‘El Gobierno no se deja ayudar’

Pregunta.– Suceder al frente de la Federación del Metal a un sindicalista histórico como Lito ¿añade más responsabilidad a la tarea que le espera?
Carlos Romero.– Más que añadir responsabilidad, a mí me produce una cierta sensación de vértigo estar al frente de una Federación en un momento como el que vivimos y sucediendo a Lito. Soy consciente de que la tentación de comparar forma parte de la condición humana, pero lo de Lito tiene un componente mucho más emocional que racional. Lo verdaderamente responsable para mí es estar al frente de esta Federación en este momento, con la crisis que estamos viviendo y con la situación externa que azuza al sindicalismo en general y a la UGT en particular.

P.– ¿Qué respuesta pueden dar los sindicatos a esta situación?
R.– La que intentamos dar en cualquier circunstancia de la vida y de la economía. Los sindicatos tenemos siempre la obligación de ofrecer propuestas y alternativas a la situación que se vive. Hay momentos en que los Gobiernos son más sensibles a esas propuestas, se producen acuerdos y eso nos ayuda a todos a salir de la crisis de forma conjunta. Lamentablemente, con este Gobierno no podemos tener esa experiencia porque niega cualquier posibilidad de diálogo, no solo con los partidos de la oposición, como lo demuestra las leyes que va aprobando en solitario, sino que también está al margen del diálogo social. El sindicato puede ayudar a salir de la crisis pero la otra parte tiene que dejarse ayudar y este Gobierno no se deja ayudar.

P.– El retroceso en la negociación colectiva, con la pérdida de la continuidad automática de los convenios que vencen, y el margen de discrecionalidad que se le ha otorgado al empresario a la hora de fijar las condiciones laborales ¿no limita seriamente el papel de los sindicatos?
R.– Sí, evidentemente. Primero, la actitud despótica de un Gobierno de no querer tener en cuenta otras opiniones más que las de su grupo parlamentario y, segundo, la legislación que va aprobando. Está claro que todas sus reformas en materia laboral van en la dirección de eliminar cualquier posibilidad de que los sindicatos podamos influir en la toma de decisiones. La reforma laboral es el mayor ejemplo de cómo un Gobierno puede interferir en el proceso de diálogo social de igual a igual entre empresarios y sindicatos, y está claro que desequilibra toda la relación en favor del empresario, al que le otorga la posibilidad de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo.

P.– El sindicalismo no pasa por su mejor momento: Recortes en los fondos públicos que recibían, limitaciones legales a su papel como interlocutores sociales, escándalos en la gestión interna y críticas crecientes. ¿Se sienten ustedes atacados?
R.– Sí. Creemos firmemente que estamos viviendo una campaña de desprestigio orquestada y organizada desde el punto de vista ideológico. La derecha más reaccionaria ha considerado siempre a los sindicatos como un estorbo para llevar adelante su política neoliberal; la derecha que representa este Gobierno considera que la participación de los sindicatos en el mercado laboral no les permite desequilibrarlo en favor de los empresarios. Saben que para que esa política neoliberal se pueda desarrollar necesitan que los sindicatos sean débiles y para ello utilizan todos los medios que tiene a su alcance, entre ellos muchos medios de comunicación que actúan como voceros del Gobierno y están participando de esa campaña de descrédito, orquestada, no cabe duda, con intereses políticos, y a la que en ocasiones nosotros mismos contribuimos con nuestros propios errores.

P.– Noticias como las que se derivan del caso de los EREs en Andalucía no ayudan a su imagen.
R.– Ahora estamos en la fase de instrucción de un procedimiento y habrá que dejar que la justicia actúe y se esclarezca realmente qué es lo que ha ocurrido. Cuando son personas vinculadas al Partido Popular las que aparecen imputadas en procesos de corrupción, todo el mundo reclama su presunción de inocencia pero con los sindicalistas, el simple hecho de ser sindicalistas les convierte ya prácticamente en culpables. Considerar a un sindicalista culpable de cualquier cosa de que se le acuse antes de haberlo juzgado forma parte también de esa campaña de descrédito.

P.– Cuando escucha cosas como que los salarios están subiendo en España moderadamente, tal y como afirmó el ministro Montoro en el Congreso ¿usted qué piensa?
R.– Pues me produce un cierto sentimiento de vergüenza ajena porque, o bien el ministro de Hacienda no conoce la realidad de nuestro país –y eso sería ya muy preocupante– o bien miente de manera descarada e intencionada. No sé cuál de las dos cosas es peor. Creo que es peor tener un ministro que no conozca cuál es la realidad de nuestro país que un ministro que pueda tener la tentación de mentir para sacar adelante sus alternativas. Creo que es peor el tonto que el atrevido.

