El CES critica el uso del urbanismo que hacen los ayuntamientos y propone limitarlo

El informe del CES al proyecto de Ley del Suelo presentado por la Consejería de Obras Públicas ha sido uno de los más favorables que haya recibido ley alguna desde que existe este órgano de control social. El CES considera bueno el articulado y oportuna la decisión de incluir en esta norma la ordenación del territorio, que la Consejería de Medio Ambiente tiene atascada desde hace diez años. Pero hace dos matizaciones de relieve: la densidad de edificación autorizada para los municipios turísticos es excesiva (un 25% de las 70 viviendas por hectárea admitidas como norma general) y la aparición del agente urbanizador, que podrá desarrollar terrenos de otros propietarios. En opinión del CES, esta polémica figura, muy contestada en la Comunidad Valenciana y en Aragón, donde fue considerada confiscatoria, plantea demasiados interrogantes como para ser aceptada. Uno de los más serios es la posibilidad de que este particular o empresa al que la Administración le otorga facultades para interferirse en el derecho de propiedad ajeno pueda obrar en interés propio al hacer los repartos, ya que se le autoriza para reparcelar, urbanizar y hacer la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios de los terrenos que se decida urbanizar, aunque no sean suyos. Una desconfianza que será más difícil de evitar en aquellos casos en que el agente urbanizador cobre sus servicios quedándose con parte del suelo edificable resultante, algo a lo que la ley le autoriza.
Tampoco está de acuerdo el CES en que las Administraciones públicas queden excluidas de participar en los gastos de urbanización correspondientes al 10% del suelo que deben cederles los promotores.

Limitar la autonomía urbanística municipal

Al margen de las consideraciones al articulado, el CES se pronuncia muy claramente en favor de un urbanismo de más calidad en la región y pone en duda que una ley de suelo, por buena que sea, resulte suficiente para lograrlo.
Aún a riesgo de crear una polémica, el informe del Consejo donde están representados empresarios, sindicatos y expertos en la economía regional, se muestra partidario de limitar la autonomía urbanística municipal, dentro de los límites legales, al asegurar que hasta ahora no sólo no ha colaborado en el desarrollo sostenible de la región, sino todo lo contrario.
El CES cita el informe que en 1995 realizó la Comisión de Expertos en Urbanismo para el Ministerio de Fomento en el que ya entonces se indicaba la preocupación de la sociedad española por los elevados precios de la vivienda, con crecimientos muy superiores al IPC y cuyas repercusiones en las economías domésticas eran excesivamente gravosas. Según los expertos, para muchas familias, la vivienda ha llegado a suponer una merma en su renta disponible superior al 50% a lo largo de todo el periodo de pago. Esa circunstancia, además de suponer un cambio en las costumbres sociales, da lugar a un enorme drenaje de fondos del sistema económico español hacia ámbitos no productivos.
Los expertos sospechaban entonces que “un gran flujo de fondos, socialmente detestable, no ha ido a retribuir un incremento de la calidad de edificación y urbanización (que sin duda se ha producido) o a la actividad empresarial promotora o constructora, sino a los especuladores de productos inmobiliarios terminados y a los propietarios de suelo”.
El CES suscribe la idea de los expertos convocados por Fomento de que algunos entes locales también han acabado por comportarse como auténticos especuladores: “Restringen la oferta hasta extremos increíbles y hacen subir el precio del suelo paralelamente”. Un comportamiento que compara con el utilizado en otros tiempos por los reyes: “Cuando no disponían de un sistema fiscal adecuado iban dando concesiones monopolísticas –de fábricas, de comercio, etc.– a determinados señores, los cuales, a cambio, les ayudaban a financiar la Corona. Eso mismo están haciendo hoy las autoridades urbanísticas de España y no será fácil cambiar esta conducta, como no fue fácil acabar con los monopolios reales y los privilegios”. (…) Cualquiera que sea el grado de penuria de las Haciendas Locales, los ingresos atípicos derivados del urbanismo contribuyen a agravar el problema del precio del suelo. Por lo tanto, los ingresos municipales deberían limitarse a impuestos y tasas”.
El CES no es partidario de que las administraciones actuantes obtengan un rendimiento económico directo sobre las actuaciones urbanísticas que autorizan, tanto en pagos por reclasificación de terrenos, como por recalificaciones, modificaciones de las normas urbanísticas, etc. ya que la necesidad de estos ingresos pueden condicionar muchas decisiones.
El CES busca, con sus propuestas, moderar los excesos urbanísticos de algunos municipios costeros dispuestos a llevar al extremo su autonomía en esta materia. De esta forma, cree que se podrían corregir dos efectos negativos para la economía regional. De una parte, frenar el encarecimiento de las viviendas, que repercute negativamente en la movilidad geográfica de los ciudadanos y en la calidad de vida, y por otra evitar la consolidación en nuestras costas de “un urbanismo de bajísima calidad y dudoso rendimiento social, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Es ese el paisaje que queremos? ¿Son esas las ciudades y pueblos que queremos? ¿Es este el modelo de turismo por el que optamos? En estos casos, evidentemente, el problema ha sido municipal, ya que el triángulo emplazamiento turístico/arcas municipales adelgazadas/fuerte actividad constructora/municipio pequeño no tiene unos efectos muy positivos sobre la urbanización racional y ordenada.”
Con esta declaración de principios, el CES va mucho más allá de la valoración de la normativa urbanística presentada y abre un debate (el de los límites de la autonomía urbanística municipal) que los partidos políticos cántabros nunca se han atrevido a plantear ante la presión de sus auténticos barones, que son los alcaldes.