Un peldaño más en la prevención de los riesgos laborales

Si el interés de un gobierno por una determinada cuestión puede juzgarse por el rango administrativo que le concede, no cabe duda de que Cantabria está en puertas de un cambio en la lucha contra la siniestralidad laboral.
En los próximos meses, la región va a dotarse de un Instituto de Seguridad y Salud, con rango de Dirección General, como personificación del nuevo impulso que se quiere dar a la prevención de riesgos laborales. Al contrario que el actual Centro del mismo nombre, cuyos recursos absorberá, el nuevo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), contará con un presupuesto propio y una autonomía de actuación de la que cabe esperar políticas más activas en la lucha contra esa lacra social que son los accidentes de trabajo.
Así lo demandan los diez mil accidentes laborales que, como media, vienen ocurriendo en la región cada año desde que en el 2000 se rebasó por primera vez esta cifra. Y aún hay que sumar otros diez mil percances anuales que pasan desapercibidos, a efectos de esta negra estadística, porque no suelen precisar de baja médica. Es decir, más de 20.000 accidentes al año en el lugar de trabajo, para una población laboral de unas 260.000 personas.

Reforzar la inspección

En la lucha contra la siniestralidad no son herramientas legales lo que faltan. En este terreno, España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada en 1996. Pero no basta con un marco legal, por bueno que sea, si no hay voluntad de aplicarlo o si fallan los mecanismos de control que deben vigilar su cumplimiento.
La labor de la inspección de trabajo es primordial, en este campo, pero el escaso número de funcionarios y el hecho de que la prevención es una carga de trabajo añadida a sus cometidos tradicionales atenúa su capacidad de disuasión frente a empresarios poco respetuosos con la ley.

Habilitación de técnicos para inspección

El Gobierno cántabro ha anunciado su intención de que la inspección de trabajo realice en Cantabria el próximo año más de mil actuaciones sobre riesgos laborales (condiciones de seguridad en la construcción y en empresas de alta siniestralidad, entre otras), con independencia de las denuncias que se presenten y de la investigación de los accidentes laborales de gravedad. Pero frente a esa declaración de intenciones, lo cierto es que la Inspección de Trabajo en Cantabria está formada por sólo once inspectores y doce subinspectores, un número demasiado exiguo para el objetivo que se quiere alcanzar.
Precisamente para reforzar la tarea de la inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, y con el acuerdo de los agentes sociales, el Gobierno central autorizó el pasado año a las comunidades autónomas, mediante un Real Decreto, a que habilitasen a los técnicos en seguridad y salud laboral para que pudieran actuar en apoyo de los inspectores de trabajo. Los técnicos ya no se dedicarían sólo a la investigación de accidentes y a la formación de los trabajadores, sino que podrían visitar las empresas para comprobar si cumplen con lo que la Ley de Prevención exige y elevar, en caso contrario, un informe a la Inspección de Trabajo para que sea ésta la que sancione.
Sin embargo, aunque algunas comunidades sí han utilizado ese Real Decreto, en Cantabria aún no se ha dado ese paso, entre otras cosas porque los propios técnicos del Centro de Seguridad y Salud Laboral no parecen muy dispuestos a asumir una tarea de fiscalización y vigilancia a la que no están acostumbrados. Con todo, si bien se trata de trabajadores muy cualificados, el refuerzo para la inspección de trabajo no parece muy relevante, ya que el Centro sólo cuenta con once técnicos, tras la reciente jubilación de tres de ellos.
En previsión de una posible habilitación para labores de control, la Dirección General de Trabajo había creado cuatro nuevos puestos que finalmente no han sido convocados.
La pasividad del Gobierno regional en este punto puede estar relacionada con la incertidumbre sobre la continuidad de la Inspección de Trabajo como un cuerpo dependiente de la Administración central. De hecho, algunas comunidades como la catalana han solicitado su transferencia, lo que, de llevarse a efecto, obligaría a un replanteamiento de los recursos con que debería dotarse Cantabria en este campo.
Desde los sindicatos también se apunta la posibilidad de aprovechar mejor la cantera de titulados en prevención de riesgos laborales que sale de la Universidad creando, si fuera necesario, un cuerpo de inspección autonómico que practicase los controles en las empresas.
A pesar de esta exigencia de un mayor celo inspector, los sindicatos también abogan por la puesta en marcha de otros estímulos para convencer al empresario de la necesidad de cumplir la Ley de Prevención, tal y como apunta el responsable de este área en la UGT cántabra, José Luis Hernando: “Al empresario habría que motivarle no con las sanciones, sino incentivando en las cotizaciones sociales a aquél que haga prevención. Y el gasto que generan los accidentes debería recaer sobre el que no lo haga”.

Una Ley integral

La trascendencia social que tienen los accidentes de trabajo ha llevado a la UGT a plantearse la conveniencia de que la lucha contra la siniestralidad se haga en el marco de una ley integral como la creada para la violencia de género. Este sindicato celebrará en Cantabria una jornada para debatir esta propuesta en la que intervendrá un representante de la Fiscalía del Estado y en la que se analizará el papel que juega el Derecho penal en la prevención de riesgos laborales. “Necesitamos una ley integral porque los datos son muy alarmantes –subraya Hernando–, y ya no porque haya muchos muertos, sino porque la salud laboral en España está enferma; cuadruplicamos cualquier dato de siniestralidad de Europa. Tenemos los técnicos, las herramientas, somos unos ciudadanos dóciles y el Gobierno es generoso con las subvenciones. Yo creo que es una sociedad que se adaptaría a un nuevo modelo”, concluye el portavoz de UGT.