P.– ¿Qué respuesta están dando los trabajadores a la crisis? ¿Aumenta la afiliación?
R.– A pesar de la situación de crisis que vivimos, de que los expedientes de regulación de empleo no cesan, de que se siguen aplicando modificaciones de las condiciones de trabajo que suponen una reducción neta del salario que perciben los trabajadores; a pesar de todo eso y a pesar de esta campaña de descrédito, la mejor noticia que tenemos es que sigue habiendo trabajadores que se afilian a los sindicatos. Es fácil entender que hay gente que pierde el empleo o a la que le reducen su salario y que no puede mantener la afiliación, porque hay que pagar una cuota. Pero, a pesar de eso, sigue habiendo gente que se afilia. Es verdad que en estos momentos el número de desafiliaciones es más alto que el de afiliaciones, pero hay que tener en cuenta el porcentaje de reducción de empleo que se ha producido en nuestros sectores, que es más del 30%, con un millón y medio de empleos perdidos en la construcción en estos cinco años y algo más de 400.000 en el metal. Si lo comparamos con la evolución que ha tenido la afiliación en este tiempo, en el que hemos perdido poco más del 8,5% de afiliación neta, es para estar más que satisfechos. Eso nos da ánimos para seguir trabajando.

P.– ¿Cómo afrontan los sindicatos el problema que plantea para la acción sindical el hecho de que un elevadísimo porcentaje de las empresas españolas sean pymes?
R.– El diseño que hizo el Gobierno con la reforma laboral, intentando atraer hacia los centros de trabajo la mayor parte de las decisiones que afectan a los trabajadores, nos obliga a estar más cerca de los centros de trabajo. En España, poco más del 4% de las empresas superan los 50 trabajadores, pero en las pocas grandes que hay la afiliación sindical es altísima, próxima al cien por cien. Donde tenemos más dificultades, obviamente, es en la pequeña empresa, y es ahí donde el Gobierno pretende centrar las relaciones laborales para intentar que nuestra escasa presencia facilite que las empresas puedan decidir unilateralmente. Frente a eso, los sindicatos nos tenemos que preparar y nosotros lo hemos hecho creando la figura del agente sindical. Tenemos que ser capaces de llegar a esos trabajadores de las pymes, que es donde se concentra el 96% de la población laboral, para orientarles en el día a día, donde el empresario tiene todo a su favor y el trabajador todo en su contra.

P.– ¿Qué valoración le merece la situación de los sectores del metal y de la construcción en Cantabria?
R.– Creo que lo primero a resaltar es que parece que la crisis llegó más tarde a las industrias de Cantabria que a las del resto del Estado, porque una parte son industrias tradicionales que llevan mucho tiempo asentadas y eso les ha permitido resistir mejor. Pero cuando la crisis es tan persistente como ésta y hay una ausencia tan notable de iniciativas por parte de los Gobiernos para favorecer el sector industrial, al final acaba afectando a todos y ahora estamos comprobando cómo empiezan a desaparecer grandes empresas en Cantabria.

P.– Como en la comarca del Besaya…
R.– Efectivamente. Era precisamente la comarca que presentaba unos índices de industrialización mayores y ahora vemos como está sufriendo las consecuencias. Lo que no es de recibo es que, frente a esa realidad tan dura, el Gobierno esté mirando para otro lado; no se puede despachar esta situación con un simple lamento de que las movilizaciones pueden ahuyentar a posibles inversores. Tanta gente que ha perdido el empleo, tanta gente que se está quedando sin prestaciones de desempleo no pueden tener como respuesta del Gobierno el que si sois buenos a lo mejor alguien viene e invierte aquí.
Creo que esa es la mayor demostración de la falta de iniciativas de este Gobierno de Cantabria y creo que es la peor noticia que se le puede dar a los industriales y a los trabajadores: Un Gobierno que no se preocupa por sus industrias sino que únicamente quiere mantener una aparente paz social para ver si alguien se atreve a venir a invertir en un sitio en el que todos somos ciudadanos dóciles. Creo que ese no es papel que le corresponde al Gobierno y, lamentablemente, parece que es su única iniciativa en materia industrial.

P.– ¿Los sindicatos deben movilizarse o tratar de mantener la paz social?
R.– Es difícil para nosotros mantener una línea razonable, porque si convocamos movilizaciones o huelgas enseguida los voceros del Gobierno nos acusan de hacerlo en el peor momento, de que una huelga no contribuye a salir de la crisis. Y cuando intentamos ser razonables en nuestros planteamientos hay sectores de la población que nos recriminan no ser más contundentes en la respuesta al Gobierno.
Es difícil encontrar el equilibrio en ese punto pero creo que la sociedad se está dando cuenta de que las medidas que está tomando este Gobierno no están ayudando a salir de la crisis y el clamor es cada vez mayor. Nosotros tenemos que recoger ese clamor y ser capaces de canalizarlo. Está claro que el camino para expresar ese descontento que cada vez es más patente en la sociedad es a través de la movilización. Afortunadamente, la ciudadanía se da cuenta de que un Gobierno como el de Ignacio Diego o como el de el señor Rajoy es la peor alternativa que tenemos para poder salir de la crisis.