cuantías entre 2.000 y 2.500 euros, para un inmueble de 20 viviendas, se están ofertando ya por 400 euros, lo que ha acabado por expulsar del mercado a los profesionales más solventes.