Inventario

El pisotón de Madrid

El hecho de que una región reduzca sus impuestos causa efectos negativos inmediatos sobre las colindantes. Es lo que llama competencia fiscal y que la Unión Europea trata de evitar con todas sus fuerzas, para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. En España no solo caminamos en la dirección contraria, sino que, a esta estrategia diferenciadora de las autonomías se suman ahora las aperturas dominicales.
La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, siempre dispuesta a hacerse notar, ha decidido que las tiendas de su región puedan abrir nada menos que 22 domingos o festivos al año. Con ello pretende crear un turismo de compras, que llegará a Madrid el fin de semana, recorrerá los comercios, dejará el dinero y se irá.
La iniciativa puede ser buena para sus intereses, pero crea un problema para otra comunidades, porque, obviamente, no serán los extranjeros los que se movilicen, sino los castellanos, los riojanos, los extremeños o los cántabros. Sí, habrá cántabros que tomarán los vuelos baratos de Ryanair para comprar durante el fin de semana en los outlets de las oportunidades o en los comercios más caros de Serrano y dejarán su dinero en Madrid, no en Santander ni en Torrelavega.
La posibilidad de reaccionar a la inversa es muy relativa, porque aunque el Gobierno cántabro decidiese pasar de los ocho domingos de apertura que ahora autoriza –el mínimo que acepta la ley– a los 22 de Madrid difícilmente conseguiría trasladar al exterior la imagen de ser una región ideal para hacer compras. Es una cuestión de tamaño.
Afortunadamente para Cantabria, en el País Vasco no es posible abrir los domingos y no porque la ley lo impida, sino porque lo imposibilitan los convenios de las grandes superficies con los sindicatos. Sólo pueden hacerlo –y ocho domingos al año– los almacenes de muebles, bricolage o de artículos deportivos. De lo contrario, ya hubiésemos comprobado en nuestras carnes la fuga de buena parte de la capacidad de compra de los cántabros hacia Bilbao, como ya ocurre con Ikea.
El liberalismo de Aguirre probablemente sea bueno para ella y para las grandes superficies de su comunidad, pero es un mal negocio para todos los demás, porque no se basa en una mejora intrínseca de la productividad de sus comerciantes, sino en dar un pisotón legal al resto y eso, en el fondo, es intervencionismo, exactamente lo contrario de lo que pregona. Pero lo peor no es la filosofía, sino su significado: un paso más en la ruptura de un mercado interno que se llena de pequeñas trampas, algo a lo que el PP, firme defensor del unitarismo no debería contribuir tan alegremente.

