EJECUCION INMEDIATA

La posibilidad de conseguir la ejecución provisional de las sentencias está dirigida a evitar que el perjudicado tarde años en verse resarcido, mientras el condenado recurre a sucesivas instancias judiciales. Algo que parece razonable. Pero nadie pensó demasiado en los efectos negativos que también podía causar y que han comenzado a ponerse en evidencia en cuanto ha entrado en vigor.
El semanario cántabro La Realidad fue condenado en primera instancia al pago de una indemnización de 20 millones de pesetas al por entonces secretario general del PP cántabro y presidente de Caja Cantabria, Carlos Saiz, por una intromisión en su honor al insinuar que había realizado varios viajes a Suiza con maletines de dinero. Además, el rotativo fue condenado a pagar siete millones de pesetas en concepto de costas.
La cuantía era una de las más elevadas que se haya impuesto en la prensa española, dado que otras condenas similares nunca habían pasado de los quince millones de pesetas (caso Preysler) a pesar de tratarse de publicaciones de gran tirada, cuya trascendencia pública es infinitamente mayor que la del modesto semanario cántabro.

Efectos irrecuperables

Como consecuencia del embargo de sus pocos bienes que se produjo tras la ejecución provisional de la sentencia, La Realidad desapareció. Ahora, casi dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha modificado el criterio valorativo de la juez de primera instancia y ha reducido la indemnización a Carlos Saiz a dos millones de pesetas, además de retirar la condena del semanario a sufragar todas las costas.
El problema es que la nueva sentencia ya no podrá evitar los efectos causados por la anterior, que supuso el cierre del semanario, en el que trabajaban y colaboraban una decena de personas. Y esa imposibilidad de restablecer la situación original es lo que ha empezado a crear serias dudas sobre la eficacia de la ejecución inmediata de las sentencias.
El caso La Realidad apenas ha sido conocido fuera de Cantabria, pero ha sido seguido muy de cerca por el periodista santanderino Fernando Jáuregui, uno de los comentaristas políticos más conocidos del país. La razón no era exclusivamente su paisanaje. Jáuregui se enfrentaba a una situación muy parecida en su periódico digital Micanoa.com, con sede en Madrid, que fue denunciado por los jugadores del FC Barcelona tras la inserción de un comentario en su sección Confidencial que relataba una supuesta orgía sexual de parte de la plantilla del equipo en el Hotel Hesperia de Madrid la noche anterior al encuentro contra el Rayo Vallecano.
El juez, finalmente ha condenado a Jáuregui y a Telemadrid, que se hizo eco de la noticia, a indemnizar a cinco miembros de la plantilla del club, por no haber demostrado los hechos con pruebas o comprobantes del supuesto pago a las “señoritas intervinientes” –una pretensión por otra parte insólita– y ha establecido el honor mancillado de los jugadores en veinte millones de pesetas por afectado (cien millones en total).
En esta ocasión y en vista de que la sentencia ha tenido mucha más repercusión en los cenáculos políticos y periodísticos madrileños que la condena a La Realidad, el ministro de Justicia, José María Michavila, ha optado por tender puentes hacia el colectivo periodístico y ha nombrado una comisión técnica para debatir con la Asociación de la Prensa de Madrid “reformas de la ley que eviten el cierre de medios merced a la ejecución inmediata de sentencias previstas por la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

