Jesús Cabezón, probable presidente de la Caja

La Caja cántabra, como la mayoría de las cajas españolas, se convirtió en un objeto de deseo político cuando los partidos comprobaron que el poder que emana de una entidad financiera en muchos casos es más tangible y práctico que el del Parlamento. Deslumbrados por esta realidad, los consejos de administración vivieron una efervescencia política que suscitó muchas tensiones y una perceptible desconfianza general, aunque no por eso las cajas se vieron perjudicadas en su negocio. Paradójicamente, comenzaron a ganar cuota de mercado a los bancos y alcanzaron un protagonismo social muy importante.
Pero las tensiones internas empezaban a ser insostenibles, y un buen ejemplo era lo que ocurría en Caja Cantabria donde el anterior director se mantuvo durante años, a disgusto del PP, como consecuencia de un frágil equilibrio de poderes entre los distintos grupos que formaban el consejo de administración, que impedía llegar a un acuerdo sobre otro candidato. A finales de los 90, el PP y el PSOE comprendieron que la situación no tenía otra salida que el consenso y alcanzaron un pacto para excluir Caja Cantabria del debate político. Un pacto que fue ratificado en el 2002 y que va a volver a funcionar este mes cuando se sustituya a la mitad de los consejeros generales y estos, a su vez, elijan a la mitad de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control.

El pacto funciona

El pacto ha funcionado en el Ayuntamiento de Santander, donde el consejero general designado lo ha sido a propuesta del PSOE (el propuesto por el PP continuaba) y ha funcionado a la hora de elaborar la lista del Parlamento, donde era casi inevitable, dado que debía ser aprobada por los dos tercios de la Cámara, algo que sólo era posible si el PP sumaba sus votos.
Todo hace suponer, por tanto, que no habrá problemas para que el consenso se imponga también en la elección de los principales cargos de la Caja, aunque el PRC pierda las expectativas que en su día mantuvo de alcanzar la presidencia, en la persona de Rafael de la Sierra.
El juego de poder, no obstante, será en esta ocasión distinto. Si en las anteriores el presidente fue designado por el PP, ahora parece evidente que el PSOE reclamará la consideración de primera fuerza y su candidato a presidente será Jesús Cabezón, actual presidente de la Obra Social. En este intercambio de papeles, el PP podría designar al presidente de la Obra Social. El regionalista Rafael Lombilla se mantendría como presidente de la Comisión de Control.
Cabezón ha sido senador y eurodiputado y ha publicado varios libros de poesía. Al frente de la Obra Social de la Caja se ha visto obligado a gestionar las restricciones presupuestarias que también afectaron a esta parte de la entidad.

Ocho consejeros nuevos

La asamblea general de la Caja está compuesta por cien consejeros generales de los cuales 25 representan a los ayuntamientos donde hay oficinas de la entidad; otros 25 al Parlamento; 16 a entidades sin ánimo de lucro y 9 a empleados. Los mandatos son de cuatro años y se renuevan por mitades. En esta ocasión, al tratarse de la primera renovación tras la entrada en vigor de los nuevos estatutos, hubo de realizarse un sorteo ante notario para decidir qué mitad debía abandonar sus cargos.
Los partidos políticos no han renunciado a asegurarse el control del mayor número posible de consejeros generales, entre los que se elegirán las ocho vacantes que van a quedar en el consejo de administración y las cuatro de la comisión de control, pero han optado por representaciones con un perfil político menos relevante (en el pasado llegaron a coincidir en el consejo el secretario general del PP y el vicesecretario general del PSOE), lo que va a contribuir a mantener la entidad en un plano profesional. Por otra parte, la sólida mayoría que obtendrán en el consejo el tándem PSOE-PRC garantiza la estabilidad, aunque curiosamente a los regionalistas la renovación de los representantes municipales no le ha sido nada favorable.

Pocos cambios

En realidad, los cambios no van a tener una repercusión práctica. Es muy improbable la sustitución del director general, Javier Eraso, a pesar de que fue nombrado por un consejo donde el Partido Popular tenía la mayoría. Eraso tiene el respaldo de los sindicatos mayoritarios y de la CEOE, ha profesionalizado la gestión y, a pesar de que los resultados de la Caja no han sido brillantes, ha tenido que hacer frente a una rémora de saneamientos pendientes y a una acuciante necesidad de mejorar los recursos propios. Las previsiones apuntan que el ejercicio de 2004 se ha cerrado con una mejoría del 15% en los beneficios, después de descontar una dotación de 10 millones de euros para sufragar el coste de 42 prejubilaciones, lo que reducirá la plantilla en aproximadamente un 5%.
La situación general de la entidad ha mejorado sensiblemente en los últimos años, a pesar del bajo perfil público que ha mantenido Eraso, después de auspiciar una fuerte reducción de los gastos generales que hacía presagiar más tensiones. Eraso también ha conseguido evitar la contaminación que sufría la entidad por su carácter semipúblico, al verse obligada a asumir operaciones que otras entidades no hubiesen aceptado. No obstante, la Caja aún sigue lastrada por varias de ellas que han pasado al apartado de dudosos, como un crédito de 17 millones de euros concedido al Racing.