El derecho a opinar

Son pocos los dirigentes políticos que eluden la tentación de repartir las velas en los entierros y Revilla no ha podido evitarlo. Ya ha decidido quién puede y quién no puede opinar sobre la alta velocidad y ha sentenciado que el presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, no pinta nada en este cortejo. Y todo por haber manifestado que hay que centrar las energías en la línea con Madrid. Revilla, en una reacción absolutamente desproporcionada e impropia de él, ha arremetido contra Piñeiro (quizá por la proximidad familiar con el ex alcalde) y, después de calificar de insensateces las reflexiones del discurso anual que hace el presidente de la Cámara ante los empresarios cada Navidad, ha sentenciado que su cargo al frente de la Cámara no tiene certificado de nacimiento democrático.
Lo tenga –que lo tiene– o no lo tenga, nadie puede impedir que el presidente de la Cámara opine y mucho más cuando las reflexiones que realizó eran mesuradas, respetuosas y ampliamente compartibles. Pero aunque no lo fuesen, Modesto Piñeiro seguiría teniendo el derecho de dar a conocer los puntos de vista de la institución que preside y los demás seguiríamos teniendo el derecho a discrepar, si no estamos de acuerdo.
Se está transmitiendo a la población un sentido tan restrictivo de la democracia que se han creado muchos equívocos. Por ejemplo, el de que en España no se pueda ser o hacer manifestaciones en favor del republicanismo por el hecho de que estemos en un régimen monárquico. La Constitución ampara a sus críticos tanto o más que a los convencidos, entre otras cosas porque deja las puertas abiertas para ser reformada.
Dentro de ese batiburrillo de conceptos mal entendidos, se está creando la falsa idea de que sólo los políticos profesionales pueden opinar de todo y en parte ha sido creada por los medios de comunicación, que hemos desmesurado el papel de los partidos y hemos dejado a la sociedad civil para la sección de sucesos y poco más.
Pues no. La Cámara no sólo tiene el derecho a opinar, sino que es bueno que opine, como es bueno que lo hagan también los sindicatos, que antes se pronunciaban ante cualquier circunstancia social y ahora callan sospechosamente en todo aquello que no se refiera al reparto de fondos; como deberían opinar más frecuentemente los profesores de la Universidad –también tan sospechosamente callados–; las Hermanitas de los Pobres o el Colectivo contra la Tauromaquia, porque así tendríamos una visión tan poliédrica de la vida como realmente es. Porque reconozcámoslo, la vida de los ciudadanos tiene muy poco que ver con lo que sale en los periódicos o con las apocalipsis radiofónicas. Aunque la mayoría de la población se deje llevar por las polémicas que crean la clase política y la periodística para el consumo general y acabe por asumirlas como si fueran sus propios problemas, su cotidianidad es otra.
Por mucho que la gente polemice sobre el AVE y su urgencia, lo probable es que, si tuviese que optar, una mayoría de los santanderinos preferiría tener ahora un metrotren que atravesase cada pocos minutos la ciudad desde Valdenoja hasta El Astillero, pasando por todos los centros comerciales, a disponer dentro de diez años del AVE a Madrid que usaría muy de tarde en tarde y tendría un coste de construcción cien veces mayor.
Pero esa realidad no saldrá nunca de la boca de un político, que, por su propia supervivencia, evitará decir en público lo que opina del AVE en privado; ni saldrá en los medios de comunicación que, por pereza mental o también por instinto de conservación, preferimos reflejar lo que hacen o dicen los políticos a tener opinión propia.
Una sociedad muda. Eso es lo que somos o en lo que hemos aceptado convertirnos. Es cierto que aparecen cartas en los periódicos, pero buena parte de ellas son falsas, ¡como lo oyen!, fabricadas en los gabinetes de los partidos que luego buscan un firmante. También se multiplican los foros de Internet, pero las opiniones realizadas de una forma anónima nunca debieran merecer el crédito de nadie, porque sólo son otro síntoma de ese ocultamiento de la sociedad civil y crean una relación con la política enfermiza y propensa a la calumnia.
Afortunadamente, no parece fácil que el presidente de la Cámara de Comercio se intimide para volver a decir el año que viene lo que crea conveniente, como tienen todo el derecho a hacerlo los constructores, los empresarios del metal o los encajeros de bolillos. Lo que digan, más o menos afortunado, más o menos interesante, nos enriquecerá bastante más que los peloteos de declaraciones, réplicas y contrarréplicas que se cruzan los partidos para repetir por enésima vez lo que ya les hemos escuchado hasta la saciedad.

Extractos del discurso de Piñeiro

n Tenemos que congratularnos al ver que obras largamente demandadas han comenzado su ejecución, como la Ronda de la Bahía y la Autovía Solares-Torrelavega.

n No tenemos mucha información sobre la “alternativa” del AVE Santander-Bilbao que ha resurgido ahora. ¿Es sólo una línea de pasajeros o una línea mixta? Porque no creemos conveniente que las mercancías lleguen a nuestro puerto pasando primero por el de Bilbao. Desde la Cámara apostamos, desde luego, por el AVE Santander-Madrid.

n Cantabria ha crecido entre 2000 y 2006 más que la media nacional, colocándose en el sexto puesto interregional. En 2007 ha crecido como la media española, un 3,7% aproximadamente, porque la construcción ha perdido el vigor que mantenía.

n Para el 2008, los expertos no esperan un comportamiento diferente al del resto de la economía española. Sin embargo, esa opinión difiere con la de nuestros empresarios, ya que las encuestas revelan unas perspectivas bastante más pesimistas que para el conjunto nacional.

n No acaba de evidenciarse un ajuste entre la oferta formativa y la demanda de profesionales cualificados. Hay que lograr una continua adaptación de la formación, como elemento ligado a la competitividad. (…) La empresa debe ser un agente más del aprendizaje, ¿Pero está nuestra empresa capacitada para asumir compromisos en el desarrollo de habilidades y competencias básicas mediante prácticas?

n La innovación no es un fin en sí mismo, que es a veces lo que parece que se persigue. (…) En 2005 el gasto interno de Cantabria en I+D era del 0,47% del PIB, el tercero más bajo de España e inferior al que teníamos en 1995. Los resultados de 2006 muestran un ilusionante 0,8%, superando el indicador de Extremadura, Canarias y Murcia (…) Pero más de dos tercios del gasto en I+D en Cantabria lo hace la Administración pública (…) Sería un gran error basar el modelo cántabro en el sector público. En EE UU, Suecia, Finlandia, Alemania, incluso en España es el sector privado el que tira de la I+D.

n El Puerto de Santander, verdadero motor de la economía regional, se encuentra en unos niveles de tráfico muy importantes. Pero hay que comenzar a desarrollar la ZAL en los antiguos terrenos de CAMPSA.

n Es vital tener un Plan de Ordenación del Territorio, porque se está entendiendo el urbanismo de Cantabria como la suma de 102 planes, sin visión de conjunto.