El caso de Prefabricados Escalante

Pero el problema tampoco es exclusivo de los medios de comunicación. Eso lo sabe muy bien la dirección de Prefabricados Escalante, una empresa de 52 trabajadores que hasta ahora llevaba una trayectoria brillante y que acaba de entrar en suspensión de pagos tras otra sentencia de la misma juez que condenó a La Realidad, en este caso por uso indebido de una patente.
Prefabricados Escalante (Prefesa) se fundó en 1989 y estaba inicialmente dirigida a atender el enorme mercado de la construcción que se aventuraba en la zona oriental de Cantabria al que comenzó a suministrar ferralla, bloques de hormigón y forjados de viguetas. No obstante, la evolución de la empresa la había llevado en los últimos tiempos a vender el 90% de su producción fuera de Cantabria, donde ha participado en obras tan significativas como la ampliación del aeropuerto de Barajas, los últimos aparcamientos subterráneos construidos en Oviedo o la Escuela de Ingenieros de Barcelona.
En 1990 Prefesa comenzó la fabricación de una vigueta denominada comercialmente Pi por su diseño, que guarda cierto parecido con la letra griega. Dos años después decidió desarrollar un panel especial ignífugo en su oficina técnica, dirigida por un ingeniero de caminos y un aparejador, además de uno de los dueños de la empresa, que es arquitecto. Este último recurrió a un hermano, ingeniero de Caminos del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que se prestó a colaborar en el desarrollo del nuevo panel. El resultado fue sometido a pruebas durante los años 1993 y 1994. Mientras tanto, el ingeniero colaborador registró la innovación a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas.
Prefabricados Escalante preparó su planta para la fabricación en serie de este panel que empezó a comercializar a finales de 1997. Año y medio después se produjo la disputa sobre la titularidad de la patente, que el Juzgado Número 6 de Santander le otorgó al ingeniero del CSIC. Ambas partes recurrieron la sentencia que ahora está en el Supremo donde finalmente se dilucidará de quién es propiedad.
Ante la incertidumbre del resultado del juicio, Prefabricados Escalante desarrolló un nuevo panel en 1999, tres veces más resistente que el anterior, y en febrero de 2000 dejó de fabricar el que era objeto de litigio.
Esto no evitó que en junio de 2001 el afectado hiciese uso de la nueva posibilidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia a su favor y reclamase una indemnización de 643 millones de pesetas a la empresa de Escalante por el uso que había realizado de la patente. Prefesa, por su parte, valoró los posibles daños causados en 17,7 millones de pesetas.

Una indemnización estratosférica

La indemnización la decidió la misma jueza que condenó a La Realidad, Laura Cuevas, que finalmente impuso una cuantía de 596 millones en favor del ingeniero, dando por buena su tesis de que en en ese tiempo en que no pudo disponer de la patente (unos dos años y medio) podía haber creado fábricas de paneles en toda España y desechando la valoración del perito nombrado por el propio Juzgado que estimó los daños en una cantidad muchísimo más modesta, 32,7 millones de pesetas.
A resultas de la ejecución de esta cantidad, que ha sido considerada en el sector desmesurada, Prefabricados Escalante ha quedado en suspensión de pagos y podría llegar a la quiebra definitiva –aunque la posibilidad es bastante remota– antes de que la Audiencia Provincial confirme o modifique esta liquidación de daños o en los dos años que como poco faltan para que el Supremo se pronuncie definitivamente sobre la titularidad de la patente.

Suspensión de pagos

La jueza embargó todos los pagos de los clientes a Prefesa, que debían ir a una cuenta abierta en el Juzgado, lo que provocó que la empresa se quedase sin recursos para financiar la compra de materias primas y haya interrumpido la producción durante cinco meses, dejando sin actividad a los 50 trabajadores.
Como es fácilmente imaginable, a los problemas financieros que ha planteado esta espectacular indemnización se han añadido una catarata de efectos colaterales, como la pérdida de mercado, dado que muchos clientes buscaron otro suministrador al conocer la sentencia, por el temor a que la empresa de Escalante no pudiera cumplir sus compromisos, como finalmente ha ocurrido. A su vez, los bancos restringieron drásticamente las líneas de descuento comercial, lo que contribuyó a acelerar el ahogo económico de la sociedad.
Como en el caso de La Realidad, la empresa puede encontrarse ahora con la paradoja de que la cuantía de la indemnización que finalmente fije la Audiencia o instancias superiores sea muy inferior a la que ha provocado su embargo, y no existir ya en ese momento.
Por el momento, la suspensión de pagos se ha convertido en un salvavidas para la empresa de Escalante, dado que produce el levantamiento automático de los embargos, y el equipo directivo trata ahora de conseguir nueva cartera de trabajo para reiniciar la actividad, ya que los pedidos anteriores se han perdido por no poderlos atender en su momento.
En dos de los tres casos citados, los efectos de la ejecución provisional van a ser irreparables. A La Realidad la nueva sentencia que reduce la indemnización un 90% ya no le servirá de nada. Para Prefesa, en el mejor de los casos, habrá perdido los 200 millones de pesetas que le han costado los cinco meses de paralización. En el caso de Jáuregui, la corresponsabilidad en el pago de Telemadrid, una emisora que se alimenta del erario público, reducirá el impacto. Pero en cualquier caso, en Cantabria ha resultado evidente que la ejecución provisional de sentencias puede tener efectos catastróficos. Basta recordar los más de 7.000 millones de pesetas que el Ministerio de Medio Ambiente podría haberle exigido anticipar a Sniace, si utiliza esta vía, tras ganar las demandas judiciales presentadas por la empresa de Torrelavega a propósito del canon de saneamiento.