El pozo de los excavadores

Si alguna duda cabía sobre la profundidad de la crisis abierta por la caída de la edificación, los excavadores cántabros han encendido todas las alarmas. El descenso de su actividad en un 60% en tan sólo un año genera una enorme inquietud y se traduce ya en máquinas paradas, inversiones en peligro y una pérdida de empleo que ronda el 15%, según la patronal del sector, Aexca.
La dureza con que la crisis del ladrillo ha llegado a los excavadores es fácilmente entendible ya que sus máquinas son las primeras en entrar en las obras y, muchas veces, las últimas en salir. La estrategia de esperar y ver que han adoptado muchos promotores antes de hacer efectivas las nuevas licencias de construcción y la ralentización de las obras con que han respondido otros a la desaceleración de las ventas han hecho mella en el movimiento de tierras, como lo harán, antes o después, en todos los oficios vinculados a la construcción.
La situación actual contrasta con la vitalidad de la excavación hace solo un año, cuando algunas obras públicas avanzaban a tres turnos al día para poder concluirlas antes de las elecciones y las privadas se ejecutaban a velocidad de crucero. En el último gran viaducto de la Autovía de la Meseta, el de Montabliz, llegaron a acumularse tantas máquinas como técnicamente era posible. No hubiese cabido una más.
El largo ciclo de expansión inmobiliario había provocado una enorme confianza en el sector, que se tradujo en compras masivas de maquinaria. En muy poco tiempo, el parque regional de pequeñas excavadoras (las que se conocen como minis) había aumentado en un 30% y entre un 10 y un 15% el de retroexcavadoras de neumáticos y de orugas, pero incluso así parecían insuficientes. Hoy, de cada dos máquinas, una está parada.

A la espera de la obra pública

Para su consuelo, los excavadores están a medio camino entre la obra pública y la privada, lo que les debía garantizar una cierta salvaguarda pero el declive de la vivienda residencial no se ha visto compensado por un mayor dinamismo en los contratos de las Administraciones, sino todo lo contrario. Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras de Ambito Nacional, sostiene que en Cantabria la licitación oficial cayó en 2007 un 72%, si bien esta patronal se refiere exclusivamente a las obras que en las que participan sus afiliadas, las grandes constructoras del país.
Aexca también se queja de una ralentización de la obra pública en ejecución tanto en los trabajos de Fomento –la Ronda de la Bahía o la autopista entre Solares y Torrelavega–, como en los anunciados por el Gobierno regional, entre ellos la variante de Santillana o la mejora de Piedrasluengas. Recortes presupuestarios, en un caso, o demoras impuestas por los informes medioambientales, en otro, pueden explicar la lentitud de unas obras que llevan camino de convertirse en el único refugio para muchas empresas.
Consciente del papel que puede jugar la obra pública para paliar la caída de actividad del sector de la excavación, que agrupa en Cantabria a unas 120 empresas –el 80% integradas en Aexca– y a más 2.000 trabajadores, el Gobierno regional ha puesto en marcha un plan de choque anticipando las actuaciones en carreteras autonómicas. Esta iniciativa de la Consejería de Obras Públicas incluye veinte proyectos que supondrán una inversión extrapresupuestaria de 63 millones de euros, cuya financiación se ha pactado con entidades bancarias. Los excavadores dan la bienvenida a esa medida pero son conscientes de que, en el mejor de los casos, las obras no podrán licitarse hasta finales de año y su efecto en sus cuentas no se notará hasta el 2009. Hasta entonces, les quedan por delante unos meses muy duros, en los que seguirán teniendo que pagar las cuotas del leasing o las letras de las máquinas que han adquirido y que corren el peligro de no poder amortizar. Aún no se ha alejado demasiado el fantasma de 1991, cuando el Gobierno de Hormaechea paralizó bruscamente los pagos a las empresas adjudicatarias de las obras, por insolvencia económica, y dejó pudrirse al borde de las carreteras docenas de máquinas que los constructores y excavadores habían adquirido apresuradamente para hacer frente a la ingente demanda de trabajo de los años previos.
En esta ocasión no va a fallar la demanda regional, ni se van a producir problemas de pagos en la obra pública, pero no cabe esperar nada de la obra local, dado que los ayuntamientos, incluido el de Santander, atraviesan una situación crítica, sin capacidad financiera para abordar ninguna obra de relieve por su cuenta.

A vueltas con la demora en los pagos

La situación de los excavadores, que por lo general viven de la subcontratación, se ve agravada por un problema endémico, la demora en los pagos por parte de la empresa contratista. En la mayoría de los casos se ven forzados a admitir el cobro a 180 días. Un plazo tan dilatado no solo supone una pérdida de valor real de la cantidad a cobrar, por el efecto de la inflación, sino que da lugar a una enorme acumulación del riesgo. El excavador durante ese tiempo ha seguido trabajando para la adjudicataria de la obra y cuando –como en el caso de SEOP o Urazca, en suspensión de pagos– descubre que ésta no le pagará, la deuda acumulada es tan importante que puede acabar con su propia empresa.
Para los excavadores, la mejor manera de evitar ese abuso es que los gobiernos, en las obras que licitan, se interese por los plazos de pago a la cadena de subcontratistas, haciendo valer la Ley de Contratos de la Administración pública, según la cual el subcontratista debe cobrar en el mismo plazo que lo hace la empresa adjudicataria de la obra.
Claro que de nada serviría esta vigilancia mientras se den prácticas tan extendidas como la de los contratos maquillados, en los que en el precio pactado con el subcontratista se incluyen, de manera aparente pero no real, los intereses de demora por ese aplazamiento de cobros. El propio sector es consciente de que, sin la colaboración de los afectados, es muy difícil corregir los abusos de las empresas contratistas. “Decirle a un asociado que denuncie las cláusulas leoninas que pueda imponerle el contratista es pedirle que se suicide –reconoce el presidente de Aexca, Antonio García Rivero– pero los empresarios tienen que asumir un riesgo si realmente quieren cambiar la situación, y deben colaborar con la Administración aportando información real si se les pide”. Una llamada al compromiso que choca con la dura realidad del día a día, la lucha por conseguir cartera de trabajo.